Puntos claves

-Frente a manifestaciones y movilizaciones de los indígenas y otros sectores de la población ocurridas durante el mes de octubre, los obispos de Colombia hicieron un llamado a las autoridades gubernamentales, las instituciones públicas y privadas, y, en general, a todo el pueblo colombiano, para que se promueva un “auténtico diálogo social” entre las partes, resaltando que el querer de estas acciones es buscar caminos en la defensa de la vida, del territorio y la paz.

-El 4 de octubre la Santa Sede presentó oficialmente la encíclica ‘Fratelli Tutti’ (’Hermanos todos’), la tercera del pontificado del Papa Francisco, donde propone un programa de vida para quienes quieren aportar a la construcción de un mundo más justo y fraterno desde lo cotidiano, la política y las instituciones. En la encíclica, subtitulada “sobre la fraternidad y la amistad social”, el prelado explicó que este documento no es ajeno a tocar los desafíos que plantea la pandemia, recordó que el Papa denuncia que con “la pandemia se evidenció la incapacidad de actuar conjuntamente” y espera que aprendamos de ella para alcanzar más “fraternidad“.

-Durante este mes se desarrolló la Minga por la Vida, el Territorio, la Democracia y la Paz, esta iniciativa aglutino a pueblos indígenas, afros, comunidades, organizaciones y distintos sectores quienes se sumaron a la exigencia de una mesa de diálogo con el presidente del país, no obstante, Iván Duque no acudió al llamado de diálogo por lo que las autoridades ancestrales emitieron sentencia ordenando entre otras cosas, declarar al Gobierno Nacional en cabeza del Presidente de la República Iván Duque Márquez,  responsable de vulnerar los Derechos Ancestrales Milenarios y Fundamentales Constitucionales de los Pueblos Indígenas, Afrodescendientes, Campesinos, los sectores sociales rurales y urbano-populares y sindicales de la Minga Nacional. La Minga concluyo y volvió al territorio el 21 de octubre entregando de manera simbólica la plaza de Bolívar de Bogotá a los convocantes Paro Nacional, que tiene como ejes el rechazo a las masacres, asesinatos sistemáticos de líderes y lideresas sociales, la represión policial e incumplimiento al acuerdo de paz.

-La reactivación de la economía en Colombia ha disminuido el fenómeno de retornos voluntarios de población migrante hacia Venezuela, que se venía presentando durante todo el periodo de la emergencia sanitaria por el Covid-19. El director de Migración Colombia informó que desde marzo hasta la tercera semana de octubre, se contabilizaron 116.000 personas que regresaron a su país de origen a través de los operativos coordinados por esta autoridad migratoria en articulación con los gobiernos locales.

-Desde el mes de julio se observa un ingreso bastante significativo de ciudadanos procedentes de Venezuela hacia el interior del país. El Secretario de Fronteras y Cooperación Internacional, Víctor Bautista, afirmó que se ha podido evidenciar que algunos retornados que llegaron a Venezuela están tomando la decisión por la reactivación económica en Colombia de volver hacia el interior, así  mismo señaló que se ha identificado un flujo de migrantes pendulares que están haciendo compras humanitarias y abastecimiento, todo esto por cruces irregulares debido al cierre de frontera, lo cual implica la urgencia de una respuesta interinstitucional coordinada al respecto.

-El viernes 9 de octubre se posesionó oficialmente el nuevo Gerente de Fronteras, Lucas Gómez, en un acto liderado por el presidente Iván Duque en Barrancabermeja. Entre los principales compromisos del recién nombrado funcionario, se encuentra la visita a Norte de Santander para tener un primer acercamiento con las autoridades departamentales y locales para planear una respuesta a la eventual reapertura de la frontera con Venezuela en este punto.

-El martes 27 de octubre fue aprobado en segundo debate en el Senado de la República el Proyecto de Ley de Política Integral Migratoria (Ley 036 de 2019). Desde el SNPS-CC continuamos participando en espacios de discusión y de incidencia junto con otras organizaciones para posicionar la propuesta del Decálogo para una Ley Migratoria en Colombia sustentada en un enfoque de derechos y en la participación de distintos actores a nivel nacional y local.

