Puntos claves
Eventos vinculados al contagio y la propagación del Covid-19
–La Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC- emitió Alerta por la inminente amenaza de la pandemia de Covid-19 en la Amazonia y su impacto en los pueblos indígenas, lo que es una amenaza a su supervivencia. La ONIC ha reportado a nivel nacional que hay 517 indígenas contagiados, 14 fallecidos. Son 25 pueblos afectados, 178 resguardos en riesgo.
-La baja capacidad del sistema de salud de salud colombiano para realizar pruebas de COVID-19 (tanto las pruebas rápidas, como la prueba confirmatoria “RT-CPR”), y obtener los resultados prontamente, tiene al país en un nivel de subregistro muy alto. En general la misma situación afronta Latinoamérica y el ocultamiento de casos nos pueden estar llevando a una situación aún más preocupante que la actual.
-El 27 de mayo el Gobierno Distrital alertó un posible ingreso a alerta naranja en la capital en caso de llegarse a la ocupación del 50% de las UCI, que hasta el momento registra aproximadamente un 42%; lo que implicaría una revisión de las medidas de aislamiento y disminución de las actividades a las que se les ha dado apertura. Actualmente se han decretado 12 zonas de riesgo en Bogotá en las que el aislamiento se ha extendido por 14 días y se ha decretado alerta naranja, la última zona se identificó el 22 de mayo y comprende la UPZ Carvajal en la localidad de Kennedy y la UPZ Ciudad Jardín en la localidad Antonio Nariño.
Eventos ligados a problemas sociales, violencias y violaciones de d.d.h.h.
–El ministro de Salud y Protección Social, respondió a las preocupaciones y requerimientos de la Comisión de Seguimiento a la Gerencia Especial covid-19 para el Pacífico y Amazonas, la cual hace parte de la Comisión Primera del Senado de República.Otro departamento que requiere atención especial es el Chocó; con un gobernador suspendido durante tres meses por posibles irregularidades en contratación, desplazamientos masivos por cuenta del conflicto armado en municipios como Alto Baudó, inundaciones y desbordamientos de ríos por cuenta de las fuertes lluvias en la zona, y dado que 8 de cada 10 chocoanos viven de la economía informal el departamento enfrenta un panorama complejo para atender la emergencia sanitaria.
-Como lo expresamos públicamente tenemos una profunda preocupación por la situación que se viene presentando en las cárceles del país a causa de la emergencia sanitaria del Covid-19. Fiduprevisora y Fiduagraria son los administradores del Fondo de Salud de la población privada de la libertad, están a cargo de esto para 132 centros carcelarios del país, no obstante lo realizado, al 25 de mayo se habían reportado 1.297 casos confirmados de Covid-19 en las cárceles del país; de esos casos 4 personas fallecieron. En el centro penitenciario de Villavicencio hay 877 casos; en Leticia 143, en Picaleña 24; en la URI Bogotá 78, en Florencia 8 casos; en la Picota en Bogotá 5; en la cárcel de Cartagena, 155; en Santa Martha, 2 y en Guaduas y Barranquilla 1 caso en cada cárcel (Datos Fundación Lazos de Dignidad).
-La Defensoría del Pueblo, a través de la Delegada para los derechos de las mujeres y asuntos de género, indicó que durante este año se han registrado 124 mujeres víctimas de violencia sexual relacionadas con el conflicto armado y 225 fuera de él. La delegada resalta la importancia de aplicar la herramienta institucional “Guía defensorial para la atención integral a mujeres sobrevivientes de la violencia sexual”.
-El Proceso de Comunidades Negras emitió su informe de DDHH del pasado mes, donde informa del estado de los derechos colectivos en las comunidades negras y la profundización de la crisis humanitaria en el marco del Covid-19.
-La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) alertó que en los primeros cuatro meses de 2020 crecieron un 5 % los desplazamientos forzados, de los cuales más de la mitad (57 %) fueron masivos.
-Colombia es un lugar peligroso para los líderes sociales y reincorporados de las FARC; los grupos armados al margen de la ley siguen imponiendo sus deseos en varios sectores del país y las autoridades están abrumadas[13]. La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), medidas cautelares para proteger a los excombatientes, ya que desde la firma del acuerdo de paz y hasta la fecha han sido asesinados 197.
