Puntos claves
Eventos relacionados con el contagio de Covid-19:
-La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) en su boletín de sistema de monitoreo territorial indica que a corte del 30 de julio hay 66 pueblos indígenas afectados por la pandemia, 4046 casos de indígenas contagiados y 114 personas han fallecido. Se mantiene el requerimiento relativo a que los gobiernos locales o municipales, así como los gobiernos indígenas presten mayor y debida atención a la evolución de la pandemia en los siguientes municipios: Leticia, y Puerto Nariño (Amazonas), Bogotá D.C, Malambo (Atlántico), Sincelejo (Sucre), Ipiales (Nariño), donde se reportan el mayor número de casos, así mismo, están los municipios de Ituango (Antioquia), Baranoa, Puerto Colombia y Galapa (Atlántico), El Carmen de Atrato, Quibdó (Chocó), Espinal (Tolima) y Taraira, y el área no municipalizada de Yavaraté (Vaupés) dado el incremento de la prevalencia, el alto grado de subregistro, el reducido número de pruebas realizadas y la desconfianza de la población de asistir a los centros hospitalarios dado el número significativo de casos presentados en el personal de salud.
-La pandemia ya ha afectado a más de la mitad de los 105 pueblos indígenas que tiene Colombia. La tasa de mortalidad más alta está en el Amazonas, 134 muertes por cada 100.000 habitantes.
-El Proceso de Comunidades Negras (PCN) reportaba 154 afrocolombianos fallecidos al 12 de junio. En total, la organización afro contabilizaba 163 contagios en el Cauca, 556 en Chocó, 1823 en Nariño y 809 en Buenaventura, en datos que suman contagios urbanos y rurales. Las distancias físicas pero sobre todo en atención de servicios de salud es igual de aguda en el Pacífico colombiano que en la Amazonia (Ibíd).
–La situación de la población privada de la libertad sigue siendo preocupante, el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud no tienen monitoreadas a las 111.578 personas que están en las cárceles del país y tampoco están dentro de sus estadísticas. Las dos entidades encargadas de esta misión, el Inpec y la Uspec, responde con información que no es técnica. En relación a la cárcel la Picota ubicada en la capital colombiana, se reportaron allí 298 personas infectadas, los internos de este centro penitenciario pidieron que se les garantice el acceso a la atención médica y el suministro de medicamentos. En la cárcel de Pasto indicaron que hay 150 presos y 15 guardias contagiados. En la cárcel de mujeres de Bogotá, la del Buen Pastor, hay a la fecha 186 casos confirmados de Covid-19, se ha denunciado que no hay atención médica, ni protocolos de bioseguridad.
-Un poco más de 1,2 por ciento de los contagiados en Colombia de coronavirus son migrantes. Específicamente en Necoclí, Urabá antioqueño, se está saliendo de control el nivel de contagios. De acuerdo a un censo realizado en abril, había 243 migrantes provenientes de Haití, 17 de Chile, 9 de Brasil, 7 de Venezuela, 4 de Cuba y los demás de países africanos como Guinea, Congo, Mauritania, Senegal y Camerún. Dentro de ese consolidado, al menos 67 eran menores de edad. La situación se ha tornado más preocupante porque el municipio no cuenta con camas UCI y algunos contagiados provenientes de allí han tenido que ser trasladados a Medellín.
Eventos relacionados con violencias, violaciones de d.d.h.h y actualidad nacional:
–Durante la pandemia del Covid-19 también se registra el asesinato de líderes, y es así como desde el 6 de marzo (fecha en que se registró el primer caso de Covid-19 en Colombia) al 15 de julio, 95 líderes sociales y/o defensores de DD.HH. fueron asesinados y 82 desde el confinamiento nacional del 23 de marzo de 2020.
-Según las investigaciones de Human Rights Watch, los grupos armados informaron a las poblaciones locales que estaban imponiendo reglas para evitar la propagación del Covid-19 en al menos 11 de los 32 departamentos de Colombia. Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, Nariño, Norte de Santander y Putumayo son los territorios que fueron blanco de estas imposiciones.
