Puntos claves
Eventos relacionados con el contagio de Covid-19:
–La Organización Mundial de la Salud –OMS- advirtió que el pico de casos por la pandemia aún no se aproxima, anunciando la región de América presenta un aumento de entre el 25 y el 50 por ciento en el número de casos, y que la llegada del invierno agravaría la situación.
-La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) emitió un Informe Especial acerca de la situación de los pueblos indígenas frente a la pandemia; hasta el 8 de julio ha reportado a nivel nacional que hay 1.175 indígenas contagiados, 38 fallecidos. Son 44 pueblos afectados y alrededor de 300 resguardos con comunidades en riesgo.
-La situación de la población privada de la libertad sigue siendo preocupante, el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud no tienen monitoreadas a las 111.578 personas que están en las cárceles del país y tampoco están dentro de sus estadísticas. Las dos entidades encargadas de esta misión, el Inpec y la Uspec, responde con información que no es técnica.
Eventos relacionados con violencias, violaciones de DDHH e intensificación de problemas sociales:
–El Proceso de Comunidades Negras (PCN) señaló públicamente el estado de los derechos colectivos en comunidades negras, y la profundización de la crisis humanitaria y el racismo estructural en el marco del Covid-19.
–En su informe reciente, la CIDH destaca de manera crucial, la importancia de reconocer el derecho a defender derechos y el rol fundamental de líderes y lideresas sociales en Colombia, especialmente en el contexto actual de emergencia generalizada, por lo que insta al Estado colombiano a acoger las recomendaciones en materia de líderes sociales incluso durante la pandemia Covid-19.
-El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas consciente del grave efecto que ha tenido la pandemia de COVID-19 en todo el mundo, especialmente en los países asolados por conflictos armados, exigió el cese general e inmediato de las hostilidades a nivel global, y una pausa humanitaria a los actores armados durante al menos 90 días consecutivos.
-Avanza la Marcha por la Dignidad desde el Cauca hasta la capital del país, la integran defensoras y defensores de derechos humanos. Este movimiento denuncia los asesinatos de personas defensoras y de personas reincorporadas de las Farc y exige que el Gobierno nacional de soluciones a la crisis humanitaria que se vive en el suroccidente del paí.
-El Ejército de Liberación Nacional (ELN) propuso al Gobierno pactar un cese al fuego bilateral durante 90 días con el fin de crear «un clima de distensión humanitaria, favorable para reiniciar los Diálogos de Paz», pese a ello, el Gobierno cerró la puerta a esa posibilidad.
-Buenos Aires (Cauca), Puerto Asís (Putumayo), Ituango (Antioquia) y Mesetas (Meta) son las cuatro zonas donde la Jurisdicción Especial para la Paz evaluará si debe emitir una medida cautelar que frene el accionar de los armados que están cercando estos espacios donde la exguerrilla hace tránsito a la vida civil.
-Según el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas (Ipse), hay 1.710 localidades rurales en Colombia en donde se calcula que 128.587 personas solo acceden al servicio entre cuatro y doce horas al día. El Pacífico nariñense y chocoano son las zonas del país con más rezago en el servicio de energía eléctrica.
-Se llevó a cabo la V Asamblea de la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales, su principal objetivo fue y es exigir garantías para la vida de las y los líderes y territorios y el cumplimiento de los Acuerdos de Paz-capítulo étnico y un acuerdo humanitario en Colombia.
-El Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) dio a conocer que el próximo 15 de julio, los firmantes de paz que habitan en el municipio de Ituango, Antioquia iniciarán el desplazamiento masivo y traslado del ETCR Román Ruíz de la vereda Santa Lucía, hacia la vereda La Fortuna, del municipio de Mutatá, esto a raíz de las amenazas de grupos armados hacia la población y la ausencia de garantías por parte del Estado.
-Se resalta que La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), solicitó a la CIDH, medidas cautelares para proteger a los excombatientes, ya que desde la firma del acuerdo de paz y hasta la fecha han sido asesinados 216 excombatientes. Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de la ONU para el proceso de paz, dijo que se deben redoblar esfuerzos en el apoyo técnico y la comercialización de los productos y proyectos productivos de los exguerrilleros. Además, subrayó la inseguridad de los cerca de 9.000 excombatientes que viven fuera de los antiguos espacios de reincorporación.