-La Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL- realizó el lanzamiento de su Informe Especial Covid-19, N°8: Pactos sociales para la igualdad y desarrollo sostenible. Entre otros asuntos resaltan cinco grandes desafíos políticos que se debe valorar: 1) la peor crisis por sus efectos y consecuencias, 2) el rol de Estado, 3) el desempeño de los gobiernos, 4) la transición hacia la recuperación de la crisis y 5) la solidaridad regional e internacional.

-Continúan las voces y votos de personas, organizaciones, corporaciones públicas e instituciones que se suscriben al Pacto por la Vida y la Paz, Pacto que se lanzó en septiembre, esta propuesta que nace desde el Pacifico y el suroccidente del país y que aglutina a más de 140 organizaciones sociales, étnicas y eclesiásticas, impulsan la salida negociada al conflicto con todos los grupos armados, para que el país se una alrededor del diálogo y el respeto a la vida. Son 13 mandatos que rodean el pacto, entre ellos, implementar el acuerdo de paz, suscribir acuerdos humanitarios territoriales, retomar los diálogos con el ELN y construir un plan anticorrupción. 

Perspectiva general

A.  Hechos de contexto

Eventos relacionados con el contagio de Covid-19:

-La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios –OCHA- reportó es su informe del 15 de octubre, que la tasa de letalidad por Covid-19 se mantiene en el país en 3.2% y que los casos activos por cada 100.000 habitantes se están focalizando en Bogotá y en los departamentos de: San Andrés y Providencia, Huila, Caquetá, Casanare, Antioquia, Guaviare y en porcentajes iguales Santander, Caldas, Risaralda y Quindío.  El mayor porcentaje de personas hospitalizadas y en Unidades de Cuidados Intensivos sobre casos activos se encuentran en: Buenaventura (80%), Putumayo (69.2%), Chocó (62.1%), Magdalena (60%) y Córdoba (58.1%).

-La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) en su boletín de sistema de monitoreo territorial (SMT) indica que a corte del 26 de octubre hay 72 pueblos indígenas afectados por la pandemia, 33.656 casos de indígenas contagiados y 1.177 personas han fallecido.

-El panorama para la población privada de la libertad continúa siendo complejo sobre todo por los índices de hacinamientos en las prisiones, de las 132 penitenciarías del país, 60 aún tienen casos activos del virus. Las que registran una mayor cantidad de casos de Covid-19 es el Centro Penitenciario Acacias, en el departamento del Meta, con 166 casos. Le sigue Pitalito (Huila), con 107 casos; la cárcel de Florencia (Caquetá), registrando 95; Pereira (Risaralda), con 81; y la cárcel Nueva Esperanza de San Andrés, que últimamente alertó de 68 casos positivos.

-La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), publico su Informe de situación N° 01 sobre el Impacto humanitario por la COVID-19 en la triple frontera en Amazonas (Colombia, Brasil, Perú). El Covid-19 está teniendo un impacto devastador en la Amazonia, con una tasa de mortalidad de 29 muertes por cada 100.000 habitantes en Colombia. Leticia, la capital del departamento del Amazonas tiene una tasa de letalidad de 234 muertes por cada 100.000 habitantes; en el Departamento del Amazonas a corte del 02 de octubre se habían reportado 2.744 casos confirmados de Covid-19, presentando una tasa de letalidad del 4,2 por ciento y siendo la más alta del país (la media nacional es de 3,2%).

-Al 5 de octubre se habían registrado las siguientes cifras en la región Panamazónica, resaltando que los países que tenían el mayor número de personas contagiadas y fallecidas por este motivo estaban en Brasil, Perú y Bolivia; no obstante, Colombia tiene aproximadamente el 3% de los eventos y por dos meses seguidos fue uno de los países con mayor incremento proporcional de casos y muertes en la región. De los 9 países que componen la Panamazonia se señala según la Red Eclesial Panamazonica –REPAM- y la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica –COICA-, con corte al 27 de octubre 238 pueblos/nacionalidades indígenas se han afectado por Covid-19, lo que suma unas 72.943 personas de población indígena contagiada, de las cuales 2.134 han fallecido. 