-Aunque las cifras de líderes/as y personas defensoras asesinadas y amenazadas muestran la gravedad del problema, reducir el análisis a una consideración numérica impide entender y atender las causas estructurales de la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos, además que los reportes nos refieren solo los casos de asesinatos y en algunas ocasiones amenazas, por lo que no se tienen en cuenta los otros tipos de agresiones que sufre los líderes/as y personas defensoras. (Situación de los derechos humanos en Colombia. Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Febrero de 2020).
-La Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante decisión del 3 de agosto aprobada y suscrita por unanimidad, resolvió la situación jurídica del senador Álvaro Uribe Vélez con imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva, como presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal. Dicha medida se sustituyó por detención domiciliaria. Las Altas Cortes a través de un comunicado conjunto firmado por los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y la Jurisdicción Especial para la Paz; pidieron «respeto y garantía a la independencia judicial» y expresaron enfáticamente que son «inaceptables [las] descalificaciones a decisiones judiciales […] sin que aún se conozca su contenido, sentido o alcance».
-Luego de casi cuatro años de la firma y refrendación del Acuerdo de Paz, persisten dificultades y lentitud en la implementación de las medidas específicas que contemplan la participación ciudadana en la construcción de paz; así lo indica la Fundación Foro Nacional por Colombia y Viva la Ciudadanía, en su informe de seguimiento al cumplimiento de las tareas participativas incluidas en el Acuerdo Final.
-El Congreso de la República debate el 6 de agosto el proyecto minero subterráneo para la extracción de oro y cobre denominado Soto Norte, que promueve la Sociedad Minera de Santander (Minesa), toda vez que la posible entrega de la licencia ambiental por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) a Minesa, encendió las alarmas de los ambientalistas que se oponen al proyecto minero cerca al Páramo de Santurbán.
-Se considera necesario visibilizar el Informe de crisis climática y amenazas contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, “Defender el Mañana” que publicó Global Witness, lastimosamente nuestro país tiene un capítulo especial dado que en 2019 los asesinatos en Colombia alcanzaron los 64 activistas, el número más alto jamás registrado por Global Witness en el país. Sobre el total de estas muertes, 14 están relacionadas con la sustitución ilegal de cultivos, por lo que consideremos relevante indicar que en el país y aun estando en cuarentena por la pandemia continuaron los operativos de Erradicación Forzada, y por ello continúan las denuncias de organizaciones y comunidades en relación con este tema.
-El departamento del Cauca concentró más de un tercio de los 64 asesinatos de activistas registrados por Global Witness, con un número cercano a los casos reportados en Brasil (24) y superior a la cifra de México (18). En ese departamento este año han asesinado a 59 líderes sociales y defensores de derechos humanos. Disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo están detrás de esta sangrienta persecución.Este departamento tiene las cifras más altas de homicidios a personas líderes sociales y defensoras de derechos humanos desde la firma del acuerdo de paz, con un total de 226 personas asesinadas.
-Las denuncias de posibles violaciones de los derechos humanos a la vida, la libertad y la integridad física y moral en la República Bolivariana de Venezuela ha aumentado el riesgo de la población Wayuu, que también es víctima de la inaccesibilidad al abastecimiento de agua potable y los alimentos, falta de medicinas y atención médica o dificultades para movilizarse por la escasez de combustible. Esto ha generado movilidad hacía Colombia. Los recién llegados, a pesar de estar en su territorio, padecen una realidad disruptiva y dicotómica. Para ingresar al país no están obligados a realizar registro en Migración Colombia porque se les reconoce como un pueblo indígena binacional, derecho del que también gozan del lado venezolano.