-El contexto en el país continúa siendo preocupante dadas las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario que se siguen presentando en los territorios; por ello es relevante tener presente el Informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), titulado “Dinámicas de la confrontación armada y su impacto humanitario y ambiental”, allí se indica que: 16 líderes fueron asesinados en enero, 11 en febrero, 13 en marzo y 9 en abril, para un total de 49, mientras que en los primeros cuatro meses de 2019 fueron 32; por ello se habla de un aumento de 53 % en el asesinato a líderes en el país para este 2020. La FIP refiere que los departamentos más críticos durante el primer cuatrimestre de 2020 fueron Cauca (con 14 homicidios), Putumayo (6) y Antioquia (5).
-La Fundación Paz y Reconciliación y su aliado El Poder, encontraron presuntas irregularidades en contratos hechos en medio de la crisis del COVID-19. La investigación encontró 313 contratos de 118 entes territoriales en 29 de los 32 departamentos de Colombia, que suman miles de millones de pesos de pesos, en los cuales habría presuntas irregularidades.
-La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios –OCHA- emitió reportes el 13 y el 18 de mayo, en los que se señala como está la situación en el país y se indica pormenorizadamente las necesidades y acciones humanitarias en salud, seguridad alimentaria, nutrición y medios de vida; como de protección; agua; saneamiento e higiene; educación; logística y coordinación que se requieren en varias regiones de Colombia.
-Continúan por parte del Ejército Nacional de Colombia, los operativos de Erradicación Forzada en el país y con ello se han denunciado por parte de las comunidades el asesinato de por lo menos 5 campesinos y varios lesionados adscritos al programa de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito; estos lamentables hechos se han presentado en Nordeste de Antioquia; en zona del Catatumbo; en Caquetá; Nariño, Córdoba, Putumayo y Cauca. Durante esta semana se reportaron hechos similares en Vistahermosa, Meta y en Anorí, Antioquia.
-Sumado a los reportes del mes de marzo, se había presentado otro desplazamiento masivo el 15 de mayo de por lo menos 230 personas de las comunidades afrodescendientes de Santa Rita y Puerto Palacios, en el Alto Baudó. En ese mismo municipio se siguen presentando enfrentamientos entre grupos armados ilegales, por lo que el 20 de mayo los actores armados presentes en la zona ordenaron y desplazaron a 1360 personas, agrupadas en 363 familias. El censo identificó que son 650 mujeres y 570 niños y niñas, todas pertenecientes a la comunidad de la etnia indígena Embera Dóbida de Catrú -resguardo Dubaza, Catrú y Ancozó- ubicada sobre el río Dubasa al sur del municipio del Alto Baudó en el departamento del Chocó.
Eventos vinculados a la población migrante y refugiada
–Los retornos de población migrante y refugiada proveniente de Venezuela a su país de origen continúan presentándose, al 26 de mayo se registró por parte de Migración Colombia un total de 800 buses que desde el inicio de la emergencia se han desplazado hacia las fronteras y el retorno voluntario de 65.191 migrantes. Las autoridades migratorias continúan haciendo el llamado de atención para que estos se den de manera articulada con los gobiernos locales y siguiendo todos los protocolos.
-El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, anunció que trámites como la expedición de cédulas de extranjería, registro de extranjeros, cambio de permiso temporal de permanencia, certificados de movimiento migratorio, salvoconductos de permanencia y duplicados de cédula de extranjería se mantienen suspendidos durante el aislamiento preventivo obligatorio. Se mantienen los trámites correspondientes al Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización (PEPFF).
