Puntos claves
Eventos relacionados con el Covid-19
–La directora de la OPS, Carissa Etienne, expresó una especial preocupación por el aumento de la velocidad del contagio del Covid-19 en América Latina, particularmente en las zonas fronterizas; entre ellas se resalta la propagación en la zona limítrofe entre Colombia, Venezuela y Brasil, así como en el área que conecta Perú, Brasil y Colombia. Se reconocen las condiciones de desigualdad en los países de la región que impiden garantizar las medidas de aislamiento social de manera adecuada y se proyecta la llegada del pico de contagios entre los meses de junio y julio.
-El departamento del Amazonas continúa teniendo la mayor cantidad de contagiados por millón de habitantes, la tasa de letalidad supera 63 veces la media nacional. El Consorcio MIRE en coordinación con La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) realizaron una misión de evaluación de necesidades a este departamento del 23 de mayo al 2 de junio, y verificaron la situación y necesidades de 15.830 personas pertenecientes a múltiples comunidades indígenas.
-La Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC- hasta el 15 de junio ha reportado a nivel nacional que hay 906 indígenas contagiados, 29 fallecidos. Son 33 pueblos afectados, 268 resguardos en riesgo.
-Continúa la preocupación en relación con la situación que se viene presentando en las cárceles del país a causa de la emergencia sanitaria del Covid-19. Al 25 de mayo se habían reportado 1.297 casos confirmados de Covid-19 en las cárceles, presentándose la situación más grave en Villavicencio y en Leticia (Datos Fundación Lazos de Dignidad). Dado el hacinamiento y la falta de medidas sanitarias en la mayoría de cárceles del país, organizaciones no gubernamentales y defensoras de derechos humanos invitan a donar implementos de bioseguridad para apoyar en medio de esta crisis a la población carcelaria.
Eventos relacionados con violencias, violaciones a d.d.h.h. e intensificación de problemas sociales
–La Diócesis de Quibdó, el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato- COCOMACIA-, la Mesa Indígena del Chocó, El Foro Interétnico Solidaridad Chocó, la Red Departamental de Mujeres Chocoanas y la Mesa Territorial de Garantías Chocó, emitieron comunicado de prensa señalando que más allá de la pandemia el Chocó sufre el avance de los virus históricos de la violencia, el abandono estatal y la corrupción.
-En medio de la pandemia se recrudece el asesinato de los líderes sociales y los ex combatientes, en la primera quincena de junio han asesinado un líder cada 24 horas; resulta paradójico que en las regiones donde existe una alta militarización es donde hay más asesinatos.
-Dados los casos de corrupción que se presentan en el país y los cuales no cesaron sino se exacerbaron en medio de la pandemia, se considera necesario seguir estando atentos del correcto uso de los dinero públicos, por lo que referenciamos para poderlo tener en nuestros análisis de contexto que el bloque anticorrupción conformado por la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación trabaja para garantizar la destinación correcta y legal de los recursos dispuestos para la atención de los colombianos durante la emergencia ocasionada por el Covid – 19. En ese sentido y de acuerdo a las denuncias e investigaciones que se están llevando a cabo ahora hay imputados y se han solicitado medidas de aseguramiento contra 10 alcaldes: Armenia (Quindío), José Manuel Ríos Morales; Malambo (Atlántico), Rummenigge Monsalve Álvarez; Cereté (Córdoba), Luis Antonio Rhenals; Socorro (Santander), Claudia Luz Alba Porras Rodríguez; Calarcá (Quindío), Luis Alberto Balcero Contreras; San Pedro (Valle del Cauca), Jhon Jaime Ospina Loaiza; San Antonio (Tolima), Jorge Iván Vásquez Martínez; Guaduas (Cundinamarca), Germán Herrera Gómez; Palocabildo (Tolima), Nelson Gómez Velásquez y de Coveñas (Sucre) Rafael Antonio Ospina Toscano.
Además que se han citado a interrogatorio en calidad de indiciados a 3 alcaldes más: Acacías (Meta), Eduardo Cortés Trujillo; Girón (Santander), Carlos Alberto Román Ochoa y Sincelejo (Sucre), Andrés Eduardo Gómez Martínez. También a 3 gobernadores: San Andrés Islas, Everth Hawkins; Arauca, José Facundo Castillo y en Guaviare, Heydeer Palacio; una muestra del por qué están siendo investigados nos lo puede referir San Andrés y Providencia, con dieciséis contratos por 9.702 millones de pesos para enfrentar la COVID-19, contratos que tienen al gobernador de la isla, Everth Hawkins, en la mira de los organismos de control. La Fiscalía lo citó a interrogatorio ante la Corte Suprema de Justicia por supuestos malos manejos de recursos durante la pandemia.
