Puntos claves
Eventos relacionados con el contagio de Covid-19:
–La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) emitió un Informe Especial acerca de la situación de los pueblos indígenas frente a la pandemia. Hasta el 8 de julio ha reportado a nivel nacional que hay 1.175 indígenas contagiados, 38 fallecidos. Son 44 pueblos afectados y alrededor de 300 resguardos con comunidades en riesgo.
-Por el aumento de casos de personas infectadas con coronavirus-19, y la baja capacidad de atención hospitalaria que se tiene en el conocido eje bananero, se expidió por parte del gobernador de Antioquia un decreto con el cual se declara cuarentena por la vida en los municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó y Turbo; por ahora el decreto indica la prohibición de la circulación de las personas habitantes de estos municipios hasta el 21 de julio.
Eventos relacionados con violencias, violaciones de d.d.h.h e intensificación de problemas sociales:
-La emergencia sanitaria a causa del Covid-19 ha afectado muchas regiones del mundo, poniendo en estado de vulnerabilidad a múltiples comunidades. La Amazonía y sus pueblos, por ejemplo, se han visto fuertemente golpeados por esta crisis, además de enfrentar otras problemáticas sociales y medioambientales como los monocultivos, la siembra de semillas transgénicas, la minería legal e ilegal, la extracción y derrame de hidrocarburos, carreteras mal planificadas, narcotráfico y crimen organizado, entre otros. Por ello se realizará la primera Asamblea mundial por la Amazonía el 18 y 19 de julio.
-El Proceso de Comunidades Negras (PCN) señaló públicamente el estado de los derechos colectivos en comunidades negras, y la profundización de la crisis humanitaria y el racismo estructural en el marco del Covid-19.
-Según las investigaciones de Human Rights Watch, los grupos armados informaron a las poblaciones locales que estaban imponiendo reglas para evitar la propagación del Covid-19 en al menos 11 de los 32 departamentos de Colombia. Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, Nariño, Norte de Santander y Putumayo son los territorios que fueron blanco de estas imposiciones.
-El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas consciente del grave efecto que ha tenido la pandemia de COVID-19 en todo el mundo, especialmente en los países asolados por conflictos armados, exigió el cese general e inmediato de las hostilidades a nivel global, y una pausa humanitaria a los actores armados durante al menos 90 días consecutivos.
-La Fundación Ideas para la Paz, señaló que la pandemia y su propagación en Colombia le está sumando dificultades a la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), por lo que emitió una serie de recomendaciones para la implementación de los mismos, dado que son estrategia angular del Acuerdo de Paz para transformar las regiones más afectadas por el conflicto armado[6].
-El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, entregó un nuevo informe sobre el panorama de agresiones a las que están expuestos los líderes y los excombatientes, con énfasis en lo que ha sucedido desde que el coronavirus llegó al país. Las cifras detallan que en 2020 han sido asesinados 166 líderes y/o defensores, además de 36 firmantes de las Farc, para un total de 152 crímenes a corte del 15 de julio.
-La situación en Ituango y sus alrededores en el departamento de Antioquia, continúa complejizándose, medios de información indicaron que las AGC están implementando su estrategia conocida como Plan Mil, consistente en incursionar con mil hombres armados en zonas de influencia de las disidencias del Frente 18, enviando tropas de las estructuras Roberto Vargas Gutiérrez y Pacífico, del departamento de Chocó; de la estructura Zuley Guerra, desde Córdoba; y de las estructuras Juan de Dios Úsuga y Rubén Darío Ávila Martínez, desde el Urabá. Todas con la misión de apoyar a hombres armados de la estructura Carlos Vásquez. Por su parte, las disidencias del Frente 18 han focalizado esta presencia paramilitar y están obligando a los campesinos de esas zonas a abandonar sus tierras por lo que se temen enfrentamientos armados. Además de esto, las AGC están utilizando a las comunidades como escudos por lo que también se ha denunciado el confinamiento de familias en comunidades como La Jagua, Santa Bárbara, La Soledad, Riosucio, Rogero y Santa Rosa, en Córdoba, y La Flecha, La Canturrona, La Esperanza y San Pablo en Ituango.
-Por hechos como los anteriormente señalados y como lo había indicado el Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), el 15 de julio los firmantes de paz y sus familias que habitaban en el municipio de Ituango, Antioquia, se desplazaron masivamente desde el antiguo ETCR Román Ruíz de la vereda Santa Lucía, hacia la vereda La Fortuna, del municipio de Mutatá, esto a raíz de las amenazas de grupos armados hacia la población y la ausencia de garantías por parte del Estado.