Tabla 2: Contagios en la región Panamazónica

Eventos relacionados con violencias, violaciones a d.d.h.h., intensificación de problemas sociales y actualidad nacional

-Dados los continuos asesinatos que se han presentado en contra de la población reincorporada firmante del Acuerdo de Paz, el partido Farc inició movilización nacional para rechazar los 234 asesinatos que se han presentado hasta la fecha y solicitar acciones al gobierno central. La movilización se denomina “Peregrinación por la Paz y la Vida”. Además de los asesinatos se denunciaron más agresiones, 48 tentativas de homicidio y 17 desapariciones forzadas. En el caso de los familiares de excombatientes, van 39 casos de asesinato, entre los cuales hay cinco menores de edad.

-Las últimas proyecciones de WFP sobre inseguridad alimentaria en Colombia indican que la crisis Covid-19 ha impactado significativamente a una gran parte de la población, y que al menos unos 3,5 millones de colombianos se encuentran en inseguridad alimentaria severa.

-El 19 de octubre fue aprobado el Presupuesto General de la Nación para el año 2021, por un monto de 313,9 billones de pesos, expertos indicaron que el aumento en el rubro está destinado para pagar y refinanciar deuda pública y no en el incremento de la inversión. Además, el Gobierno y las mayorías parlamentarias decidieron aumentar el presupuesto para Policía y Defensa en más de 4 billones de pesos pasando de $35 billones en 2020 a $39,1 billones el próximo año^.

-Amnistía Internacional a través del Informe, ¿Por qué nos quieren matar?, se une al llamado internacional de preocupación dado el aumento de la violencia en el país y las altas cifras de líderes y defensores asesinados, por lo que indica que Colombia es el país más peligroso del mundo para trabajar por los derechos humanos y por el bienestar de las comunidades. Dentro de las respuestas a la pregunta que plantea el nombre del informe están el incumplimiento al Acuerdo de paz por parte del Gobierno Nacional y la discriminación estructural contra las poblaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes.

-Durante la primera semana de octubre se realizó una amenaza extensiva para toda la población y con ánimo de demostrar el control territorial que tienen las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en varias zonas del país, la amenaza se hizo en 62 municipios de 10 departamentos, según datos de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), las AGC o Clan del Golfo marcaron paredes, vehículos, calles y enviaron panfletos, presentándose como una organización política-militar. En panfletos que circularon en municipios de Antioquia, Córdoba, Bolívar, Caldas, Meta, Cundinamarca, Chocó, Tolima, Casanare y San Andrés y Providencia, las AGC manifestaron que rechazaban el uso violento de la fuerza por parte de la Policía y contra las marchas que se vienen realizando en el territorio nacional. Pares indica que se ha comprobado la presencia de esta autodefensa en unos 200 municipios de distintas regiones del país y contabilizar al menos unos 2.500 integrantes.

-Una situación compleja y preocupante se presentó el 7 de octubre en la vereda Girasoles, de San Juan de Lozada en el departamento del Caquetá, donde se presentó un ataque por parte de hombres armados de las disidencias del Frente 40 de las extintas Farc, quienes obligaron a descender a los funcionarios de la ONU y Defensoría del Pueblo que iba en el vehículo e incineraron la camioneta de las Naciones Unidas. La misión humanitaria se hallaba en la zona acompañando a la comunidad y a los líderes sociales, para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos humanos.

-Se está convocando por parte del Coordinador Nacional Agrario –CNA-, el Proceso de Comunidades Negras –PCN- y el Congreso de los Pueblos –CDP- la Caravana Humanitaria en el Cañon del Micay, con el objetivo evidenciar la realidad del territorio, visibilizar y acompañar a la población que sufre un incremento de la violencia sociopolítica y denunciar la situación de derechos humanos en el territorio. 

-Veinte organizaciones nacionales y regionales publicaron el Informe “El Riesgo de defender y liderar: Pautas comunes y afectaciones diferenciales en las violaciones de derechos humanos de las personas defensoras en Colombia”, el informe aborda las violaciones a los derechos de líderes, lideresas y defensores y defensoras de derechos humanos, documentados entre el 1° de agosto de 2018 y el 31 de julio de 2020, con el objetivo de contribuir a la denuncia, visibilización, reconocimiento y dignificación de la defensa de los derechos humanos de las personas, comunidades, organizaciones y pueblos, desde los enfoques diferenciales y también a la identificación de pautas comunes y aspectos diferenciales en las violaciones a sus derechos humanos.

