Puntos claves
Eventos relacionados con el contagio del Covid-19:
–La Organización Mundial de la Salud –OMS- advirtió que el pico de casos por la pandemia aún está lejos y que la región de América presenta un aumento de entre el 25 y el 50 por ciento en el número de casos, y que la llegada del invierno agravaría la situación.
-El Gobierno Nacional está implementando la Estrategia Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible -PRASS-, esto significa aumentar capacidad de pruebas, detección, aislamiento definido y una trazabilidad, en inicio será aplicada en Cartagena, Quibdó y Palmira.
-Creció a nivel nacional el 150% el número de casos de covid-19. Bogotá, Atlántico y Valle, que lideran los reportes de infecciones, han tenido incrementos de 124, 329 y 128% respectivamente.
-Los reportes oficiales señalan que Arauca, Sucre y Chocó fueron los departamentos donde más creció el covid-19 este mes de junio.
-La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) hasta el 26 de junio, ha reportado a nivel nacional que hay 998 indígenas contagiados, 31 fallecidos. Son 40 pueblos afectados y 293 resguardos con comunidades en riesgo.
-En relación con los retos del Covid-19 para los sistemas de salud en el mundo y específicamente en el país, Fernando Pío De la Hoz, profesor titular del Departamento de Salud Pública de la Universidad Nacional y exdirector del Instituto Nacional de Salud, señaló: “Hospitales públicos debilitados por lustros de indiferencia y corrupción son incapaces de proveer atención con calidad a sus poblaciones -Cartagena, Leticia, Santa Marta, por citar solo unos pocos- muestran la poca capacidad que ha tenido el Estado para vigilar y direccionar la prestación de los servicios de salud”.
-Continúa la preocupación en relación con la situación que se viene presentando en las cárceles del país a causa de la emergencia sanitaria del Covid-19. Al 25 de mayo se habían reportado 1.297 casos confirmados de Covid-19 en las cárceles, presentándose la situación más grave en Villavicencio y en Leticia (Datos Fundación Lazos de Dignidad). Dado el hacinamiento y la falta de medidas sanitarias en la mayoría de cárceles del país, organizaciones no gubernamentales y defensoras de derechos humanos invitan a donar implementos de bioseguridad para apoyar en medio de esta crisis a la población carcelaria.
Eventos relacionados con violaciones a DD.HH., violencias e intensificación de problemas sociales:
–El Consorcio MIRE en coordinación con La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) realizaron una misión de evaluación de necesidades al departamento del Amazonas del 23 de mayo al 2 de junio, verificaron la situación y necesidades de 15.830 personas pertenecientes a múltiples comunidades indígenas.
-El Proceso de Comunidades Negras (PCN), emitió su informe de derechos humanos del mes de mayo, referenciando el estado de los derechos colectivos en comunidades negras, y la profundización de la crisis humanitaria y el racismo estructural en el marco del covid-19.
-La línea púrpura 155, que atiende la violencia de género en los hogares colombianos, registró un “aumento del 150% entre el 25 de marzo y el 18 de junio”. La línea de emergencias 123 registró también un aumento de llamadas del 39 % de este tipo de violencia.
-Varios miembros del Parlamento Europeo envían carta a Iván Duque expresando preocupación por la situación de derechos humanos en Colombia y de paz en ocasión de la coyuntura actual de la pandemia de Covid-19.
-La Pastoral Social Regional Suroriente Colombiano emitió el Informe de asesinatos a líderes sociales y excombatientes, en relación con esto y como el llamado a la sociedad de salir de la indiferencia frente a estos crímenes se pronunció el Director del SNPS/CC, monseñor Héctor Fabio Henao. A nivel nacional se refieren los datos señalados esta semana por el Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (SIADDHH), que indica que durante 2020 se han registrado 115 amenazas y 47 asesinatos contra defensores de DD.HH.
-Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses entre enero y mayo de 2020, se han realizado 7544 exámenes por presunto abuso sexual, en 6470 de los casos, las víctimas son menores de edad, 5422 mujeres y 1057 hombres; estos crímenes deben ser investigados y juzgados. La Defensoría del Pueblo, a través de la Delegada para los derechos de las mujeres y asuntos de género, resalta la importancia de aplicar la herramienta institucional “Guía defensorial para la atención integral a mujeres sobrevivientes de la violencia sexual”.
-El dinero utilizado por el gobierno para hacerle frente al virus del coronavirus asciende a casi 52 billones, por ello y para tener claridad de lo que se ha hecho con ese dinero a la fecha, varios congresistas solicitaron tener un sistema consolidado de información y un plan definido de gastos sobre este capital, ya que a la fecha no se cuenta con ello; se resalta en relación con esto que hasta la última semana de mayo se habían imputado y se habían solicitado medidas de aseguramiento contra 10 alcaldes: Armenia (Quindío), José Manuel Ríos Morales; Malambo (Atlántico), Rummenigge Monsalve Álvarez; Cereté (Córdoba), Luis Antonio Rhenals; Socorro (Santander), Claudia Luz Alba Porras Rodríguez; Calarcá (Quindío), Luis Alberto Balcero Contreras; San Pedro (Valle del Cauca), Jhon Jaime Ospina Loaiza; San Antonio (Tolima), Jorge Iván Vásquez Martínez; Guaduas (Cundinamarca), Germán Herrera Gómez; Palocabildo (Tolima), Nelson Gómez Velásquez y de Coveñas (Sucre) Rafael Antonio Ospina Toscano, además que se habían citado a interrogatorio en calidad de indiciados a 3 alcaldes:Acacías (Meta), Eduardo Cortés Trujillo; Girón (Santander), Carlos Alberto Román Ochoa y Sincelejo (Sucre), Andrés Eduardo Gómez Martínez. Y, asimismo, a 3 gobernadores (San Andrés Islas, Everth Hawkins; Arauca, José Facundo Castillo y en Guaviare, Heydeer Palacio).
-El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió el reporte anual sobre terrorismo correspondiente al año 2019, indica entre otros asuntos que el ELN se ha expandido de Colombia a Venezuela y que tiene presencia específicamente en 12 estados de ese país. Informan que el ELN tiene actualmente unos 3000 miembros de los cuales 1400 estarían en campamentos en el territorio venezolano. En Colombia esta guerrilla se expande en zonas que antes eran contraladas por las desmovilizadas FARC.
-La Diócesis de Quibdó, el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato- COCOMACIA-, la Mesa Indígena del Chocó, El Foro Interétnico Solidaridad Chocó, la Red Departamental de Mujeres Chocoanas y la Mesa Territorial de Garantías Chocó, emitieron comunicado de prensa señalando que más allá de la pandemia el Chocó sufre el avance de los virus históricos de la violencia, el abandono estatal y la corrupción.
-Desde el Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH) se rechazó rotundamente el acto atroz e inhumano realizado por 8 miembros del Ejército Nacional, contra una niña indígena de 12 años, perteneciente al resguardo Embera Chamí. A esos graves crímenes hay que agregarle las tasas de desnutrición que en el país ocasionan 400 muertes anuales de menores de edad y que Colombia es el segundo país con mayores índices de asesinatos a menores, con más de 711 homicidios registrados, según un ponderado realizado en 2019 por Medicina Legal.
-El 24 de junio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó a cabo la presentación del informe “Personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en Colombia”, la CIDH expuso la situación de peligro en la que se encuentran los líderes comunales, indígenas, afro, LGBT, campesinos y sindicales del país. La Comisión entregó al Estado colombiano 14 recomendaciones para atender y brindar garantías a los líderes sociales amenazados, hostigados, desplazados o cuya vida corre peligro. Entre estas están: “redoblar sus esfuerzos en la implementación del Acuerdo de Paz; promover una cultura de legitimación y protección de los líderes sociales para que se reconozca públicamente su papel fundamental en la construcción de la democracia en Colombia, y también, convocar a las organizaciones sociales para la creación de una política pública integral de prevención y protección de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales, que incluya, además, enfoques diferenciales de género, étnicos y para población LGBT”.