-Las personas que habitan y circulan por las cuencas, Salaquí, Cacarica y Truandó en la comunidad de Marcial se encuentran incomunicadas desde hace unos días, luego que un grupo de ciudadanos que se movilizaba en tres Pangas fueran retenidos temporal por el ELN, quienes insistieron en que deben acatar las medidas de prevención de contagio. Las comunidades de Opogadó, que se encuentran en el sur de Riosucio, y las que hacen parte de la jurisdicción de Domingodó, se encuentran incomunicadas debido al cierre de las vías de acceso hacia Riosucio de parte de grupos armados ilegales. Dicha situación genera en la comunidad sospecha de combates próximos en la zona, además de dificultades de acceso a bienes y servicios de primera necesidad.
-La situación en Algeciras, Huila es preocupante, los primeros días de julio asesinaron al líder comunal Gentil Pasos, hechos por los cuales la familia del líder y otras personas tuvieron que desplazarse de la vereda donde ocurrieron los hechos por temor. El pasado 11 de julio luego de la aparición de un panfleto en zona rural de la población firmado presuntamente por un grupo de disidencias, 10 familias y sus 42 integrantes fueron amenazadas y debieron salir del municipio desplazados.
-Nos sumamos a las condolencias por el fallecimiento de Mario Paciolla, integrante del equipo de apoyo en terreno en San Vicente del Caguán de la Misión de Verificación de Naciones Unidas, este lamentable hecho está en proceso de investigación para esclarecer lo ocurrido. Resaltamos el trabajo que realiza cada una de las personas que integra la Misión y el apoyo que nos brindan en el proceso de construcción de paz que tanto requerimos en nuestro país.
-Se resalta que La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), solicitó a la CIDH, medidas cautelares para proteger a los excombatientes, ya que desde la firma del acuerdo de paz y hasta la fecha han sido asesinados 219 personas reincorporadas; solo esta última semana asesinaron a tres personas, esto ocurrió en los municipios de Villavicencio, Pitalito y la Uribe.
Eventos relacionados con población migrante y refugiada:
-El aumento de los retornos voluntarios hacia Venezuela continúa y de la misma manera se siguen presentando represamientos de población migrante que espera poder cruzar la frontera. Esta semana se registró la instalación de un campamento de aproximadamente 800 personas que esperan ser atendidas en el Centro de Atención Sanitaria Tienditas, en Norte de Santander; que ofrece distintos tipos de atención a los caminantes que proyectan regresar a su país de origen. El campamento se instaló a cincuenta metros de la carretera internacional hacia San Antonio Táchira, en Villa del Rosario – Norte de Santander; luego de que la Policía Nacional les desalojara del separador de esta autopista. Las personas se encuentran en “cambuches” en condiciones inadecuadas de saneamiento y han solicitado presencia de la ONU, pues denuncian irregularidades en los protocolos de retorno y en las posibilidades de ingreso al Centro de Atención Sanitaria.
-A medida que los países con importantes poblaciones de migrantes venezolanos como Colombia, adoptaron medidas estrictas de bloqueo para contener el virus, los migrantes venezolanos se quedaron con pocas opciones de sobrevivencia. La mayoría de los migrantes trabajaban en la economía informal sin apoyo de asistencia social en el que confiar durante el cierre. A los efectos del retorno a Venezuela, solo 350 venezolanos pueden regresar al país los lunes, miércoles y viernes, por un total oficial de 1.050 por semana, un número que refleja la capacidad limitada de Venezuela para poner en cuarentena a los ciudadanos a su llegada.
-Esta semana se registraron nuevos traslados de distintas ciudades hacia la frontera con Cúcuta. Desde Bucaramanga se adelantó una jornada entre el 22 de junio y el 13 de julio en la que más de 700 migrantes fueron transportados en 35 buses contando con los protocolos de bioseguridad. En Bogotá, el domingo 12 de julio, 200 personas que habían estado en el campamento instalado en la Autopista Norte y que, en la última semana de junio fueron llevadas al Terminal del Norte, tomaron rumbo hacia la capital de Norte de Santander en buses autorizados; se espera que en los próximos días otras 140 personas puedan ser trasladadas, mientras que 15.000 se encuentran en lista de espera.
-Junto con los trayectos de retornos voluntarios de Colombia hacia Venezuela, se presenta también la llegada al país de migrantes venezolanos que atravesando cruces irregulares y exponiéndose a diversos riesgos, han salido de su país en búsqueda de construir un nuevo futuro en Colombia. Así mismo, en Norte de Santander, voluntarios y fundaciones han identificado que varios de los caminantes que retornaron en abril a Venezuela a causa de la pandemia, nuevamente han regresado a Colombia y que la convergencia de flujos hacia y desde el vecino país ha agravado la crisis humanitaria en el departamento, por lo cual se hace un llamado a las autoridades para que den respuesta y puedan habilitarse alojamientos temporales que garanticen condiciones adecuadas para la población.
