Puntos claves
Eventos relacionados con el contagio del Covid-19
-La directora de la Organización Panamericana de la Salud insta a seguir redoblando esfuerzos en la contención del virus y apeló a la unidad regional para derrotarlo; dado que más de la mitad de los nuevos casos reportados a nivel mundial están en América Latina y los casos aumentan específicamente en países como Brasil, Colombia, Chile, Perú y México, por lo que América Central y del Sur se han convertido en la zona más intensa de transmisión del COVID-19 en el mundo y aún no se ha llegado al pico de la pandemia.
El departamento del Amazonas continúa teniendo la mayor cantidad de contagiados por millón de habitantes, la tasa de letalidad supera 63 veces la media nacional. El Consorcio MIRE en coordinación con La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) realizaron una misión de evaluación de necesidades a este departamento del 23 de mayo al 2 de junio, y verificaron la situación y necesidades de 15.830 personas pertenecientes a múltiples comunidades indígenas.
-La Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC- emitió Alerta por la inminente amenaza de la pandemia de Covid-19 en la Amazonia y su impacto en los pueblos indígenas, lo que es una amenaza a su supervivencia. La ONIC ha reportado a nivel nacional que hay 582 indígenas contagiados, 21 fallecidos. Son 31 pueblos afectados, 193 resguardos en riesgo.
-Continúa la preocupación en relación con la situación que se viene presentando en las cárceles del país a causa de la emergencia sanitaria del Covid-19. Dado que el decreto de excarcelación emitido en el mes de abril “no ha dado los resultados esperados”, la Ministra de Justicia señaló que evalúan medidas alternativas para lograr descongestionar las cárceles del país, dado que al 25 de mayo se habían reportado 1.297 casos confirmados de Covid-19 en las cárceles; de esos casos 4 personas habían fallecido. En el centro penitenciario de Villavicencio hay 877 casos; en Leticia 143, en Picaleña 24; en la URI Bogotá 78, en Florencia 8 casos; en la Picota en Bogotá 5; en la cárcel de Cartagena, 155; en Santa Martha, 2 y en Guaduas y Barranquilla 1 caso en cada cárcel (Datos Fundación Lazos de Dignidad).
–El Proceso de Comunidades Negras emitió su informe de DDHH del pasado mes, donde informa del estado de los derechos colectivos en las comunidades negras y la profundización de la crisis humanitaria en el marco del Covid-19. En Cartagena, Tumaco, Barranquilla, Cali y Buenaventura, donde habitan una tercera parte de los afrodescendientes de Colombia, el coronavirus está fuera de control y cuentan con una capacidad reducida en respuesta hospitalaria. Aunque apenas equivalen al 10,2 % de la población, concentran el 30,1 % de todos los casos positivos de COVID-19 y cuatro de cada diez muertes del país ocurren en alguna de estas ciudades.
-La baja capacidad del sistema de salud de salud colombiano para realizar pruebas de COVID-19 (tanto las pruebas rápidas, como la prueba confirmatoria “RT-CPR”), y obtener los resultados prontamente, tiene al país en un nivel de subregistro muy alto. En general la misma situación afronta Latinoamérica y el ocultamiento de casos nos pueden estar llevando a una situación aún más preocupante que la actual.
Eventos relacionados con violaciones de d.d.h.h. e intensificación de problemas sociales
–La Pastoral Social Regional Suroriente Colombiano emitió el informe de asesinatos a líderes sociales y excombatientes, en relación con esto y como el llamado a la sociedad de salir de la indiferencia frente a estos crímenes se pronunció el director del SNPS/CC, Monseñor Héctor Fabio Henao. A nivel nacional se refieren los datos señalados esta semana por el Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (SIADDHH), que indica que durante 2020 se han registrado 115 amenazas y 47 asesinatos contra defensores de DD.HH.
-OCHA alertó que en los primeros cuatro meses de 2020 crecieron un 5 % los desplazamientos forzados, de los cuales más de la mitad (57 %) fueron masivos.
-Organizaciones sociales y activistas insisten en la importancia de aplicar un enfoque diferencial en medio de esta crisis para atender a personas que ejercen el trabajo sexual, habitantes de calle y personas que viven con VIH.
-La Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC) interpuso una tutela al Gobierno Nacional solicitando la adopción de un plan concertado y con enfoque diferencial frente a la emergencia causada por el COVID 19 respecto a los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana.
-Diversas organizaciones firmaron la “Declaración de las organizaciones sociales en torno a la situación actual y sus evidentes consecuencias”. La declaración da a conocer las eventuales consecuencias que podría tener el manejo de la crisis sanitaria entre las organizaciones sociales, así como exponer propuestas y exigencias al Gobierno nacional para que sean tenidas en cuenta dentro de las políticas que surgen de la crisis.