-La movilización de este 15 de Junio que se realizó en varias ciudades del país, entre ellas Cali, Bogotá y Medellín estuvo atravesada por una fuerte violencia policial del ESMAD y la Fuerza Disponible. A pesar que las movilizaciones no superaban las 500 personas y se estaban desarrollando en tranquilidad, la intervención de los uniformados dejó por lo menos a 90 personas detenidas y cerca de una decena de heridos.
-La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), reporto al Gobierno de Colombia que hubo una reducción del 9% en el área sembrada de coca; no obstante que hay menos cultivos, la producción de cocaína se mantiene.
-Lamentablemente los asesinatos y amenazas de las que siguen siendo víctimas los líderes y defensores de derechos humanos en el país no cesa, en ese sentido, resaltamos la portada del 14 de junio del periódico El Espectador, que en asocio con el programa Somos Defensores rindió un homenaje a la memoria de 442 líderes sociales asesinados en Colombia desde que se firmó el Acuerdo de Paz. Las cifras de agresiones del primer trimestre, refiere un 88% de aumento en el asesinato a líderes sociales, en relación con el año anterior; además que se han registrado para este trimestre, 115 amenazas, 14 atentados, 8 desapariciones forzadas y 8 detenciones. Esta semana reportamos graves hechos contra población reincorporada y líderes sociales. En Caloto, fue asesinado el comunero indígena Jesús Antonio Rivera; en Remedios, Antioquia fue asesinado Mauricio Antonio Uribe, integrante de la JAC El Carmen; en Barranca de Lobas, en Bolívar, asesinaron también al líder social y docente Jorge Ortíz; además, hubo un atentado contra José Ángel Mena, sindicalista y presidente de la CUT en el Chocó. En Puerto Asís, Putumayo y en Tibú, Norte de Santander, fueron asesinados los reincorporados Ángel Alberto Calderón y Mario Téllez Restrepo.
-En relación con los crímenes acontecidos contra la población reincorporada y dado que lamentablemente desde la firma del acuerdo a la fecha se han registrado 201 personas asesinadas, consideramos relevante referenciar especialmente los hechos acontecidos el pasado 12 de junio cerca al ETCR Mariana Páez, del municipio de Mesetas en el departamento del Meta, donde asesinaron al joven Bairon Eliecer Gómez, hijo de Erika Quiceno, reincorporada y miembro del equipo de búsqueda de personas desaparecidas en el espacio territorial.
-La población reincorporada además de estar viviendo en zozobra por el riesgo en la que están tanto ellas y ellos como sus familias, se ha visto impactadas negativamente por la falta de apoyo y garantías de seguridad que les permitan desarrollar de buena forma sus proyectos productivos, ejemplo de ello también fue lo acontecido en Uribe, departamento del Meta, en la zona conocida como el Diamante, allí la cooperativa Daincoop tomo la decisión de abandonar la zona y con ello su proyecto productivo y la esperanza de asentarse en esa zona y construir su proyecto de vida allí.
-Las cifras de la Agencia de la ONU para los Refugiados –ACNUR- señalan que cerca de 11.800 personas se desplazaron de sus territorios por enfrentamientos entre grupos armados este año, otras mil lo hicieron por amenazas.
-Desde el 25 de marzo hasta el 1 de junio, han registrado 42 asesinatos de mujeres por su condición de ser mujeres en todo el país, se sabe que el sube registro es alto para este tipo de crímenes. Medicina Legal reporta que entre enero y mayo, 315 mujeres han sido asesinadas, 16.473 han sido víctimas de violencia intrafamiliar y 6.400 han denunciado delitos sexuales. Estas cifras, por cierto, son una subrepresentación del problema: son muchos los casos que permanecen en la oscuridad porque no hay denuncias o porque las víctimas se encuentran sometidas a relaciones de poder que las obligan a censurarse.
-La situación de orden público en la zona limítrofe del Caquetá y Meta sigue siendo compleja, el pasado 17 de junio cerca de San Juan de Lozada en zona rural de San Vicente del Caguán, hubo un ataque contra el Ejército Nacional, se reportaron 6 soldados muertos y 8 heridos. La población se encuentra en zozobra y temen por su seguridad.
