Foro “Caminos alternativos: experiencias territoriales y oportunidades de la acción pastoral en el desarrollo de economías de paz”
24/11/2021
Hoy en día, el problema de los cultivos ilícitos en Colombia se ha convertido en un tema relevante para el país, ya que por medio de estos se generan impactos negativos en la economía tradicional, procesos migratorios e incremento de los fenómenos de violencia, entre otras afectaciones a personas que viven en el campo. Esto sin dejar de mencionar que también producen un gran impacto en el medio ambiente.
Es por eso que desde el proyecto IFI, del Secretariado Nacional de Pastoral Social, este 23 de noviembre se desarrolló el tercer foro sobre cultivos ilícitos: un espacio que incentivó el diálogo de saberes y experiencias comunitarias, permitiendo visibilizar lo que sucede en este momento, en Colombia, respecto a los cultivos ilícitos.
Es importante tratar la problemática de los cultivos ilícitos para poder seguir construyendo la paz territorial, y para poder escuchar los testimonios de las personas que se han visto afectados por este fenómeno y conocer de qué forma el Estado actúa en medio de estas situaciones.
De acuerdo con el más reciente informe de Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), a corte del 31 de diciembre del 2020, en Colombia había sembradas 143 mil hectáreas de coca. Aunque se evidencia una disminución del 7,7% de las áreas cultivadas en comparación con el año 2019, el informe señala que el rendimiento promedio del cloro hidrato de cocaína por hectárea cosechada sigue en aumento, ya que este pasó de 6,7 kg, en el 2019, a 7,9 kg en el 2020. Se ha venido consolidando una tendencia a la concentración de los cultivos de coca, particularmente en zonas de frontera y en áreas geoestratégicas para el tráfico de cocaína. 1
La poca presencia institucional y los altos niveles de necesidades básicas insatisfechas en los territorios donde este tipo de economía se inserta, implican un gran potencial de vulnerabilidad de las comunidades en el acceso a derechos y el ejercicio de ciudadanía.
“Se ha insistido que el campo ha estado muy abandonado y hay problemas estructurales muy de fondo. Todo lo relacionado con los fenómenos de los cultivos ilícitos y el manejo que se le ha dado a esa situación nos muestra el grado de agravación en la que hemos llegado con respecto al cuidado de la creación, al cuidado que debemos tener de la casa en común, y aquí es el momento de volver a reflexionar todos esos grandes principios que nos dejó el Papa y que extrae directamente de la palabra de Dios, del libro Génesis”, fueron algunas de las palabras de Mons. Héctor Fabio Henao durante su intervención en el foro.
Ermes Céspedes, de Asociación de lecheros de Cartagena Del Chairá, indicó que no ha sido fácil generar una economía alternativa por la falta de acompañamiento y apoyo del Estado. Además, señaló que en su región la mayoría de las personas campesinas han realizado cambios para el desarrollo, pero que aún falta mucho camino por recorrer, ya que no cuentan con los instrumentos y herramientas básicas y necesarias para poder sacar a delante sus proyectos y llegar a convertirlos en empresas que ayudarían a la economía del país. “Algo muy satisfactorio es ver como la gente aprovecha la oportunidad para hacer el cambio, para dejar la siembra de cultivos ilícitos. Este cambio nos ha traído paz y tranquilidad porque ya no dependemos de esos cultivos, es muy confortante ver como los campesinos tienen la conciencia de cambio, pero necesitamos más apoyo para el campo. Agradecemos al Secretariado por brindarnos cursos y otras ayudas para poder seguir adelante”.
Este espacio también permitió conocer el papel que tiene la Iglesia frente a esta problemática, donde Ana Prada, fundadora de la Organización 3 colibris y profesional de Seguimiento a proyectos Productivos, expresó que ”es clave reconocer cuál es papel del Estado, en un Estado social de derecho. Hay algunas garantías que le corresponden al Estado que también menciono porque se necesita entender cuál debe ser el alcance de un actor de la sociedad civil como es la Iglesia católica. De ninguna manera han tratado de sustituir el rol del Estado, sin embargo, en ultimas, uno ve que en muchos territorios la Iglesia termina ofreciendo servicios y garantizando derechos que debería estar garantizando el Estado”
En este sentido se enmarca la acción pastoral de la Iglesia católica y del Secretariado Nacional de Pastoral Social, que han venido adelantando un proceso de acompañamiento a las comunidades más vulnerables, con el empeño de construir vínculos comunitarios y fraternos para fortalecer prácticas de organización y construcción de objetivos en común que permitan generar ingresos económicos, oportunidades de cambio y transformación social.
Como resultado del foro, se realizaron intercambios de saberes y se generó un diálogo que permitió crear estrategias para seguir acompañando a las regiones afectadas por los cultivos ilícitos.
Finalmente, se entendió que en el país falta más compromiso con las y los campesinos, que se debe dar más visibilidad a la problemática de los cultivos ilícitos y hacer un llamado al Estado para que apoye a todas estas comunidades que están dejando atrás la siembra ilegal para retomar nuevas formas de trabajo y, así, acabar de alguna manera estos fenómenos que tanto daño le hacen al país y al tejido social.
1 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC (2021). Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2020. Bogotá, UNODC-SIMCI.