-La Comisión de Conciliación Nacional (CCN) resalta en su último informe varias situaciones preocupantes que requieren nuestra atención: primero el aumento en las cifras de reclutamiento, utilización y asesinatos a menores de edad por parte de grupos armados ilegales, segundo, las complicaciones que se han presentado para la implementación del Acuerdo de Paz en medio de la crisis generada por el nuevo coronavirus, ocasionando consecuencias negativas no solo para los excombatientes sino también para las comunidades; tercero, la intensificación de acciones relacionadas con el conflicto armado en diferentes regiones del pacífico durante la pandemia, así como frente a los preocupantes niveles de pobreza y precarias condiciones para la atención en salud, y cuarto, el complejo panorama que se presenta actualmente con la guerrilla del ELN y el impacto de esto en la vida de las personas que están en las zonas más marginadas del país.
-El Congreso de la República le pidió al Gobierno Nacional presentar un informe explicando la naturaleza, objetivo y condiciones de la presencia militar extranjera en el país, esto dada la llegada de militares de EEUU a Colombia, dado que el Legislativo informó, que no ha dado permiso de tránsito de tropas extranjeras en el territorio.
-Continúan por parte del Ejército Nacional de Colombia los operativos de Erradicación Forzada en el país, y por ello continúan las denuncias de organizaciones y comunidades en relación con este tema. En los territorios se han denunciado por parte de las comunidades el asesinato de por lo menos 5 campesinos y varios lesionados adscritos al programa de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito; estos lamentables hechos se han presentado en Nordeste de Antioquia; en zona del Catatumbo; en Caquetá; Nariño, Córdoba, Putumayo y Cauca.
Durante esta semana se reportaron hechos similares en Vistahermosa, Meta y en Anorí, Antioquia. La Defensoría del Pueblo se pronunció al respecto, resaltando que las operaciones de erradicación deben garantizar los derechos humanos, prevenir las confrontaciones y asegurar condiciones de vida digna para la población campesina. En línea con este tema de cultivos de uso ilícito, se resalta el pronunciamiento del Juez Segundo Administrativo de Pasto, quien le dio la razón a varios campesinos que habían presentado una tutela en contra de la Autoridad Nacional de licencias Ambientales ANLA y la Policía Nacional, para que no se continúe con las sesiones informativas o audiencias virtuales acerca de las aspersiones aéreas con glifosato del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aéreo.
-Se sugiere que para las intervenciones en los territorios se tenga en cuenta el reporte de OCHA, el último informe es del pasado 3 de junio, en el señalan nuevamente como está la situación en el país, e indica pormenorizadamente las necesidades y acciones humanitarias en salud, seguridad alimentaria, nutrición y medios de vida; como de protección; agua; saneamiento e higiene; educación; logística y coordinación que se requieren en varias regiones de Colombia.
Eventos relacionados con población migrante y refugiada:
–El pasado 29 de mayo se registró un grave hecho de violación de derechos de la población migrante venezolana en el municipio de Mosquera, la Policía detuvo masivamente a un grupo de personas que se encontraban en el espacio público, los trasladaron a la estación de Policía y amenazaron con deportarlos pidiéndoles el Permiso Especial de Permanencia (PEP) vigente. Además de poner en riesgo las condiciones de salud de las personas detenidas, hacinándolos en la estación de policía, se puso en riesgo la unidad familiar desarrollando esta acción contraria a lo que legalmente en Colombia se ha establecido sobre las detenciones.
Ante las denuncias presentadas contra la Alcaldía de Mosquera, la Secretaría de Gobierno del municipio, Migración Colombia y la Fuerza Pública; Juan Francisco Ospina, director de Migración Colombia rechazó los hechos y aclaró que si bien se solicitó apoyo del organismo migratorio para una jornada de verificación, se retiraron del procedimiento dadas las irregularidades, se solicitó a las autoridades locales seguir los procedimientos establecidos para las jornadas de verificación que buscan proteger la integridad y la salud pública, más no criminalizar o sancionar.
-Continúan los retornos masivos de población migrante venezolana hacia su país y los represamientos masivos en puntos fronterizos. El 2 de junio, el alcalde del municipio de Villa del Rosario en Norte de Santander pidió públicamente que no se enviaran más buses hacia el Puente Internacional Simón Bolívar. La llegada de familias que buscan cruzar hacia el vecino país ha supuesto una crisis sanitaria y de salud pública que pone en riesgo su seguridad, al encontrarse más de mil personas en un mismo punto sin las condiciones de bioseguridad para prevenir el contagio del coronavirus.