Eventos relacionados con población migrante y refugiada:
–Continúan los represamientos y campamentos instalados en el espacio público en diferentes ciudades del país por parte de ciudadanos venezolanos que esperan contar con los permisos y las condiciones adecuadas para dirigirse a alguno de los puntos fronterizos del país para retornar a Venezuela. La Procuraduría General de la Nación pidió a las autoridades municipales y departamentales que en articulación con la Defensoría del Pueblo, Migración Colombia y las procuradurías regionales garanticen los protocolos de traslado de migrantes a las fronteras. Así mismo, solicitó una mayor respuesta en lo concerniente a ayuda humanitaria para garantizar condiciones dignas a los caminantes y acciones urgentes para evitar los represamientos.
-El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, anunció que a partir de las medidas tomadas por el Gobierno venezolano que restringen el ingreso a este país a tres veces por semana, con un límite establecido para cada punto fronterizo; podría extenderse el retorno de migrantes hasta un periodo de seis meses. El tránsito de personas por los corredores humanitarios solo se puede realizar los días lunes, miércoles y viernes, en grupos que no superen los 300 por el puente Simón Bolívar, en Norte de Santander, y 100 por el puente José Antonio Páez, en Arauca. En el caso de La Guajira, el paso de personas es esporádico pues por esta parte de la frontera no se ha establecido un corredor humanitario formal. Al 16 de junio se registró un número aproximado de 24.000 personas a la espera para retornar, de las cuales 15.000 se encuentran en Bogotá, 8.000 en la Costa Caribe, 3.000 en Antioquia, 1.000 en Cali, 1.000 en Ipiales y 1.000 en Bucaramanga.
-En Maceo–Antioquia, se registró esta semana la detención de la ruta de buses que transportaban 200 personas hacia la frontera con Cúcuta desde el municipio de Copacabana-Antioquia por fuera del protocolo autorizado por el gobierno nacional. En el grupo se encuentran 72 niños, mujeres gestantes y personas en condición de discapacidad; están a la espera de recibir los permisos por parte de las autoridades migratorias para continuar el viaje.
-En Bogotá se mantiene el campamento de más de 400 migrantes venezolanos en la autopista norte, a la espera de la autorización del traslado hacia la frontera, en él se encuentran 136 niños y 22 mujeres gestantes. La Secretaría Distrital de Salud ha monitoreado de manera constante el campamento y prestado atención a mujeres, niños, niñas y adultos mayores; desde el Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) se ha ofrecido también alojamiento por 10 días en el albergue de la OIM para las personas del campamento que voluntariamente quieran ingresar.
-En Cali se ha instalado un campamento con más de 130 migrantes que solicitan al Gobierno ser trasladados a la frontera con Cúcuta. La Secretaría de Salud de la ciudad ha aplicado 753 tamizajes y hasta el momento no se han reportado casos de Covid-19 entre este grupo.
-Como respuesta al represamiento de migrantes que se presenta en la frontera en Norte de Santander, se instaló una Estación Sanitaria Transitoria en el municipio de Tienditas en el departamento, a la cual se trasladaron 500 personas que se encontraban en el Puente Internacional Simón Bolívar. En este punto, los migrantes podrán permanecer 48 horas y recibir con tamizajes, alojamiento temporal en carpas, comedores y atención psicosocial. La puesta en funcionamiento de esta estación se dio en articulación entre el Gobierno Nacional, departamental, autoridades municipales y organismos de cooperación internacional.
-Esta semana, la Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente y abrió una investigación disciplinaria a varios miembros de las autoridades locales del municipio de Copacabana en Antioquia por presuntamente haber promovido el traslado de 300 migrantes venezolanos hacia la frontera sin tener en cuenta los protocolos establecidos por este ente de control y por Migración Colombia.
-Migración Colombia, en articulación con autoridades del departamento del Norte de Santander, detectó el recorrido de 14 buses y seis vehículos particulares no autorizados que se encontraban transportando población migrante hacia la frontera a través del eje vial Bucaramanga-Cúcuta. En el operativo se detuvo a un hombre que vendía servicios ilegales de transporte a los migrantes cobrando un monto cercano a los $200.000. Ante esta situación, Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia hizo un llamado a la población venezolana que desea retornar a acercarse a los mecanismos autorizados y a seguir los protocolos con las autoridades.
-El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca falló a favor de la tutela interpuesta por la Personería municipal de Tame para garantizar los derechos de la población migrante y refugiada que retorna a Venezuela desde este municipio. En la tutela se precisaron las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran los caminantes, tanto en lo concerniente a alimentación, como a salud y a transportes inadecuados; así como las acciones de algunas autoridades locales que no han seguido los protocolos estipulados por el Ministerio de Salud a través de la circular 00000025 del 16 de abril de 2020. El fallo del Tribunal busca garantizar los derechos a la vida, la salud y la dignidad de la población y solicita a las autoridades nacionales la verificación, prevención, mitigación y detección de contagio de Covid-19; a través de tamizajes y provisión de elementos de bioseguridad para los grupos de personas que retornan.