-Se resalta que La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), solicitó a la CIDH, medidas cautelares para proteger a los excombatientes, ya que desde la firma del acuerdo de paz y hasta la fecha han sido asesinados 214 excombatientes.
-Según el ICBF 6831 menores atendidos salieron de las filas de grupos ilegales desde 1999 hasta el 31 de mayo de 2020. La pandemia no frenó el reclutamiento forzado de niños, entre enero y mayo de 2020, 44 menores fueron desvinculados de grupos armados el 43 % de menores desvinculados en el ICBF estuvieron en el ELN.
-Continúan por parte del Ejército Nacional de Colombia los operativos de Erradicación Forzada en el país, y por ello continúan las denuncias de organizaciones y comunidades en relación con este tema. En los territorios se han denunciado por parte de las comunidades el asesinato de por lo menos 5 campesinos y varios lesionados adscritos al programa de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito; estos lamentables hechos se han presentado en Nordeste de Antioquia; en zona del Catatumbo; en Caquetá; Nariño, Córdoba, Putumayo, Cauca, Vistahermosa, Meta y en Anorí, Antioquia.
Eventos relacionados con población migrante y refugiada:
–La situación de retornos continúa intensificando las tensiones y situaciones de riesgo en los puntos fronterizos entre Colombia y Venezuela. El alcalde de Cúcuta, Jairo Yañez, solicitó que se detengan los envíos de buses con población migrante hacia la frontera, ya que la capacidad institucional es limitada para establecer controles adecuados, tamizajes y condiciones para evitar los represamientos y los contagios tanto de los pobladores de los municipios como de los caminantes. Al respecto, el Secretario de Fronteras de la Gobernación de Norte de Santander, expresó que la Estación Transitoria Sanitaria instalada la semana pasada en Tienditas no es un albergue o refugio, sino que busca ofrecer servicios temporales de salud y descanso para quienes están a la espera de poder retornar a Venezuela según los lineamientos establecidos por el gobierno del vecino país; esta semana se registró un desbordamiento en esta estación, ya que no da abasto para atender al número de personas que se encuentran allí. Así mismo, se ha alertado sobre los pasos por cruces irregulares y se han detectado actos ilegales de cobros de “vacunas” y agresiones a quienes se niegan a pagarlas. En este punto, es importante precisar que se ha identificado que un gran número de los ciudadanos venezolanos que buscan retornar están indocumentados y en los grupos se encuentran mujeres cabeza de hogar con menores, mujeres gestantes, así como niños, niñas y adolescentes, en algunas ocasiones no acompañados; por lo cual deben ser reconocidos como Personas en Necesidad de Protección Internacional.
-A pesar de las solicitudes de las autoridades de Norte de Santander para detener los envíos de buses, esta semana se registró el viaje de 100 migrantes desde Cali hacia la frontera con Cúcuta. La Alcaldía de Cali gestionó este viaje humanitario para una parte del grupo de personas que se encontraban pernoctando en el Parque Las Banderas desde hace varias semanas.
-A partir de la situación de retornos de migrantes venezolanos que se ha presentado a lo largo de la emergencia sanitaria por el Covid-19, las autoridades colombianas han impuesto múltiples sanciones por el incumplimiento de protocolos y normas de bioseguridad para llevarlos a cabo. Durante esta semana, Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia; anunció que desde el inicio de la cuarentena se han deportado a 334 ciudadanos venezolanos por no tener estas medidas; así mismo se han sancionado 29 empresas de transporte por movilizar grupos de migrantes por fuera de los procedimientos autorizados.