-Además del incremento de los retornos voluntarios, la emergencia sanitaria ha llevado a que se presente una grave situación humanitaria entre la población migrante y refugiada en el territorio colombiano. La falta de ingresos para satisfacer necesidades básicas como alimento y alojamiento, ha llevado a que muchas familias se encuentren en situación de calle. El 26 de mayo se reportó una aglomeración de 230 migrantes que desde hace 2 semanas se encuentran durmiendo a la intemperie fuera del terminal de la ciudad de Medellín, estas familias han sido atendidas por distintos actores humanitarios que les han brindado comidas y atención médica; sin embargo continúan en riesgo y manifiestan que debido a las demoras de los protocolos para transporte a las fronteras piensan desplazarse caminando. Una situación similar se presenta en Arauca, en donde el 27 de mayo se reportó la presencia de 250 migrantes a orillas del Río Casanare, esperando poder atravesar el departamento para retornar a Venezuela. En Norte de Santander, también se registró una concentración de 300 migrantes cerca al Puente Internacional Simón Bolívar, a la espera de que las autoridades venezolanas permitan el ingreso. Estas aglomeraciones muestran los riesgos a los que la población que retorna se expone tanto en términos de contagio como de condiciones adecuadas del tránsito.
-En medio del contexto de pandemia, en Colombia se registra un aumento de las percepciones de xenofobia y discriminación hacia los migrantes venezolanos. El Proyecto Migración Venezuela de la Revista Semana, identificó en una encuesta realizada entre los meses de marzo y abril que el 53% de los colombianos considera a la población migrante y refugiada como una amenaza, lo cual significó un aumento porcentual del 13% respecto a los resultados del 2019. Se hace un llamado de atención para que los medios de comunicación no propaguen estos imaginarios y que puedan identificarse las cifras reales, en las que, son más venezolanos quienes son víctimas de actos delictivos que quienes los cometen.
-La informalidad en la tenencia de la vivienda (tipo de acuerdos establecidos entre arrendatario y arrendador sobre la ocupación del inmueble), la falta de asequibilidad, las condiciones de hacinamiento, la falta de calidad de los alojamientos, el incremento de expresiones de discriminación y xenofobia, la falta de acceso a la información sobre debido proceso y el temor de acudir a la institucionalidad por encontrarse en situación de irregularidad ha incrementado el riesgo de quedarse sin vivienda de la población migrante. Al 53% de los ciudadanos venezolanos que viven en Colombia se les imposibilita responder por las deudas de los arriendos, por lo que requieren apoyo de terceros, y un 5% es susceptible a ser desalojado de la vivienda.
-El martes 25 de mayo de 2020 se sostuvo a través de medios virtuales la Conferencia de donantes en solidaridad con refugiados y migrantes venezolanos en países de la región, en medio de la Covid-19. Fue organizada por la Unión Europea y el Gobierno Español y contó con la participación de representantes de más de 60 países, representantes de la banca multilateral y de organizaciones de cooperación internacional y de la sociedad civil; se discutieron las principales preocupaciones respecto a la crisis migratoria en el marco de la emergencia Covid-19, entre las que se resaltan la intensificación de la situación de vulnerabilidad de la población migrante y refugiada al no poder satisfacer sus necesidades básicas como alimentación, alojamiento y saneamiento; y las dificultades para acceder al sistema de salud. A partir del llamado a implementar acciones a corto (asistencia humanitaria), mediano y largo plazo (desarrollo e integración), se logró una contribución de 2.455 millones de euros (595 millones en donaciones) para hacer frente a la crisis en los países de acogida a través de la articulación multisectorial. Se hizo un llamado a una pronta salida negociada y pacífica a la crisis política de Venezuela, como principal forma de superarla de manera sostenible y duradera.
-Durante la semana, se conocieron los resultados de un informe de Human Rights Watch y los Centros de Salud Pública y Derechos Humanos y de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins en el que se alerta sobre un aumento de los flujos migratorios desde Venezuela hacia países de acogida dadas la precariedad de las condiciones con las que este país está enfrentando el coronavirus. Se explicita que el sistema de salud está adecuado para enfrentar la pandemia, que las cifras oficiales de contagios y muertes son significativamente menores a la situación real, así mismo se resaltan los riesgos de seguridad política que tanto el personal médico como periodístico está sufriendo en este momento. A partir de este informe, se ha hecho un llamado a los gobiernos de la región para ejercer presión sobre el gobierno venezolano para que permita la entrada de ayuda humanitaria por parte de cooperación internacional. Con esto, es importante fortalecer las acciones de asistencia humanitaria y de estabilización en el mediano y largo plazo desde los retos y desafíos que la emergencia ha supuesto para el país y para las organizaciones que atienden a población migrante y refugiada, pues es importante prevenir los retornos y contar con estrategias para un eventual aumento de los flujos migratorios hacia Colombia.
