Población afectada
La Defensoría del Pueblo ha identificado como grupos poblacionales en mayor exposición al riesgo, derivado del accionar de los actores armados ilegales parte del conflicto y estructuras de crimen organizado en esta etapa de emergencia por Covid-19, a las poblaciones de: Líderes/as sociales y personas defensoras de DDHH; población campesina; comunidades étnicas: indígenas, afrocolombianas, negritudes y Rrom; niños, niñas y adolescentes; personas en proceso de reincorporación de las FARC-EP; reclamantes de tierras y víctimas del conflicto armado en procesos de reparación integral; población beneficiaria del programa PNIS; mujeres; población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas; habitantes de sectores urbanos asentados en comunas y localidades periféricas en situación de vulnerabilidad y desprotección social y población migrante venezolana.
Otro caso que refiere nuestra atención, fue lo ocurrido el pasado 2 de mayo, fecha en la se hizo público que algunas unidades del Ejército Nacional ejecutaron durante varios meses uno de los casos de espionaje más delicados en la historia reciente del país.
Entre febrero y los primeros días de diciembre del año pasado, las actividades de más de 130 personas, entre periodistas, defensores de DDHH, representantes de partidos políticos, funcionarios públicos y sindicalistas, fueron víctimas de violación a la intimidad, reserva e interceptación de comunicaciones y violación ilícita de comunicaciones; lo que militares llamaron “perfilaciones” y “trabajos especiales”. En esas misiones, por medio de herramientas informáticas y de software, realizaron búsquedas y recolectaron masiva e indiscriminadamente toda la información posible de sus objetivos para elaborar informes de inteligencia militar.
Hallazgo y alerta
Dado el sub-registro de los casos de Covid-19 y las situaciones que ya estamos evidenciando en terreno, urge definir como SNPS/CC un mecanismo de respuesta o alerta articulada (al interior y exterior del Secretariado) en situaciones donde evidenciemos o nos indiquen de graves afectaciones de salud, o donde reporten fallecidos por causa no violenta y tengamos dudas del motivo del deceso de la persona.
Esta información puede llegarnos no solo por parte de la población que directamente es beneficiada en algunos de nuestros proyectos, sino de aquellas comunidades que sufren las vicisitudes de esta emergencia y que están en los territorios donde hacemos presencia como Iglesia.
Lo anterior requiere que estemos más alertas de este tema, dado que varias personas y comunidades no acuden al sistema de salud por desconocimiento de la gravedad de esta pandemia, desconfianza o porque simplemente la falta de infraestructura o personal en la zona donde vive es notoria, además, en los departamentos como Cauca, Nariño, Bolívar, Valle del Cauca, Guaviare, entre otros, han circulado comunicados y panfletos entre los cuales es común el respaldo al aislamiento con imposición de regulaciones y normas de conducta, así como amenazas de homicidio, agresión, desplazamiento forzado y restricciones a la movilidad, bajo el argumento de prevenir la propagación del contagio[2], amenaza que entre otras cosas lleva a la población a no ir a los centros de salud por las implicaciones “indirectas” que puede conllevar el ser positivo para coronavirus.
[2] Alerta Temprana N° 018-2020 de Inminencia de la Defensoría del Pueblo “debido a la situación de riesgo que afrontan los territorios con presencia y accionar de actores armados no estatales y grupos armados de delincuencia organizada por cuenta de los efectos y las medidas adoptadas para afrontar la emergencia sanitaria derivada por la pandemia COVID-19”.