–Permanecen las afectaciones multisectoriales de población afrodescendiente e indígena por parte de los grupos armados organizados que tienen presencia en el departamento del Chocó, a la fecha es el segundo departamento con más emergencias humanitarias durante el 2020 y a nivel municipal, Alto Baudó es el segundo municipio con más eventos por desplazamiento (8) y Bojayá, el primer municipio a nivel nacional con más eventos por confinamiento (7).

Eventos relacionados con población migrante y refugiada:

-El pasado 14 de octubre, en el Puesto de Mando Unificado de Frontera de Norte de Santander, en el que participaron la gobernación del departamento, las alcaldías, Migración Colombia y la Fuerza Pública, se dispuso que el Ejército Nacional controlaría 17 pasos no autorizados en la frontera entre Venezuela y el área Metropolitana de Cúcuta, con la presencia de 200 soldados. El jueves 15 de octubre, a petición del Gobierno Nacional, se aumentó el número de funcionarios de la Fuerza Pública que realizarían esta tarea de 200 a 900, teniendo en cuenta el aumento progresivo del número de personas que intentan cruzar a través de estos pasos y que, según el presidente Iván Duque, suponen un riesgo en términos de la propagación del Covid-19. Junto con esto, las autoridades locales han lanzado la estrategia “Frontera Segura y Regulada” para apoyar al Ejército Nacional en estos controles.

-El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, informó que a partir del inicio de los controles de frontera, las autoridades han devuelto aproximadamente a 5.000 ciudadanos venezolanos que proyectaban ingresar a territorio colombiano por algún cruce irregular. Según información de esta entidad, diariamente 300 migrantes buscan entrar a Colombia por pasos no autorizados, 200 de ellos en Norte de Santander, 50 en la frontera con el departamento de La Guajira y 50 en la frontera con Arauca.

-El viernes 23 de octubre fue instalado un punto de atención a migrantes en Puerto Santander como parte de los Espacios de Apoyo que han sido propuestos por las autoridades de Norte de Santander y la cooperación internacional en el territorio. Esta iniciativa busca que las personas migrantes, refugiadas, retornadas y comunidades de acogida, cuenten con información, orientación y servicios básicos a través de la articulación de distintas instituciones y organizaciones. El espacio dispuesto en Puerto Santander contará con servicios de atención y orientación, atenciones médicas, promoción de salud y prevención de enfermedades, entregas de medicamentos, jornadas de vacunación, atención psicosocial y atención diferencial para niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes y mujeres lactantes.

-A partir de la reactivación de la atención presencial de las oficinas de Migración Colombia a finales del mes de septiembre, se han atendido 32.000 usuarios. Así mismo, según lo expresado por el director de esta entidad, Juan Francisco Espinosa, más de 106.000 personas han renovado el PEP-RAMV, se han expedido más de 6.000 PEP-FF, 4.000 cédulas de extranjería y 3.500 salvoconductos.

-En el Puesto de Mando Unificado (PMU) de la frontera de Norte de Santander, llevado a cabo el lunes 19 de octubre y en el que participaron el gerente de fronteras, Lucas Gómez, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, el Secretario de Fronteras y Cooperación Internacional, Víctor Bautista,  y las autoridades locales; se determinó que se establecerán estaciones de control migratorio en la vía Cúcuta-Pamplona, como respuesta al aumento del flujo de caminantes que han ingresado al departamento y esperan llegar a otras ciudades del país. En estas estaciones de monitoreo, que estarán ubicadas en las vías antes y después del municipio de Pamplona, se desarrollará un ejercicio de identificación migratoria, se reubicará a las personas que lo requieran en puntos humanitarios y se hará control sanitario según los protocolos de bioseguridad. También se definió que no se instalaran albergues o campamentos en Pamplona para la atención de los caminantes.

-El 20 y 21 de octubre se llevó a cabo la Asamblea General de la OEA No. 50, la cual tuvo como apertura el encuentro “Diálogo sobre la crisis multidimensional en Venezuela, más allá de las elecciones parlamentarias”. Allí, los países miembro y organizaciones invitadas llamaron la atención sobre la crisis política y económica que vive Venezuela y se hizo un llamado al respeto a los Derechos Humanos. El líder Juan Carlos Viloria, perteneciente a la organización Coalición por Venezuela que tiene su sede en Medellín expresó que a partir del régimen y los crímenes de lesa humanidad que se cometen en este país, los venezolanos no son migrantes ni desplazados, sino que deben reconocerse como refugiados; y reconoció los esfuerzos de los países receptores para hacer frente a la crisis, especialmente de Colombia.