-El martes 16 de junio de 2020, el representante de ACNUR en Colombia, Jozef Merkx hizo un llamado a los gobiernos de América Latina para establecer acciones que protejan a la población migrante venezolana de los desalojos a los que están siendo sujetos en el marco de la pandemia y así mismo, llamó la atención sobre el apoyo a quienes han detenido sus actividades -mayoritariamente vinculadas a la informalidad- por las medidas de aislamiento en los diferentes países de la región.
-Ana Durán, jefe de la misión de la OIM en Colombia, expresó esta semana que junto con las situaciones de riesgo socioeconómico a las que se ha enfrentado la población migrante y refugiada en el país, se ha registrado un aumento en episodios de xenofobia y discriminación en el marco de la crisis sanitaria causada por el Covid-19, por lo cual hace un llamado para combatir la estigmatización y continuar dando respuestas a las necesidades que se han intensificado durante la emergencia.
Acciones que requieren visibilización
–El Proyecto de Ley Política Migratoria Integral fue avalado el 12 de junio por la Comisión Segunda del Senado de la República, este debe ser ahora aprobado por cuatro debates en el Congreso para ser luego sancionado por el Presidente de la República. El SNPS/CC en articulación con otras organizaciones de la sociedad civil ha construido un decálogo para la ley migratoria, identificando 10 puntos fundamentales que no pueden dejarse por fuera y que por tanto, hacen que el proyecto actual sea insuficiente. Se hace un llamado a tener en cuenta este decálogo que puede encontrarse en: https://caritascolombiana.org/decalogo-para-una-ley-migratoria-en-colombia/
-El fin de semana del 13 al 15 de junio se habilitó un corredor humanitario en la frontera entre Villa del Rosario – Norte de Santander y el Estado Táchira en Venezuela para la entrega de 350 cartillas pedagógicas construidas por profesores de instituciones educativas de la frontera para garantizar el proceso educativo de niños, niñas y jóvenes inscritos en Colombia que residen en Táchira. La entrega fue coordinada por la Secretaría de Fronteras y Cooperación Internacional, la Dirección Nacional de Aduanas, el personal docente de las instituciones y la Gobernación del Estado Táchira, con todas las medidas de bioseguridad.
-Se resalta que la Fundación Podion publicó la Cartilla “Enfrentado riesgos para la vida por la pandemia Covid-19”, cartilla para organizaciones (defensoras de derechos humanos, humanitarias, sociales) y personas preocupadas por el cuidado de la vida; este documento se compartirá al interior del SNPS/CC para la remisión a las personas en terreno que lo requieran.
-La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, emitió su Boletín Especial N. 5, en el que refiere entre otras cosas que la situación actual del país requiere atender las demandas sociales por una renta básica extraordinaria que garantice al menos un salario mínimo a 35 millones de personas que lo requieren; además, de servicios públicos gratuitos para los sectores marginados, financiados con impuestos a los sectores de más altos ingresos, renegociación de la deuda pública y uso de las reservas internacionales para atender las urgencias de la población. En línea con el tema de renta básica que está en debate en el país, se han sumado varias voces a favor de la medida que permitiría disminuir la pobreza, por ello como sociedad debemos estar atentos de esta propuesta de Renta Básica Universal, que fue presentada en plenaria del Congreso a mediados de mayo. Esa propuesta busca contrarrestar los efectos económicos críticos que ha provocado la pandemia del Covid-19 en el país. La iniciativa consiste en crear un programa del Gobierno que destinaría cerca de $40,5 billones para beneficiar a unos 34,5 millones de colombianos afectados por la crisis económica, a través de un giro monetario periódico de recursos a los ciudadanos, que lo recibirían sin contraprestación alguna.
-El Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) continúa dando respuesta a nivel nacional desde los GIFMM locales en articulación con las autoridades. Las acciones se han desarrollado en los departamentos de Antioquia, Arauca, Cesar, Valle del Cauca, Nariño, La Guajira, Norte de Santander, Santander, la Costa Caribe y Bogotá y su región. Entre las principales respuestas se destacan la entrega de kits de alimentación e higiene, las jornadas de atención en salud, campañas de prevención del contagio, acompañamiento a instituciones prestadoras de salud y alojamientos temporales en la implementación de medidas de bioseguridad, incremento de las transferencias monetarias, atención psicosocial, respuestas de protección para niños, niñas y adolescentes y mujeres en riesgo de sufrir VBG, iniciativas de medios de vida, instalación de alojamientos transitorios e instalación de unidades sanitarias y de saneamiento.
