Contexto
La emergencia sanitaria causada por la pandemia del Covid-19 y que se decretó en Colombia desde el pasado 12 de marzo de 2020, ha causado impactos en diferentes esferas de la vida social, económica y cultural del país, así como en el bienestar de diferentes grupos humanos. Todo ello supone una multiplicidad de retos para la intervención y el acompañamiento que el SNPS/CC hace a las comunidades, a las jurisdicciones eclesiásticas y a la población vulnerable a la que presta su servicio.
Al 20 de mayo de 2020 a las 7:00 p.m. en Colombia se reportaron 17.687 casos confirmados de Covid-19, 630 defunciones y 4.256 casos recuperados. La ciudad más afectada es Bogotá con 6.189 casos y 630 muertes, seguida por el departamento de Valle del Cauca con 1.835 casos y 94 muertes. La tasa de positividad presentada en el país es de 8,4 %; sin embargo, los departamentos de Bolívar y Amazonas sobrepasan considerablemente dicha tasa, siendo del 36,6% y del 34,8% respectivamente.
Durante el mes de mayo el Gobierno Nacional tomó medidas tanto para prevenir el contagio como para reactivar progresivamente la vida productiva, de manera que se pudieran mitigar los impactos sociales y económicos que la pandemia ha tenido en el país. A través del Decreto 531 de 2020, el presidente Iván Duque dictó la primera medida de aislamiento preventivo obligatorio que inició el 25 de marzo, esta se ha ido adaptando para dar apertura a nuevas actividades y actualmente la medida es regulada por medio del Decreto 637 de 2020 en el que sectores como la construcción, la manufactura y la industria automotriz se suman a las excepciones de abastecimiento, operaciones bancarias, sector salud, entre otras.
El Presidente de Colombia anunció el 19 de mayo la ampliación del aislamiento preventivo obligatorio hasta el 31 de mayo y la extensión de la emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto; del 1 al 30 de junio se realizará la fase de aislamiento inteligente y las Alcaldías indicarán los protocolos que se implementaran en su jurisdicción Para los adultos mayores este estará en vigencia hasta el 30 de junio y se está trabajando en protocolos para que puedan tener salidas ocasionales en este periodo. Las fronteras permanecerán cerradas y el transporte aéreo sigue con restricción de operación hasta que finalice la emergencia. Se autorizó el levantamiento de medida de aislamiento a municipios que no presentan casos de COVID-19. Actualmente, 150 municipios han solicitado ser admitidos para este proceso.
El Ministerio de Salud acogió la propuesta planteada desde el Congreso de la República de crear una “Gerencia especial” del COVID-19 para la zona del Pacífico, con enfoque diferencial y continúa brindando información actualizada en el PODCAST «Al día Minsalud» para todo lo concerniente a las últimas acciones adoptadas para responder a la emergencia por COVID-19.
En medio del contexto de pandemia, además de los riesgos asociados a los contagios del virus y su mortalidad; se han podido identificar problemáticas asociadas a la violencia, la violación de derechos humanos y la intensificación de situaciones de vulnerabilidad socioeconómica y psicosocial en diferentes poblaciones. Entre los más afectados están las comunidades indígenas, la población migrante y refugiada y los sectores populares que se enfrentan a una situación compleja para poder satisfacer necesidades básicas a causa del aislamiento y para acceder a servicios básicos de salud, condiciones adecuadas de saneamiento y posibilidades para cumplir con las medidas de prevención. Los asesinatos a líderes sociales continúan presentándose y las situaciones de violencia se complejizan en los territorios.
Así mismo, se han disparado los retornos voluntarios de migrantes, entre quienes se encuentran niños, niñas, adolescentes que se enfrentan a riesgos de contagio y a condiciones inadecuadas de seguridad; se ha identificado que Venezuela no cuenta con las condiciones para la recepción e incluso, los migrantes retornados podrían ser sujetos a persecución política o violaciones de derechos humanos. Las respuestas de las autoridades locales han sido diversas y se han hecho llamados desde organismos de control y desde la cooperación internacional para garantizar los derechos humanos y, en el caso de la población migrante y refugiada, entender que los retornos deben hacerse en condiciones de bioseguridad y en la medida de lo posible evitarse, ya que violan principios del derecho internacional de refugiados y ponen en un mayor riesgo a la población.
Con este panorama, desde el SNPS/CC recuperamos los principales hechos de contexto en el marco de la pandemia, de manera que pueda reflexionarse sobre los desafíos que esta ha planteado para el acompañamiento a las comunidades y a las poblaciones a quienes la institución presta su servicio. De la misma manera, es importante recoger las acciones que desde los programas del SNPS/CC, de distintas organizaciones y de las autoridades para visibilizar las respuestas de solidaridad que se han ido dando durante la emergencia, todo ello con miras a continuar en la construcción de estrategias tanto para dar respuesta inmediata a la crisis como para los retos que emergerán en el mediano y largo plazo.