Sin embargo, para efectos de reconocimiento de identidad no pueden solicitar cédula de ciudadanía como un nacional, sino que deben solicitar los permisos de permanencia en el país como lo hacen todos los inmigrantes. Los Wayuu están siendo tratados como inmigrantes y la inexistencia de la diplomacia entre ambos países, impide ver una luz en el horizonte. De momento, los Wayuu continúan enfrentando la difícil situación de hambre y muerte, e incluso de resquebrajar su cosmovisión milenaria de constituirse como una sola Nación Wayuu, bajo dos identidades o como inmigrantes en su propio territorio.
-Ante toda la situación concurrente de violencia, de abandono estatal y ahora de pandemia, la ONIC ha solicitado especial atención y protección a los pueblos indígenas; en la misma medida se requiere atención y protección a población afro, dado que estos dos grupos étnicos tienen un impacto desproporcionado por la pandemia, ejemplo de ello es el siguiente mapa que muestra cuáles son los hospitales con cuidados intensivos más cercanos a resguardos indígenas y consejos comunitarios del país:
Fuente: Artículo: La cara étnica de la pandemia en Colombia. Mapa realizado por Camilo Erazo, realizó el mapa usando los datos de camas de cuidados intensivos para adultos del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) del Ministerio de Salud.
Eventos relacionados con población migrante y refugiada:
-El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, informó que según el último reporte de la entidad, se evidenció una nueva disminución del número de ciudadanos venezolanos en Colombia (por tercer mes consecutivo). Antes de la pandemia, se registraba la presencia de 1.825.000 ciudadanos de Venezuela radicados en el país, sin embargo, a causa de los retornos voluntarios de más de 95.000 personas, se registró un total de 1.763.883 con corte al 31 de mayo. El informe detallado puede encontrarse en: https://www.migracioncolombia.gov.co/infografias/venezolanos-en-colombia-corte-a-31-de-mayo-de-2020
-Se continúan presentando los retornos de población migrante hacia Venezuela debido a los impactos económicos de la emergencia por el Covid-19, en la primera semana de agosto se estima que más de 95.000 ciudadanos venezolanos han salido del país, de los cuales 73.000 lo han hecho a través del punto fronterizo de Norte de Santander. Así mismo, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa expresó que 42.000 personas se encuentran en la lista de espera para este proceso, de los cuales 18.000 están en Bogotá, 3.000 en Cali y 1.200 en Medellín.
-Durante la semana, se registró en Bogotá un evento que pone de manifiesto las acciones de discriminación y la situación de falta de acceso a derechos para la población migrante en situación migratoria irregular. En el sur de Bogotá, se le negó la atención médica a una joven venezolana gestante a quien se le dio un diagnóstico de riesgo a causa de una infección; tres centros de salud negaron la atención de urgencias a la mujer, desacatando lo establecido por el Ministerio de Salud en tanto las madres gestantes, sin importar su condición migratoria deben ser atendidas en los hospitales públicos del país.
-La situación para los retornados venezolanos en su país en el contexto de la pandemia está permeada por distintos riesgos de seguridad, salud y protección. Organizaciones de derechos humanos del vecino país han denunciado que las condiciones en los PASI (Puntos de Asistencia Social Integral) donde son alojados los ciudadanos que retornan por cruces regulares, son precarias; no se cuenta con acceso a atención en salud, se presenta hacinamiento y no se brinda una alimentación adecuada. Por otra parte, el gobierno venezolano ha amenazado con judicializar a quienes crucen por pasos irregulares y les ha tildado de “bioterroristas”.
-La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) dio a conocer su diagnóstico sobre la trata en contextos migratorios, en el marco del Día Mundial Contra la Trata de Personas. El informe, que será publicado próximamente, presenta los principales riesgos a los que se enfrenta la población migrante en América del Sur, los cuales incluyen trabajo no remunerado (o sin recibir la cantidad acordada), trabajo en contra de la propia voluntad, explotación sexual y laboral y engaños tras falsas posibilidades de retorno al país de origen. El organismo internacional ha desarrollado también recomendaciones para los Estados, que incluyen mayor financiación para organizaciones que luchan contra la trata, avanzar en procesos de regularización migratoria, mayores alianzas con sectores privados y aumento de capacidades para la identificación de redes de trata.
