¿En qué va la sustitución de cultivos de uso ilícitos y cuál ha sido el aporte de la Iglesia?
El miércoles 18 de noviembre, se llevó a cabo el foro: ¿En qué va la sustitución de cultivos de uso ilícito?, una mirada desde las jurisdicciones eclesiásticas y sus aportes al desarrollo alternativo territorial a través de su labor pastoral. Este se realizó de manera virtual por medio de la plataforma TEAMS de 10:00 a.m. a 11:30 a.m.
El objetivo de este espacio de diálogo y aprendizaje colectivo, consistió en el intercambio de experiencias por parte de las jurisdicciones y expertos académicos, para así identificar el papel de la iglesia en relación con alternativas al fenómeno de cultivos ilícitos, sus recomendaciones y factores claves a tener en cuenta para la implementación de una política por parte de las instituciones del Gobierno.
La apertura del evento la dio monseñor Óscar Urbina, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), brindando una reflexión bíblica y dando paso a monseñor Fabio Suescún, obispo castrense de Colombia y presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social, quien agradeció la presencia de los obispos.
“Creo que, si alguien conoce bien su territorio y su gente, es el obispo, por eso sus ideas e información son tan valiosas para todos nosotros”, aseguró. Asimismo, indicó que no se puede ser indiferente ante la problemática del incremento de los cultivos de uso ilícito y sus consecuencias la sociedad. Por su parte, monseñor Elkin Fernando Álvarez, secretario general de la CEC, dio agradecimientos por el espacio y una corta reflexión sobre la importancia del evento como un aporte para las familias y ambientes educativos.
“El Secretariado Nacional de Pastoral Social / Cáritas Colombiana (SNPS/CC) ha venido trabajando esta problemática bajo la perspectiva de los impactos que hay tanto en los cultivos como en la salud humana. Entendemos que hay un asunto muy vinculado con la salud pública y temas profundos del bienestar de las comunidades que ya se han visto afectadas por la presencia de los cultivos y su expansión”, afirmó monseñor Héctor Fabio Henao, director del SNPS/CC.
Para monseñor Henao, es importante pensar en cómo recuperar esas comunidades garantizando el mecanismo de inclusión dentro del desarrollo general de la sociedad colombiana, ya que requieren alternativas que les permitan vivir con dignidad y transitar hacia una nueva forma de economía.
Resaltando que no es el primer espacio de reflexión y discusión que se da en torno al tema, Emilse Ramos, especialista en investigación del proyecto IFI del SNPS/CC, aseguró que, “resulta clave continuar con el proceso de análisis de la política de sustitución de cultivos ilícitos, ya que este es un fenómeno que continúa latente y que se relaciona con diferentes niveles de vulnerabilidad”.
Ante la pregunta: ¿en qué va la implementación de la política pública de sustitución de cultivos ilícitos?, Rocío del Pilar Peña Huertas, coordinadora académica del ORRDPA, afirmó que se ha observado un incumplimiento sistemático y masivo, pues se registran 247 lideresas y líderes sociales asesinados entre 2017 y 2020. Respecto a los acuerdos de sustitución se había estimado inscribir aproximadamente 188.000, sin embargo, solo se inscribieron alrededor de 99.000.
“Durante las erradicaciones desde 2017 ha habido, por lo menos, 95 incidentes entre la fuerza pública y los cultivadores en donde se han registrado disparos, 11 departamentos han sido afectados y hay 38 denuncias desde marzo de 2020”, afirmó Peña Huertas.
Posteriormente intervino Juan Carlos Garzón. Para él, “es muy importante saber que este es un fenómeno que está muy concentrado, esto impacta de manera notable a algunos municipios, por ejemplo, la gran mayoría de cultivos de coca se encuentran en solo 10 municipios de Colombia”.
Para el experto, este problema radica en que Colombia no ha tenido una política de Estado para tratar el tema de drogas, razón por la que las intervenciones cambian de acuerdo a cada Gobierno y no se ha podido transformar las realidades de los territorios más afectados.
Con la intervención de los dos expertos externos se dio paso a la de los tres obispos invitados. Monseñor Luis Maldonado, de la Diócesis de Mocoa Sibundoy (Putumayo), expresó que consideraba conveniente analizar las problemáticas vistas desde el terreno, pues considera que hay una enajenación territorial.
“Es necesario escuchar, acordar y emprender juntos. No se supera el problema erradicando o sustituyendo, sino desarrollando un plan serio integral como lo plantean los Acuerdos y partiendo de un trabajo en Equipo”, añadió.
En cuanto al aporte de la Iglesia, el obispo aseguró que cada parroquia es un pulmón de escucha, donde se está en contacto con la gente, se les acompaña y brinda apoyo. No es un trabajo técnico sino pastoral.
Por su parte, monseñor Carlos Correa, obispo del Vicariato Apostólico de Guapi, afirmo que, “aquí el programa de sustitución de cultivos no ha avanzado en lo absoluto, solo hubo el liderazgo de una persona que fue asesinada”.
“En este momento tenemos problemas muy fuertes en la jurisdicción respecto a este tema, esto se debe a que la inseguridad, el crecimiento de las disidencias y fortalecimiento de otros grupos ilegales, ponen en riesgo la sustitución, por lo que este programa requiere la intervención de muchas instituciones, pero en el territorio, lamentablemente, hay desconfianza y poca credibilidad ante la institucionalidad”, expresó.
Ante esta difícil situación, la jurisdicción ha brindado acompañamiento a las comunidades y ha puesto en marcha una estrategia de iniciativas de paz para así cambiar la mentalidad de la cultura de la ilegalidad. Asimismo, se han destinado unos patios para que las personas cultiven productos propios de la región.
En cuanto a la jurisdicción de Tumaco (Nariño), monseñor Orlando Olave, aseguró que uno de los mayores retos que hay en el territorio es el cambio cultural, ya que el narcotráfico ha cambiado la mentalidad de un gran porcentaje de la población. Asimismo, el cambio social, pues la violencia ha empezado a hacer presencia en otros territorios.
“Desde la Diócesis hemos intentado ser ese punto de convergencia entre las distintas organizaciones para abordar este tipo de metas. No podemos dar una solución general, pero tratamos de transformar el territorio. Venimos trabajando con resguardos indígenas, consejos comunitarios y demás organizaciones”.
Para Rocío del Pilar Peña Huertas, coordinadora académica del ORRDPA, “una de las ventajas que tiene la Iglesia católica y la Pastoral Social es que hay gran legitimidad y esto ha permitido ser mediador entre el Estado, las comunidades y los grupos al margen de la ley. Esto ha hecho que la Iglesia tenga un papel muy importante en los territorios y en lo que tiene que ver con la sustitución de cultivos de uso ilícito”.
También resaltó algunas actividades realizadas como, por ejemplo, seguimiento a la implementación del PNIS, la visibilización de asesinatos de líderes y lideresas asesinadas, y la publicación de cuatro informes sobre los avances de la implementación del Acuerdo de Paz.
En cuanto a los aportes concretos se mencionó el acopio de información debido a la cercanía con las comunidades, capacitación sobre herramientas jurídicas, acompañamiento en trámites ante entidades, colaboración para la creación de organizaciones y generar rutas de emprendimiento comunitario.
Vea aquí el foro: https://www.facebook.com/pastoralsocialc/videos/199446811638842