-En Bogotá, se mantiene el campamento instalado hace más de ocho días en la autopista norte con calle 195, en el que más de 395 personas (incluidos niños, niñas, adolescentes y adultos mayores) se encuentran en condiciones precarias a la intemperie esperando obtener los permisos por parte de la Alcaldía de Bogotá y Migración Colombia para poder dirigirse hacia algún punto fronterizo en autobuses. No cuentan con condiciones de saneamiento, alimentación adecuada ni elementos de bioseguridad.
-Migración Colombia expresó durante esta semana que el aumento de represamientos presentados en Norte de Santander y en Bogotá se debe a las limitaciones que las autoridades colombianas han tenido para facilitar los retornos dadas las disposiciones del gobierno de Venezuela. El gobierno del país vecino ha restringido los ingresos a 80 personas al día, por lo cual desde Migración Colombia se está buscando evitar represamientos en los puntos fronterizos.
-En el terminal de Ipiales, se registró un represamiento de más de 300 caminantes venezolanos en el que han llegado desde Perú y Ecuador, solicitan apoyo de las autoridades para poder emprender su viaje de retorno hacia Venezuela, luego de haber cruzado por trochas y haber vivido distintos riesgos en estos pasos irregulares.
Acciones que requieren visibilización:
-En medio del represamiento en el Puente Internacional Simón Bolívar, el Instituto Departamental de Salud está realizando un cerco epidemiológico en el que toma temperatura y presta atención a menores de edad y mujeres gestantes, la OPS y diferentes organizaciones se encuentran prestando ayuda humanitaria, atención psicosocial y atención en salud.
-En Bogotá, las autoridades locales desde la Secretaría Distrital de Integración Social se han articulado con miembros del GIFMM para hacer frente a la crisis que experimenta la población migrante y refugiada de la capital a causa de las medidas de aislamiento para prevención del Covid-19; las transferencias monetarias han sido la principal modalidad de atención a esta emergencia. Así mismo, se ha activado un centro de alojamiento transitorio y a través del Centro Integral de Ayuda al Migrante (CIAM) se ha activado la identificación de alojamientos transitorios de la OIM, ACNUR y la Cruz Roja. El CIAM se encuentra prestando atención de lunes a sábado de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. y las 16 subdirecciones de la SDIS están prestando servicios a población migrante y refugiada. Se espera que el CIAM pueda convertirse a largo plazo en un Centro Distrital de Referencia para la Estabilización del Migrante y Refugiado.
-El Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) continúa dando respuesta en articulación con las autoridades locales en diferentes departamentos del país (Antioquia, Arauca, Bogotá y región, Cesar, Costa Caribe, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Santander, Valle del Cauca). Entre las principales respuestas se resaltan la entrega de kits alimentarios y de higiene, jornadas de salud, acompañamiento en implementación de medidas de bioseguridad en albergues, acompañamiento a procesos productivos y de emprendimiento (teniendo en cuenta las medidas necesarias para prevención del contagio), adecuación de hospitales, atención psicosocial, atención a VBG y mujeres gestantes, acompañamiento a necesidades de educación de niños, niñas y adolescentes, entregas de equipos de bioseguridad a caminantes, transferencias monetarias, atención y orientación a través de vías telefónicas, instalación de unidades sanitarias, activación de alojamientos temporales y activación de rutas de protección.
-Durante la primera semana de junio del 1 al 5 el Ministerio de Salud, mediante el PODCAST «Al día Minsalud», recomiendan el distanciamiento social y el uso de tapabocas como un nuevo habito que se incorpora a la cotidianidad. Promover la resiliencia (el cuidado a partir de los propios recursos), el autocuidado (monitoreo de la salud) y la capacidad de afrontamiento (regulación de impulsos) son claves para avanzar ante esta situación adversa. El podcast puede encontrarse en: https://www.minsalud.gov.co/Lists/Video%20y%20Audio/Attachments/1308/03-06-2020-aldia-man%CC%83ana-podcast.mp3
-El Secretario General de la ONU publicó el 3 de junio el documento Observaciones sobre el Covid-19 y las personas en movimiento. En el se identifican los principales problemas a los que se enfrenta la población refugiada, migrante y desplazados internos en tiempos de la pandemia; entre ellos se encuentran: 1) la exposición al contagio al estar en condiciones de hacinamiento o no contar con los servicios básicos de agua y saneamiento, 2) los impactos socioeconómicos de las medidas de aislamiento y 3) los riesgos de protección. Así mismo, indica que la emergencia ha incrementado la xenofobia, el racismo y la discriminación. Con todo esto plantea las posibilidades que la crisis deja para re-pensar la movilidad humana en términos de inclusión, defensa de la dignidad humana y la necesidad de que la vacuna contra el Covid-19 sea pública y universal.