-El GIFMM publicó durante esta semana una Guía sobre derechos y atención a personas refugiadas y migrantes LGBTI en la región. En este documento se muestra que la discriminación que exacerba la salida de personas LGBTI de Venezuela, y que siguen experimentando a lo largo de la ruta, continúa y se perpetúa cuando llegan a los países de acogida o durante el tránsito en la región. En este tránsito se encuentran con distintos grupos armados ilegales y bandas criminales que instrumentalizan sus condiciones de vulnerabilidad, particularmente de las mujeres trans, quienes, por no tener documentación, terminan siendo víctimas de extorsión, son vinculadas en redes de trata de personas, utilizadas en el comercio sexual forzado y víctimas de violencia sexual. Esta población también se enfrenta a una serie de barreras en la regularización de su situación migratoria y en los procesos de documentación, aunado a las dificultades que la población venezolana enfrenta para la regularización de su estatus, los prejuicios morales y estigmas ligados a su orientación e identidad sexual intensifican estas barreras y la situación de exclusión.
-El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, respondió públicamente a las declaraciones del secretario de gobierno del estado Zulia, Lisandro Cabello, quien consideró a la población retornada como “un arma biológica” que sería judicializada por parte de las autoridades venezolanas. El funcionario colombiano lamentó estas declaraciones e indicó que en Colombia, desde la articulación entre el gobierno nacional, las autoridades locales y organismos de cooperación internacional, se están buscando garantizar las condiciones y tamizajes para proteger la salud de los caminantes y migrantes que buscan regresar a su país de origen.
-Según investigaciones sobre Movilidad Humana por parte de académicos de la Universidad Simón Bolívar, se ha identificado que la crisis migratoria venezolana alcanza en cifras a la experimentada en Siria; si bien las causas del conflicto y los móviles de la migración son distintos, el aumento de flujos de población venezolana desde finales del 2016 ha superado los 5 millones de migrantes. En este estudio, en el que se realizaron encuestas durante el 2018 y el 2019, pudo identificarse que un porcentaje significativo de los participantes contaba con un título universitario (48,5%) pero muy pocas personas habían podido validarlo en el país receptor, por lo cual en el mercado laboral, hay pocas posibilidades para esta población que se dedica mayoritariamente a la informalidad. El análisis de la situación actual en relación a los impactos que la emergencia sanitaria causada por el covid-19 ha tenido en migrantes y refugiados venezolanos, llama la atención sobre la necesidad de crear mecanismos de protección tanto a nivel socioeconómico, como de salud y de la regularización de la situación migratoria de esta población para garantizar un proceso estable de integración.
-Los gobiernos de Ecuador y Colombia llegaron a un acuerdo para habilitar un corredor humanitario a través del Puente Internacional de Rumichaca para que los ciudadanos colombianos y ecuatorianos pudieran retornar a su país de origen (ingreso y salida dependiendo de la nacionalidad), cumpliendo con protocolos de bioseguridad. La medida no es aplicable para ciudadanos de otras nacionalidades.
-En ocasión del Día Mundial de la Persona Refugiada, la CIDH observa serios desafíos en la protección integral de los derechos de las personas refugiadas, y urge a los Estados a adoptar medidas efectivas y urgentes en el contexto de la pandemia de la COVID-19.
Acciones que requieren visibilización
–Con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Refugiado, el Proyecto Migración Venezuela de la Revista Semana lanzó un especial sobre refugio, en el que se pueden encontrar testimonios migrantes y refugiados en el país, guías prácticas sobre el proceso de expedición de salvoconductos y solicitudes de asilo, cifras y balances sobre el refugio en el mundo, en la región suramericana y en Colombia, perspectivas de expertos y un análisis crítico sobre los mecanismos de solicitud de refugio en nuestro país a la luz de los derechos humanos y los compromisos adquiridos al suscribir los pactos internacionales sobre migración y refugio. El especial puede encontrarse en: https://migravenezuela.com/especial-refugiados-venezolanos-en-colombia/#Intro
-El Decálogo para una Ley Política Migratoria Integral, en el que el SNPS/CC tuvo un papel activo en su formulación y que ha sido difundido desde el pasado 18 de junio, fue reconocido y publicado por fuentes de prensa (Proyecto Migración Venezuela – Revista Semana). En esta fuente se abre la discusión sobre los vacíos del proyecto de ley que ha pasado a segundo debate en el Senado de la República y que, según expertos y miembros de organizaciones, carece de un enfoque de protección, diferencial, de género y no garantiza la participación de la población migrante; así mismo se muestra que Colombia a pesar de ser el principal país receptor de población migrante y refugiada proveniente de Venezuela, no cuenta con la institucionalidad necesaria ni con las capacidades para dar respuesta a la crisis.