-El pasado 30 de julio se llevó a cabo el evento virtual “Trata de personas: retos en contextos migratorios” que contó con la participación de expertos de la OIM, UNODC, la Defensoría del Pueblo, el Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas y el Ministerio del Interior. En el evento se discutió sobre la situación de Colombia en torno a la trata de población migrante, al ocupar el tercer puesto en América Latina con respecto a esta problemática. Desde 2013 se han registrado 652 casos de trata de personas en el país, siendo la población migrante más vulnerable a causa de los largos trayectos que realizan, la falta de redes de apoyo, la ruptura familiar y la situación migratoria irregular. La mayoría de casos ocurren en puntos fronterizos como Norte de Santander, La Guajira, Arauca, Vichada y Nariño, así como en ciudades principales como Bogotá, Cali y Medellín. De la misma manera los expertos se refirieron al aumento de casos de trata de migrantes en el contexto de la pandemia, ya sea en procesos irregulares de retornos o en el aprovechamiento que las redes criminales hacen de la situación de vulnerabilidad económica a la que se han enfrentado los grupos familiares.
-En el marco de la emergencia sanitaria, profesionales de la salud de nacionalidad venezolana y organizaciones sociales de migrantes expresaron que en Colombia se presentan múltiples dificultades para poder convalidar sus títulos, exigiéndoles requisitos que no pueden cumplir por las restricciones de su país de origen, la falta de recursos para viajar y la falta de disponibilidad de la información. Son más de 400 profesionales en enfermería y 300 en medicina quienes están a la espera de las disposiciones del Ministerio de Salud que permitan a los profesionales extranjeros ejercer temporalmente su oficio durante la pandemia y que, posteriormente podrían implicar una oportunidad de convalidación e integración.
-Con ocasión de su salida del cargo de la gerencia de fronteras, Felipe Muñoz informó que la comunidad internacional ha aportado 490 millones de dólares para responder a la crisis migratoria en Colombia. En términos de localización, señaló que se estima que la población migrante proveniente de Venezuela se distribuye de la siguiente manera: un 30 por ciento están en los departamentos de frontera y el otro 70 por ciento en el resto del país por lo cual ya no puede hablarse de un fenómeno de frontera, sino nacional. Bogotá tiene el 20 por ciento de migrantes, con más de 350.000; seguido por Norte de Santander, Atlántico y La Guajira.
-El proyecto de ley migratoria (P. L. 036 de 2019) que cursa en el Congreso de la República, recientemente aprobado en primer debate no tiene un enfoque de derechos, pues el articulado dista de una visión garante de los derechos de las personas migrantes y refugiadas en territorio colombiano. Llama la atención que el tercer capítulo “Derechos y obligaciones de los extranjeros”, no contenga ningún derecho para personas migrantes y por el contrario, enliste las obligaciones que deben cumplir estas personas y las atribuciones que tienen las autoridades. Que en suma se equipare una permanencia irregular con la trata de personas y el tráfico ilícito de personas, promueve una perspectiva negativa de la migración, mediante la cual se le vincula con el crimen y promueve la xenofobia, cuando es evidente su carácter y función social.
-En el marco de la emergencia, Migración Colombia mantiene trámites suspendidos y se ha expedido el Decreto 1016 de 2020 a través del cual se amplía el término de los salvoconductos de permanencia a 180 días, esto dado el aumento de solicitudes que se han dado en el país a partir de los flujos migratorios.
-La movilidad de los venezolanos hacia la frontera está siendo coordinada entre las gobernaciones, alcaldías, Policía Nacional, Ministerio de Transporte y Migración Colombia. Estos traslados deben cumplir una serie de condiciones especiales y de bioseguridad que solamente son aprobados por estas entidades. En el sector de La Parada hay aproximadamente unas 1.000 personas esperando a ser trasladados al Centro de Atención Sanitario de Tienditas, donde hay otros 454 migrantes aguardando el paso hacia Venezuela. A la par de esto, unas 30 empresas de transporte han sido sancionadas por Migración Colombia por incumplir los reportes y lineamientos establecidos para movilizar a la población venezolana hacia la frontera, en el proceso de los retornos voluntarios de los migrantes.
