La acción comunitaria como herramienta para la defensa del territorio
05/08/2021
Colombia es un país que se caracteriza a nivel internacional por su diversidad ecológica y cultural, pero para que siga siendo así, es necesario que desde las mismas comunidades se trabaje en la defensa del territorio, pues una mala gestión ambiental afectaría muchos aspectos y dinámicas de la vida misma, ocasionando exclusiones, pobreza, deterioro del entorno y demás.
Cuando se habla de defensa territorial, se hace referencia a la protección que se da no sólo a los ecosistemas, que son de gran importancia, sino a las relaciones que con ellos han desarrollado los pueblos étnicos y las comunidades locales, entre las cuales se destacan los campesinos y pescadores. “En ese sentido, es clave señalar que la identidad cultural y la protección ecológica van de la mano al momento de crear un entorno sustentable e inclusivo, en el que todos y todas tengan la oportunidad de participar e incidir en las decisiones que afecten los territorios en los que viven”, aseguró Omar Fernando Clavijo Bernal, investigador del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia.
Pero… ¿cuentan las comunidades con herramientas legales para defender la Casa Común? En Colombia, la Constitución Política de 1991 fue un avance en términos de participación y reconocimiento del patrimonio ecológico y cultural de la Nación, sin embargo, fue hasta 1994 con la ley 134, que se dio reconocimiento a los diversos mecanismos de participación ambiental para que la ciudadanía pudiera incidir en los temas que afectaran su territorio, tales como: consultas populares, audiencias ambientales, veedurías ciudadanas, entre otros.
No obstante, hay un problema que persiste y es la falta de apropiación y conocimiento de dichos mecanismos, por lo que es importante hacer difusión de esta información a través de formatos amables para la comunidad, como las cartillas, programas de radio, espacios de interlocución y de estudio autónomos en los que los actores locales puedan conocer los proyectos que se han propuesto en sus territorios, las afectaciones que han dejado y los que están en funcionamiento.
Para Jenny Paola Santander Durán, investigadora del Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, “hay aspectos que debilitan esa participación y las comunidades del Huila los reconocen. Uno ha sido el freno de las consultas populares y otro la postura esquiva del gobierno de ratificar el Acuerdo de Escazú, que involucra la participación e incluso la defensa de liderazgos ambientales. No obstante, la movilización ciudadana continúa adelante y ha hecho uso de otros mecanismos, incluso se ha presentado recientemente un proyecto de ley para la participación en asuntos ambientales cuando son proyectos extractivos”.
La aplicación o puesta en marcha de un mecanismo depende de cada caso, por lo que es crucial que las comunidades los conozcan y estudien de manera autónoma y, si estos no llegasen a funcionar, ya sea porque es difícil acceder a la información sobre los proyectos que se proponen para los territorios o se les excluye de los procesos de licenciamiento y seguimiento de las decisiones que se adopten, existen los mecanismos judiciales como la acción de tutela y la acción popular, los cuales son herramientas para proteger derechos claves como el derecho al trabajo, la vida, la salud, a vivir en un ambiente sano, entre otros.
“La implementación de mecanismos de participación se apoya de la fortaleza comunitaria: de sus lazos, sus proyectos, sus valores, de su identidad campesina, indígena y pescadora. Por eso es importante que haya buenas prácticas comunitarias para la defensa del territorio, por ejemplo, el impulso de acuerdos o de políticas municipales de protección de la identidad campesina, de la red hídrica, el apoyo a los procesos productivos locales, a las organizaciones de mujeres y de la juventud, monitoreos comunitarios y construcción de memorias locales” indicó Jenny Santander.
Incluso, pueden relacionarse procesos más grandes, del nivel regional, como el referendo campesino, la construcción de territorios agroalimentarios o la conformación de una red de acueductos comunitarios en el sur del Huila.
Lo importante de estas prácticas es comprender que no se puede incidir desde la acción individual, sino desde la colectividad y el trabajo mancomunado. ¿Tú y tu comunidad han hecho uso de algunos de estos mecanismos de participación para la defensa del territorio?