-La Fundación de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), en alianza con USAID, Acdi-Voca y la Fundación Corona, emitieron esta semana un informe titulado Inclusión laboral de migrantes, una apuesta del sector privado en el que se presenta un Modelo de Empleo Inclusivo. En el informe se evidencia que el 71,3% de los migrantes venezolanos tiene la edad requerida para trabajar y un 62,6% está buscando empleo; así mismo se reconocen los niveles educativos (95,4% tiene algún grado escolar) y la importancia de potenciar distintos sectores económicos desde la inclusión de esta población.
-A partir del 12 de junio y hasta el 5 de julio, se lleva a cabo la segunda versión de la Toma Cultural y Artística por la Integración en América Latina: Juntos en Esto, a través de la cual distintas organizaciones y colectivos en diferentes países de la región desarrollan acciones para visibilizar la situación de la población migrante y refugiada proveniente de Venezuela, así como para denunciar la xenofobia y la discriminación. En Bogotá, durante el fin de semana del 20 al 22 de junio se proyectaron mensajes relacionados a esta realidad en el Monumento de los Héroes.
-Diversas acciones se han desarrollado en el transcurso de la semana para conmemorar el Día Mundial del Refugiado. Desde ACNUR, en el marco de la campaña Somos Panas Colombia, se llevó a cabo el concierto “Humanidad en Armonía” a través de medios virtuales, en el que participaron artistas venezolanos y colombianos. Desde el Programa de Alianzas para la Reconciliación de USAID y Acdi/Voca se desarrollaron distintos conversatorios y encuentros a través de medios digitales en el Día Mundial del Refugiado (20 de junio) para conocer y visibilizar distintas perspectivas sobre la migración y las respuestas de las organizaciones a esta población.
–Desde el 20 de junio se habilitó en Arauca y La Guajira la plataforma virtual “estoyenlafrontera.com”, a través de la cual la población migrante, refugiada y retornada colombiana podrá encontrar información y orientación. Esta plataforma ya contaba con información para la población en Norte de Santander y ha ampliado su cobertura a estos dos departamentos.
-El Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) continúa dando respuesta a las principales necesidades de la población migrante y refugiada en diferentes regiones del país. En la reunión del 24 de junio se presentaron las acciones en el sector educación, entre las que se incluye el apoyo a aprendizajes a distancia y la asesoría técnica en retorno a la presencialidad; también se socializó la participación del GIFMM en la atención del Centro de Atención Sanitario Tienditas en Norte de Santander, las organizaciones miembros complementan la acción del gobierno en los sectores WASH, salud, SAN y protección. Se está trabajando también en la Segunda Evaluación Rápida de Necesidades en el marco de la emergencia, el documento de este estudio será publicado en el mes de julio.
-Se realizó el Foro ProDefensoras Colombia, iniciativa de la Defensoría del Pueblo, el Fondo Noruego en Colombia y ONU Mujeres por la defensa y protección de defensoras de DDHH y lideresas. Diez organizaciones, 69 municipios y 3000 lideresas sociales y defensoras en Cauca, Nariño, Choco y Antioquia serán las beneficiadas de ese programa, Prodefensoras.
-Se resalta que el Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo -SINDHEP-, publicó una cartilla de la Fundación PODION con la cual se busca “contribuir al reconocimiento de los riesgos para la vida en el contexto y como consecuencia de la pandemia”. La cartilla está dirigida a organizaciones defensoras de derechos humanos, organizaciones humanitarias, organizaciones sociales, así como a personas preocupadas por la protección y el cuidado de la vida.
