Retos y oportunidades para la garantía de la protesta social a la luz del decreto 003 de 2021
04/10/2021
El pasado viernes 01 de octubre en la Fundación Universitaria Monserrate en Bogotá, se llevó a cabo el conversatorio, Retos y oportunidades para la garantía de la protesta social a la luz del decreto 003 del 2021. Un espacio que tuvo como fin socializar este nuevo decreto y analizarlo desde la realidad social del país. Este evento fue liderado por el proyecto Fortalecimiento de los procesos pastorales en construcción de paz y reconciliación, defensa y protección de los derechos humanos y el cuidado de la casa común en comunidades afectadas por conflictos sociales, ambientales y políticos, IFI 2021-2024 del Secretariado Nacional de Pastoral Social-Cáritas Colombiana (SNPS-CC).
Además, el evento contó con el apoyo de UniMonserrate y tuvo la participación de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ministerio del Interior, Policía Nacional y Coordinación Colombia Europa Estados Unidos.
La bienvenida del evento fue realizada por el subdirector del SNPS-CC, Enán Xavier Humánez Pbro, quien realizó una reflexión alrededor del diálogo como el mejor camino para la búsqueda de una cultura del encuentro y de la superación de los conflictos.
Al mismo tiempo, hizo referencia a la encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, “que los principios y valores fundamentales que han inspirado el mundo: libertad, igualdad y fraternidad; logremos enfatizar en este tercer aspecto, fraternidad. Reconocernos como hermanos entre todos a través del diálogo y la amistad social que construya nuestra sociedad, donde prime la dignidad del ser humano para todos”, citó Enán Humánez Pbro.
Desde el Ministerio del Interior, Charlotte Cubillos, expuso el decreto 003 del 2021 denominado, Aplicación y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana. Este acto administrativo es ejecutado a través de 1. acciones preventivas, 2. acciones concomitantes o durante y 3. acciones posteriores a la protesta social.
“Las acciones preventivas son los actos realizados antes de una jornada de protestas orientadas a garantizar su libre ejercicio. Dentro de estas, se encuentran actividades de comunicación, organización y prevención entre las organizaciones o movimientos sociales convocantes a unas protestas y las autoridades administrativas y la policía de orden territorial o local, deben garantizar el ejercicio de este derecho” (Capítulo 2, artículo 5, decreto 003).
Adicionalmente, la Dra. Cubillos, señaló que durante la protesta social hay cuatro escenarios de articulación que enuncia el decreto para salvaguardar la manifestación pacífica y el orden público 1. Puesto de Mando Unificado (PMU) 2. Mesa nacional 3. Mesas municipales o departamentales 4. Misiones de verificación.
Finalmente, dentro de las acciones posteriores, el Ministerio del Interior expresó que las autoridades deberán presentar un informe de su actuación y las autoridades administrativas y de policía efectuarán análisis, verificación y seguimiento de los resultados de las movilizaciones.
Al mismo tiempo, dentro del decreto se contempla que la Dirección Nacional de Escuelas de la PONAL fortalecerá los programas académicos para que promuevan el conocimiento del uso de la fuerza para la correcta intervención policial.
Durante el espacio de conversación donde estuvo mediando Monseñor Héctor Fabio Henao, director del SNPS-CC, intervino Juliette de Rivero, representante de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Allí, planteó: “una cosa es como enunciamos los principios y luego como se aplican en los casos concretos. Lo que hemos visto durante las manifestaciones realizadas en el Paro Nacional, es que el actuar de algunas personas usando la violencia, no significa que toda la manifestación en su conjunto pueda ser considerada como violenta. Los actos de vandalismo de algunos no deberían ser un motivo para restringir el derecho a la manifestación pacífica de una mayoría que se está manifestando tranquilamente”.
Adicionalmente, señaló que la fuerza debería ser un último recurso; “durante el Paro Nacional quedó en evidencia la importancia de los espacios de diálogo entre la institucionalidad y los manifestantes. Realmente, el diálogo fue el que aportó soluciones, el que distención, el que previno violencia, el que aportó caminos dentro del marco del Estado de derecho para buscar soluciones. El uso de la fuerza solo genera un incremento de la violencia y muchas veces es un espacio en el que han ocurrido abusos. Las autoridades tienen que pensarse en qué momento se utiliza la fuerza y cómo se utiliza”, planteó Juliette de Rivero.
Por otro lado, Óscar Ramírez de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y quien participó en la elaboración de este decreto, expresó “después de habernos planeado este protocolo entre partes distintas en octubre, noviembre y diciembre del 2020, la pregunta es: ¿por qué en abril del 2021 nos encontramos con cifras como, más de 84 personas asesinadas en el marco del Paro Nacional, 1327 personas que fueron capturadas, cientos de policías heridos y un país dividido?”
En este punto, Ramírez señaló que existe un gran reto al comprender el fenómeno del estallido social en el contexto actual, debido a que se debe pensar en quienes son los actores sociales movilizados –que no son los mismos de hace 8 años- y se deben comprender las necesidades de una sociedad enmarcada en una pandemia. Por otro lado, resalta que otro reto es reducir la violencia, un aspecto donde es fundamental la limitación de los discursos violentos por medio de herramientas políticas de diálogo.
Durante el conversatorio, el teniente coronel Francisco Javier Castro Gil, jefe del área jurídica de la secretaría general de la Policía Nacional, planteó que para su institución es de vital importancia priorizar el ejercicio de los DDHH, “como todo, es una institución que está administrada por seres humanos y puede que en algún momento se hayan presentado situaciones particulares que en este momento están siendo investigadas por las autoridades competentes. La Policía Nacional siempre ha sido garante y respetuosa de los DDHH y siempre se ha preocupado por buscar la forma en el que el uso de la fuerza sea el último recurso que debamos utilizar”.
Retos y oportunidades para la garantía de la protesta social a la luz del decreto 003 del 2021, fue un espacio donde se intercambiaron posiciones y análisis de realidades frente a la aplicación del decreto 003 del 2021. Adicionalmente, fue un escenario donde se resaltó el diálogo social como un camino de oportunidades para superar los actuales conflictos que vive el país. Haga clic aquí para ver la transmisión completa del conversatorio.