-El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, informó que a partir del inicio de los controles de frontera, las autoridades han devuelto aproximadamente a 5.000 ciudadanos venezolanos que proyectaban ingresar a territorio colombiano por algún cruce irregular. Según información de esta entidad, diariamente 300 migrantes buscan entrar a Colombia por pasos no autorizados, 200 de ellos en Norte de Santander, 50 en la frontera con el departamento de La Guajira y 50 en la frontera con Arauca.

-Ante la creciente problemática de situación de calle que viven los migrantes en Santa Marta, concejales de la ciudad pidieron al gobierno local, a Migración Colombia, a la Policía Metropolitana y a organizaciones de cooperación internacional y de la sociedad civil, la creación de un campamento migratorio para atender a las familias que se encuentran en esta condición particular de vulnerabilidad. Según datos de la Secretaria de Seguridad y Convivencia, el 60% de personas que solicitaron traslados humanitarios para retornar a Venezuela desde Santa Marta, han regresado a la capital del Magdalena con la reactivación económica del país y de acuerdo con información provista por la Policía Metropolitana de esta ciudad, hay más de 31.000 ciudadanos venezolanos que acuden a la informalidad como forma de sustento. Con esto, se ha hecho un llamado para crear una mesa interinstitucional para atender la crisis migratoria a corto plazo, así como para crear una política nacional integral que pueda atender este fenómeno.

-Arauca como uno de los puntos fronterizos entre Colombia y Venezuela, recibe gran parte de migrantes en condiciones de irregularidad a los que se les dificulta el acceso a temas como salud, trabajo, alimentación y educación. Las autoridades consideran que se está viviendo una verdadera crisis social donde debería haber mayor atención e inversión por parte del Estado con colaboración de organizaciones. Durante el mes de octubre se ha presentado una grave situación en el municipio de Pamplona en Norte de Santander, donde cientos de caminantes transitan con el propósito de llegar a otras ciudades de Colombia y se exponen a diversos factores de riesgo de protección, de contagio y a condiciones precarias de alojamiento y alimentación. Voceros de organizaciones humanitarias en la zona alertaron sobre las condiciones precarias en las que se encuentran estos migrantes, informando que se reportó incluso la muerte de dos niños por inanición antes de ingresar a territorio colombiano. Se ha solicitado a las autoridades adelantar una respuesta humanitaria, tanto en alimentación y albergue como en transporte humanitario para estos caminantes. Así mismo, académicos y miembros de la iniciativa Lancet Migration, publicaron una carta abierta en la que solicitan al Gobierno Nacional, a agencias de cooperación internacional y a organizaciones de la sociedad civil, adelantar una respuesta humanitaria integral para esta situación que se ha venido presentando en la frontera a partir de la reactivación de la economía en el país. Así mismo, expresaron su apoyo y su disponibilidad para participar en estrategias conjuntas, en las que la academia también pueda aportar desde una perspectiva de derechos humanos que pueda articularse con diferentes actores institucionales y sociales.

-En la semana del 19 al 21 de octubre en la Jurisdicción de Tibú, Norte de Santander, desde la intervención del SNPS-CC en el territorio, se pudo identificar el aumento de asentamientos de migrantes venezolanos e indígenas que han llegado al municipio de manera irregular debido al cierre fronteras que se extenderá más allá de la fecha que se tenía prevista para la reapertura (1 de noviembre).  Las personas en estos asentamientos no cuentan con elementos de protección personal ni con las medidas de bioseguridad para poder prevenir el contagio del Covid-19.