-Continúan los operativos de erradicación forzada en el país, y por ello continúan las denuncias de organizaciones y comunidades en relación con este tema. En los territorios se han denunciado por parte de las comunidades el asesinato de por lo menos 7 campesinos y varios lesionados adscritos al programa de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito; estos lamentables hechos se han reportado en el Nordeste de Antioquia; en el Catatumbo, Caquetá, Nariño, Córdoba, Meta, Cauca y Putumayo. En este último departamento el pasado 3 de julio las comunidades del corredor Puerto Vega Teteye denunciaron que la Unidad Antinarcóticos disparó y dio muerte a dos campesinas que hacían parte de la población que reclama el cumplimiento de los acuerdos del PNIS o que exigía lo acordado en la Mesa de Diálogo para la Sustitución Autónoma y Voluntaria de Cultivos de Coca que fue establecida entre las comunidades y el Ministerio del Interior en agosto de 2019.
-La comunidad campesina de la zona limítrofe entre Meta, Guaviare y Caquetá pide esclarecer las denuncias de violaciones a los derechos humanos que habría cometido el Ejército en la región denominada Guayabero.
-El índice de desnutrición crónica 2020 evaluó 1.076 municipios del país y encontró que más de la mitad de ellos tienen las condiciones para que la población menor de 5 años padezca esta enfermedad. Los reportes de riesgo más críticos de padecer esta enfermedad son para los niños y niñas de la Amazonia, la Orinoquia, el norte de la región Caribe y región Pacífica (exceptuando el Valle del Cauca).
Eventos relacionados con población migrante y refugiada:
–Migración Colombia expulsó esta semana del país a uno de los ciudadanos venezolanos que se vio involucrado en un altercado con miembros de la Policía Nacional en el municipio de Tocancipá en Cundinamarca. Esta medida fue tomada luego de que un juez decidiera no imponerle una medida privativa de la libertad, el ciudadano venezolano fue trasladado a la frontera con Venezuela y se le impuso una restricción a partir de la cual no podrá ingresar a Colombia en un periodo de 10 años y deberá tramitar una visa ante Cancillería para poder hacerlo.
-La encuesta más reciente de Invamer-Gallup respecto a la percepción de los colombianos con respecto a la migración desde Venezuela, demostró en los últimos meses (abril a junio) ha aumentado la percepción favorable hacia la población migrante proveniente de este país, pasando de un 15% a un 28%. Así mismo, se pudieron sondear las perspectivas con respecto a la apertura/cierre de las fronteras una vez terminada la emergencia del Covid-19, identificando que un 73% de los encuestados considera que debe permanecer cerrada y un 24% manifestó que debe estar abierta. Finalmente, en lo concerniente a las percepciones sobre el manejo que el gobierno nacional ha dado a la crisis migratoria, el 61% de los encuestados manifestó una opinión desfavorable mientras que el 27% consideró que se está mejorando en este aspecto.
–Las barreras en el acceso a salud siguen siendo uno de los principales riesgos de protección que enfrenta la población migrante proveniente de Venezuela en Colombia. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud ha permitido que las personas que cuentan con un estatus migratorio regular puedan afiliarse al régimen contributivo o subsidiado y ha dispuesto que cualquier persona (independientemente de su nacionalidad y su situación migratoria) sea atendida a través de servicios de urgencias cuando sea necesario. Sin embargo, según este mismo Ministerio, solamente el 31,6% de los migrantes venezolanos en situación regular se ha afiliado al sistema de salud y a través de organizaciones se ha denunciado la falta de atención a la población en urgencias debido a la falta de documentación.
-Un informe del Instituto Nacional de Medicina Legal que comprende el periodo entre enero y mayo de 2020 establece que en total han fallecido 353 venezolanos. De estos, según los datos de la entidad, 34 fallecieron por muerte natural 319 restantes, por causas violentas; Bogotá y Norte de Santander son los lugares en donde más se han presentado estos hechos. La capital del país registra el mayor número de asesinados con arma blanca, con 11 de las 45 víctimas. Por su parte, el departamento fronterizo es donde más fueron asesinados con arma de fuego: 26 de las 140 víctimas de esta modalidad, seguido de Bogotá, con 22 víctimas. Por otra parte, la cifra de suicidios del periodo enero a mayo de 2020 se acerca a la registrada en todo el 2019, durante este año se han registrado 21 muertes por este motivo, mientras que en el 2019 se registraron 29 durante toda la vigencia.