Acciones que requieren visibilización
-Migración Colombia anunció el avance en la implementación del Sistema Biométrico de Identificación que estaría siendo lanzado a finales del 2020. Juan Francisco Espinosa, director de la entidad, explicó que este constaría de dos partes: 1) una aplicación para registro en Internet de los datos biométricos y 2) la verificación presencial de los datos por parte de funcionarios de Migración Colombia. Con este proceso se entregará a cada ciudadano venezolano un documento para estar plenamente identificado en el territorio nacional. Se espera con ello avanzar en garantías como acceso a salud y oportunidades laborales.
-Durante esta semana se llevaron a cabo las inscripciones para que población migrante y retornada participara del programa de Emprendimientos Productivos para la Paz (Empropaz), iniciativa liderada por Bancamía, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Corporación Mundial de la Mujer Colombia y la Fundación Microfinanzas del BBVA. Se espera desarrollar procesos de formación en emprendimientos e inclusión financiera desde el acompañamiento y la capacitación.
-Esta semana, Migración Colombia lanzó la aplicación “LibertApp” con el apoyo de la OIM y la Oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM) del departamento de Estado de Estados Unidos. Este aplicativo permite que las personas denuncien posibles casos relacionados con trata desde cualquier parte del mundo, así mismo cuenta con material formativo sobre este delito y está disponible para sistemas operativos Android y IOS.
-Continuamos resaltando que el Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo -SINDHEP-, publicó una cartilla de la Fundación PODION con la cual se busca “contribuir al reconocimiento de los riesgos para la vida en el contexto y como consecuencia de la pandemia”. La cartilla está dirigida a organizaciones defensoras de derechos humanos, organizaciones humanitarias, organizaciones sociales, así como a personas preocupadas por la protección y el cuidado de la vida.
-Resaltamos la importancia del curso de extensión Elementos para mejorar la prevención, atención y vigilancia epidemiológica de los casos de COVID-19 en comunidades indígenas de la Amazonia colombiana que fue realizado gracias al apoyo y financiación de la Universidad Nacional de Colombia Sede Amazonia, el Instituto Amazónico de Investigaciones Imani, Sinergias—Alianzas Estratégicas para la Salud y el Desarrollo Social, Amazon Conservation Team, y la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC), con el acompañamiento y asesoría de las organizaciones indígenas Asociación de Cabildos Indígenas del Trapecio Amazónico (ACITAM), la Asociación Ticuna, Cocama, y Yagua (ATICOYA), la comunidad de San Sebastián de los Lagos, la Asociación Zonal de Cabildos Indígenas de Tradición Autóctona (AZCAITA), el Cabildo de Pueblos Indígenas Unidos de Leticia (CAPIUL), los Defensores de los Saberes Ancestrales (TIWA), Cabildo Indígena de herederos del tabaco, la coca y la yuca dulce (CIHTACOYD), y la Parcialidad de Monilla Mena Km 9. Este documento puede ser guía con los respectivos ajustes para otras poblaciones.
-Se sugiere que para las intervenciones en los territorios se tenga en cuenta el reporte de OCHA, el último informe es del pasado 29 de julio, en el señalan nuevamente como está la situación en el país, e indica pormenorizadamente las necesidades y acciones humanitarias en salud, seguridad alimentaria, nutrición y medios de vida; como de protección; agua; saneamiento e higiene; educación; logística y coordinación que se requieren en varias regiones de Colombia.
-La Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre desplazamiento forzado y Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento-CODHES realizó la entrega virtual del informe “El Reto: ante la tragedia humanitaria del desplazamiento forzado”.