-Human Rights Watch y la Universidad Johns Hopkins, denunciaron durante este mes abusos y violaciones de derechos humanos a los más de 130.000 de ciudadanos venezolanos que retornaron a su país durante la emergencia sanitaria por el Covid-19. Entre los principales hallazgos de esta organización, se identificó que además de ser acusados por el gobierno de Nicolás Maduro de ser “armas biológicas” que introducirían el virus al país, se les ha puesto en condiciones de riesgo de contagio y de salubridad en los Puntos de Atención Social Integral (PASI), ya que se les obliga a pasar allí más de los 14 días reglamentarios de aislamiento en condiciones de hacinamiento y de falta de acceso a agua potable y a atenciones médicas. Testimonios han revelado que ante las protestas que algunas personas han hecho por las condiciones precarias de estos puntos, el personal militar y civil que los coordina ha señalado a los manifestantes e incluso, se registró un hecho en el que un grupo de hombres encapuchados y armados ingresaron a uno de los PASI con amenazas contundentes. Por otra parte, se ha evidenciado que ante el cierre de pasos fronterizos regulares, muchos migrantes venezolanos que cruzaron por “trochas” para ingresar a su país tuvieron que pagar a grupos armados ilegales para poder hacerlo y una vez en territorio venezolano no recibieron atención por parte de las autoridades.

-El Grupo de Lima sostuvo el 20 de octubre un encuentro virtual en el que, los países miembro (Bolivia, Ecuador, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela) firmaron una declaración en la que se rechaza el régimen de Nicolás Maduro y las elecciones parlamentarias que se celebrarán en Venezuela en diciembre, así mismo se reconoció la intensificación de la crisis económica, política y social en este país y se pidió al gobierno no interferir con la respuesta humanitaria. En esta declaración se enfatizó la necesidad de acoger a la población migrante y refugiada en los países de la región y se hizo un llamado a la comunidad internacional para dar una respuesta común sobre la migración venezolana.

Acciones e información que requiere visibilización y difusión

-Migración Colombia expidió la Resolución 2359 mediante la cual se da inicio a una nueva jornada de expedición de Permisos Especiales de Permanencia (PEP) que iniciará el 15 de octubre de 2020 y se extenderá hasta al 15 de febrero de 2021. En ella, los ciudadanos venezolanos que hayan ingresado a Colombia hasta el 31 de agosto con su pasaporte sellado podrán acceder a este documento que permite el acceso a servicios de salud y la posibilidad de acceder a empleo formal y al sistema financiero en el país. Los requisitos para realizar este trámite son: 1) haber ingresado a Colombia de manera regular sellando el pasaporte antes del 31 de agosto, 2) registrarse en la página de Migración Colombia a partir del 15 de octubre, 3) no tener órdenes de expulsión en el país, 4) no tener antecedentes penales, 5) no tener PEP, PEP-RAMV vigente, cancelado o vencido y 6) no tener PEPFF.

-El Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) reconoció la nueva jornada de expedición de Permisos Especiales de Permanencia (PEP) como una oportunidad para impulsar la integración económica y la garantía de derechos para la población migrante y refugiada proveniente de Venezuela en Colombia y reitera su compromiso para coordinar respuestas a la crisis migratoria en articulación con las autoridades en diversos niveles.

-La Asociación Civil Ávila Monserrate, la Fundación Konrad Adenauer Stiftung (KAS) y el Proyecto Migración Venezuela de la Revista Semana, lanzaron este jueves 29 de octubre el ciclo de conversatorios “El futuro de la migración venezolana en Colombia”, las sesiones se desarrollarán a través de la plataforma Zoom todos los jueves desde el 29 de octubre hasta el 3 de diciembre. Las temáticas a abordar serán: 1) estrategias para integrar a la población migrante a la economía y al sistema de bienestar, 2) los retos que la migración plantea a las democracias, 3) violaciones a derechos humanos de los migrantes y rutas de protección, 4) estrategias de atención a niños, niñas y adolescentes migrantes, 5) socialización de experiencias innovadoras para la atención a la población y 6) discusión de escenarios futuros. La inscripción puede hacerse en: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdR4RWkE7FlnUciaJIGBoOh25hqGDVcQsjPOKEbXUswYfajjg/viewform

-Una de las principales dificultades que se presentan en el proceso de integración de la población migrante y refugiada en Colombia es el acceso al sistema bancario y financiero. Teniendo en cuenta esta situación, la empresa Tpaga con el apoyo de USAID y el Banco Coopcentral crearán una aplicación para que los migrantes puedan acceder a una “billetera virtual” que les permita realizar y recibir pagos, hacer transferencias en línea, comprar productos, pagar facturas, enviar remesas y hacer recargas telefónicas. Actualmente, la aplicación se encuentra en desarrollo y estará disponible aproximadamente en 2 meses, los requisitos para poder acceder a ella son tener un Permiso Especial de Permanencia (PEP), una cédula de extranjería o un pasaporte vigente.