-El 25 de mayo de 2020 se conoció un informe de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la Unesco en el que se reconoce un avance en Colombia en términos de acceso a la educación para niños, niñas y adolescentes migrantes venezolanos. De los 480.000 menores con necesidades de educación se ha garantizado el acceso a 198.000 tanto a educación primaria como secundaria, sin embargo sigue siendo preocupante el porcentaje que no ha podido ingresar. Además de ello se reconocen otras dificultades que tienen las familias a este respecto, entre las que se encuentran la dificultad para suplir útiles escolares y uniformes, la falta de validación de grados por falta de documentación y los retos de la pandemia Covid-19 para la educación virtual en la población más vulnerable que no cuenta con acceso a los medios necesarios para participar adecuadamente.
Acciones que requieren visibilización
–El jueves 21 de mayo se realizó virtualmente el debate Construcción de puentes entre los migrantes y los gobiernos locales en Colombia, organizado por la Universidad Sergio Arboleda y el Instituto Republicano Internacional. Entre las principales conclusiones de este espacio de discusión se planteó la necesidad de reconocimiento de los derechos humanos de la población migrante y refugiada, garantizando el acceso a servicios básicos como salud, educación y ayudas humanitarias. Así mismo se hizo un llamado de atención sobre los procesos de documentación, indicando que los permisos especiales de permanencia y trabajo no son suficientes para una integración plena, es necesario que se avance en esta materia para poder ofrecer garantías y un trato igualitario. También se discutió la importancia de incorporar a la población migrante y refugiada en los Planes de Desarrollo e ir avanzando en programas y políticas públicas para atender sus necesidades desde un enfoque de derechos.
-El 25 de mayo se dio inicio a la Semana Internacional del Detenido Desaparecido. El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) junto con la Mesa Nacional de Trabajo sobre Desaparición Forzada (MTDF) y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) están impulsando distintas actividades a lo largo de la semana, por lo que instamos a participar de las mismas dada la relevancia de este tema.
-En Barranquilla, una mujer dueña de un hostal, habilitó sus instalaciones para dar albergue y alimento a 49 migrantes y refugiados venezolanos durante el tiempo de cuarentena obligatoria. La acción de esta ciudadana de disponer este sitio para albergue se ha articulado con la asistencia de las autoridades locales, del ACNUR, la OIM y el PMA.
-El GIFMM nacional en articulación con los GIFMM locales continúan dando respuesta para la atención a las necesidades de la población migrante y refugiada en medio de la emergencia sanitaria, en articulación con las autoridades locales y emprendiendo acciones en diferentes sectores (protección, multisector, WASH, SAN, transferencias monetarias). En la reunión del GIFMM llevada a cabo el 28 de mayo se reconoció la dificultad que las familias migrantes están viviendo en términos de desalojos, pues los arrendadores no están respetando las directrices del gobierno nacional y muchos están quedando en situación de calle. Al respecto se precisó que el impacto de las respuestas en los diferentes sectores pierde su impacto ante esta coyuntura pues las acciones no son suficientes para garantizar la seguridad y la satisfacción de necesidades de la población. Actualmente el grupo multisector está en construcción de una estrategia de monitoreo, prevención y mitigación de los desalojos que será socializada posteriormente y se ha publicado una nota orientariva al respecto que puede encontrarse en: https://data2.unhcr.org/es/documents/download/76652
-El Minsiterio de Salud continúa emitiendo el podcast semanal, durante la semana se recomendó no utilizar hidroxicloroquina, cloroquina o azitromicina para tratar el síndrome respirtatorio agudo o SARS-CoV2. El podcast puede encontrarse en: https://www.minsalud.gov.co/Lists/Video%20y%20Audio/Attachments/1297/27-05-2020-aldia-man%CC%83ana-podcast.mp3