-El director de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá, anunció esta semana que más de 20.000 migrantes venezolanos en la ciudad se encuentran en lista de espera para poder emprender el retorno hacia su país en buses a las fronteras. El funcionario señaló que semanalmente se permite la salida de 300 personas, por lo que estima que estos retornos tardarían aproximadamente 16 meses en completarse.
-El pasado 3 de julio, las personas que se encontraban en el campamento instalado en el separador de la Autopista Norte en Bogotá esperando ser autorizados para dirigirse hacia la frontera con Cúcuta, fueron desalojados. Cuatrocientos cincuenta de ellos fueron trasladados hacia el terminal del norte a la espera de la autorización de Migración Colombia para viajar, mientras que otros aceptaron refugiarse en los albergues que han sido habilitados en articulación entre la Cruz, Roja, la OIM y el Centro Integral de Atención al Migrante (CIAM) de la Alcaldía de Bogotá.
-En el departamento de Norte de Santander, cuatro personeros municipales se encuentran construyendo un plan de acción en articulación con la Secretaria de Fronteras y organismos de cooperación internacional para dar respuesta humanitaria al alto número de caminantes que transitan desde y hacia la frontera con Venezuela en el departamento. Los funcionarios han llamado la atención sobre la situación de desprotección en la que se encuentran los caminantes y la falta de posibilidades para brindarles albergue dadas las restricciones para la prevención del contagio del Covid-19.
-Continúan presentándose riesgos por el cruce de migrantes venezolanos provenientes del Ecuador y Perú a través de pasos irregulares hacia Colombia, teniendo en cuenta el cierre del Puente Internacional de Rumichaca en la frontera Colombia-Ecuador. Esta semana se encontró el cuerpo de una mujer de nacionalidad venezolana que falleció, aparentemente al haber caído Río Carchí y haber sido arrastrada por sus aguas al intentar ingresar a Colombia. Durante la emergencia se han rescatado más de seis extranjeros que han utilizado estos pasos informales, pagándole a organizaciones de tráfico de migrantes.
Acciones que requieren visibilización:
–Migración Colombia anunció esta semana, que en el periodo comprendido entre el 6 de julio y el 14 de agosto de 2020, los ciudadanos venezolanos que cuenten con Permiso Especial de Permanencia del Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (PEP-RAMV) próximo a vencerse podrán solicitar de manera gratuita la renovación del documento a través de la página de la entidad (www.migracioncolombia.gov.co); esto con el propósito de que quienes han alcanzado regularizar su situación migratoria no lo pierdan y pueda avanzarse de manera organizada en el proceso. La información sobre las fechas, requisitos y pasos para realizar el trámite puede encontrarse en: https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/inicia-proceso-de-renovacion-de-mas-de-281-mil-permisos-especiales-de-permanencia-para-venezolanos
-Se resalta que el Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo -SINDHEP-, publicó una cartilla de la Fundación PODION con la cual se busca “contribuir al reconocimiento de los riesgos para la vida en el contexto y como consecuencia de la pandemia”. La cartilla está dirigida a organizaciones defensoras de derechos humanos, organizaciones humanitarias, organizaciones sociales, así como a personas preocupadas por la protección y el cuidado de la vida.
-El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, se refirió a la disminución de la población migrante venezolana en Colombia a raíz de la emergencia por el Covid-19, señalando que se espera que de las 80.000 personas que han retornado a su país de origen, un 80% regrese a Colombia en búsqueda de oportunidades, por lo cual se ha iniciado un proceso de preparación para el ingreso de población con condiciones de bioseguridad, en él se ha avanzado en la contratación de un mecanismo de identificación biométrica que luego culminará en la identificación presencial ante las autoridades pertinentes. Con esto se espera contar con una mejor base de datos de las personas que han migrado a Colombia de manera que cuenten con más fácil acceso a seguridad social, empleo y servicios del sector financiero.
-El presidente de Venezuela Nicolás Maduro, volvió a referirse esta semana al Covid-19 como “el virus colombiano”, acusando al gobierno de Colombia de enviar personas contagiadas a través de trochas. Esto además de tener un carácter político, supone una acción de discriminación y estigmatización a los miles de ciudadanos venezolanos que han decidido retornar a su país en el marco de la emergencia. Así mismo, la oposición al gobierno del vecino país ha expresado que se ocultan las verdaderas cifras de contagios y muertes por coronavirus, en medio de un contexto en el que no se cuenta con suficiente infraestructura hospitalaria ni condiciones de salud pública.