-A partir del 21 de septiembre, Migración Colombia reabrió los 27 centros facilitadores del país para la atención presencial con cita previa, siguiendo las medidas de bioseguridad y no superando la ocupación del 30%. Además, el director de Migración Colombia explicó que era necesario repensar los trámites migratorios, y que han reducido los tiempos de atención de 30 a 15 minutos.

-El Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- ha abierto su oferta a la población migrante proveniente de Venezuela para que puedan certificar sus capacidades y formarse en distintos programas a nivel técnico y tecnológico. Como requisitos se tiene el contar con un permiso de permanencia vigente o con una cédula de extranjería de residente con vigencia mayor al tiempo de formación, así como haber validado ante el Ministerio de Educación Nacional el título de bachiller.

-El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar publicó un video informativo sobre las rutas de atención a derechos para niños, niñas y adolescentes migrantes; presentando la oferta institucional en casos de amenaza o vulneración a derechos, maltrato, violencia sexual, trata de personas y menores no acompañados. Este se encuentra disponible en: https://www.icbf.gov.co/mis-manos-te-ensenan/conoce-la-ruta-de-atencion-la-ninez-migrante-y-refugiada

-Continuamos resaltando que el Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo -SINDHEP-, publicó una cartilla de la Fundación PODION con la cual se busca “contribuir al reconocimiento de los riesgos para la vida en el contexto y como consecuencia de la pandemia”. La cartilla está dirigida a organizaciones defensoras de derechos humanos, organizaciones humanitarias, organizaciones sociales, así como a personas preocupadas por la protección y el cuidado de la vida.

-Resaltamos la importancia del curso de extensión Elementos para mejorar la prevención, atención y vigilancia epidemiológica de los casos de Covid-19 en comunidades indígenas de la Amazonia colombiana que fue realizado gracias al apoyo y financiación de la Universidad Nacional de Colombia-Sede Amazonia, el Instituto Amazónico de Investigaciones Imani, Sinergias—Alianzas Estratégicas para la Salud y el Desarrollo Social, Amazon Conservation Team, y las organizaciones indígenas OPIAC, ACITAM, ATICOYA, AZCAITA, CAPIUL, TIWA, CIHTACOYD, y la Parcialidad de Monilla Mena Km 9. Este documento puede ser guía con los respectivos ajustes para otras poblaciones.

-Se sugiere que para las intervenciones en los territorios se tenga en cuenta el reporte nacional de OCHA, el último informe es del 28 de octubre, en el señalan nuevamente como está la situación en el país, e indica pormenorizadamente las necesidades y acciones humanitarias en salud, seguridad alimentaria, nutrición y medios de vida; agua; saneamiento e higiene; educación; logística y coordinación, y protección que se requieren en varias regiones de Colombia.

-La Alcaldesa Claudia López inauguró en la mañana del 27 de octubre el SuperCADE Manitas en la localidad de Ciudad Bolívar, dando inicio al Sistema de cuidado en Bogotá. De acuerdo con los reportajes hechos por fuentes de prensa, esta obra pretende beneficiar a más de 750.000 personas del sector, quienes podrán realizar los trámites de la Red de los Centros de Atención Distrital Especializados en información, asesoría y trámites de las entidades del Distrito.

Adicionalmente, con esta Manzana del cuidado, que es la primera en inaugurarse dentro del Sistema Distrital de Cuidado, se espera contribuir a la equidad de género.  De acuerdo con las declaraciones de la Administración Distrital en estos reportajes, “la razón para haber escogido una manzana de Ciudad Bolívar como la primera para este sistema es que allí hay cerca 100.000 personas cuidadoras. Es decir, aquellas cuya actividad principal es hacer oficios del hogar y cuidar, sin ninguna remuneración.” Con el sistema se busca generar espacios tanto seguros como de ocio y aprendizaje para las personas que conforman esa población de cuidadores. La alcaldesa señaló que el objetivo no solo es reconocer y redistribuir el cuidado, sino institucionalizarlo para así liberar tiempo y oportunidades. La idea de las manzanas de cuidado es que se conviertan en espacios seguros en los que la población cuidadora encuentre todos los servicios en un perímetro cercano.