-La ONG venezolana Fundaredes denunció un aumento en los actos delictivos y violencias en la frontera Colombo-Venezolana en los meses de abril, mayo y junio de 2020 con respecto al mismo periodo en el 2019; esto a pesar de las medidas de aislamiento y de cuarentena en los dos países. En cuanto a los homicidios se registró un aumento del 28,5%, un incremento en el 83% de personas desaparecidas y un 22% en los enfrentamientos entre grupos armados. Se han denunciado acciones irregulares por parte de actores estatales y fuerzas militares venezolanas, así como la presencia de actores armados al margen de la ley.
-Humans Rights Watch denunció que en los territorios de Catatumbo (Norte de Santander) y Arauca, los migrantes que cruzan de Venezuela a Colombia están siendo víctimas de reclutamiento forzado, violencia, homicidios y violencia sexual. José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de este organismo, afirmó que grupos armados ilegales colombianos cuentan con la complicidad del régimen venezolano para dichos actos y afirmó que desde HRW se han documentado distintos casos que dan cuenta de esta situación y que alertan sobre las formas en que la población migrante proveniente de Venezuela esta siendo afectada por el conflicto armado colombiano.
-La ONG Corporación Espacios de Mujer en Medellín, alertó sobre los riesgos a los que mujeres y niñas migrantes están expuestas, especialmente en el tiempo de la pandemia. Entre los principales factores por los cuales se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad frente a este delito se encuentra la falta de acceso a documentación, a salud y las restricciones de movilidad internas y externas.
-Human Right Watch ha reportado que las condiciones del retorno a Venezuela suponen violaciones a derechos humanos y condiciones que ponen en riesgo la integridad, la salud y el bienestar de las personas. Luego de que los migrantes ingresan a Venezuela, son transferidos a un centro de cuarentena, llamados Puntos de Atención Integral Social (PASI), en los cuales según relatos de quienes han sido trasladados allí, no reciben ayuda oficial, duermen en la calle sin distanciamiento social ni tapabocas y deben llenar sus botellas con agua de lluvia. Algunas personas que ingresan a los PASI para cumplir la cuarentena pueden estar infectadas y, sin las medidas de protección adecuadas, pueden contagiar el virus fácilmente al resto. Muchos de los PASI, para los cuales se han utilizado instalaciones de todo tipo que van desde hoteles a estadios y escuelas abandonadas, están desbordados y las condiciones allí son insalubres, incluyendo difícil o inexistente acceso al agua. Esto hace casi imposible mantener el distanciamiento social y lavarse las manos, dos medidas básicas para evitar la propagación del Covid-19.
Acciones que requieren visibilización
-La Cancillería de Colombia amplió la vigencia del salvoconducto de permanencia para los solicitantes de refugio a través del Decreto 1006 del 14 de julio de 2020. Con esta modificación del Decreto 1067 de 2015, la vigencia del salvoconducto pasa de 90 a 180 días y estipula que estos pueden ser prorrogables.
-A partir del 21 de julio de 2020, la Registraduría Nacional del Estado Civil prestará el servicio de identificación a personas nacidas en Venezuela que retornaron a Colombia y que sus padres son colombianos a través de Unidades Móviles en Cúcuta y Arauca. Los requisitos para adelantar este trámite pueden encontrarse en: https://www.registraduria.gov.co/El-21-de-julio-iniciaran-las-jornadas-de-identificacion-a-poblacion-retornada.html
-Se realizó una charla titulada Grupos étnicos y Covid-19; liderada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y varios Consejos Comunitarios del departamento del Chocó, resaltando entre otros asuntos que el coronavirus también ha acercado a las comunidades y les ha recordado la importancia de fortalecerse internamente y cuidar sus tradiciones ancestrales.
-Continuamos resaltando que el Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo -SINDHEP-, publicó una cartilla de la Fundación PODION con la cual se busca “contribuir al reconocimiento de los riesgos para la vida en el contexto y como consecuencia de la pandemia”. La cartilla está dirigida a organizaciones defensoras de derechos humanos, organizaciones humanitarias, organizaciones sociales, así como a personas preocupadas por la protección y el cuidado de la vida.
-El Nuncio Apostólico de Colombia, Monseñor Luis Mariano Montemayor, entregó tres respiradores y dos sistemas infusionales donados por el Papa Francisco a la ciudad de Bogotá.
