Emergencia humanitaria causada por Covid 19 – Anexos 2

29 Abr 2020

Respuesta a población migrante

Panorama general

La emergencia sanitaria causada por el Covid-19 en el mundo y en Colombia a partir de la cual se ha decretado en el país aislamiento preventivo obligatorio desde el 25 de marzo y que a la fecha se ha extendido hasta el 11 de mayo de 2020, ha tenido impactos sociales y económicos que han afectado entre otros, a la población migrante y refugiada proveniente de Venezuela. A continuación se presentan algunos datos de contexto que permiten conocer los últimos eventos relacionados con esta problemática en el país:

El miércoles 22 de abril se reportaron en Colombia 4.356 casos confirmados de Covid-19, 206 defunciones y 870 casos recuperados, siendo Bogotá la ciudad más afectada con 74 fallecidos y 1836 casos; seguida de Valle del Cauca con 40 fallecidos y 724 casos.
Las fronteras terrestres, fluviales y aéreas con Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela se encuentran cerradas y el transporte intermunicipal al interior del país se encuentra suspendido con algunas excepciones determinadas por el Ministerio de Transporte.

Situaciones de Riesgo

Los albergues temporales suspendieron actividades conllevando a falta de oferta para la recepción de casos refugiados y migrantes con esta necesidad, incluidos caminantes.

La población en riesgo se ha clasificado en a) personas en tránsito (debido al cierre de fronteras, incluso al interior del país), b) personas en situación de calle, c) personas con necesidades médicas específicas como pacientes con VIH que requieren retrovirales y personas con enfermedades terminales, d) familias cuya generación de ingresos ha sido afectada por el cese de actividades y/o la limitación de la libertad de movimiento y e) hombres y mujeres solos que quedan por fuera de la población objetivo (mujeres con NNA, gestantes y lactantes, etc.

El martes 21 de abril, el alcalde de Cali Jorge Iván Ospina, ordenó bloquear el ingreso a la ciudad de migrantes provenientes desde Ecuador, argumentó que este flujo masivo incrementaría la propagación del Covid-19 en el departamento y se espera coordinar acciones con la gobernación para evaluar un bloqueo sanitario en el departamento del Valle del Cauca.

Riesgo psicosocial

Durante la semana del 20 al 24 de abril la demanda de atención psicosocial al migrante aumenta en conformidad al tiempo extendido de la cuarentena hasta el 11 de mayo. La ansiedad familiar es el problema más usual derivado del cobro de servicios públicos, arrendamiento y abastecimiento de alimentos. Se recomienda la integración familiar a través del dialogo para reconocer las expectativas y dificultades de cada miembro ante la crisis. Se insiste en la importancia de delimitar espacios en el hogar para un ejercicio pleno de la vida privada.

Protección

El Secretariado Nacional de Pastoral Social / Caritas Colombiana ha continuado con su labor de atención a la población migrante y refugiada en condiciones de necesidad. Se ha adaptado a lineamientos de protección y bioseguridad en medio de la pandemia del covid-19 para continuar ayudando desde una visión de derechos humanos con enfoque diferencial. Las líneas de atención prioritarias son entrega de efectivo multipropósito, atención y orientación jurídica, de protección y psicosocial, así como enrutamiento institucional y mapeo de barreras de acceso a derechos para intervenir a través de mecanismos de incidencia.

La Pastoral Social de Ipiales apoya con alojamiento Nubes Verdes – alojamiento para 30 personas y comedor para 30 personas. En Ipiales cerca a la frontera con Ecuador, ACNUR trabaja de la mano con los bomberos para ampliar la capacidad del comedor del albergue Nubes Verdes. Esta adecuación beneficiará a 60 refugiados y migrantes venezolanos. ACNUR de Nariño entregó alrededor de 1000 batas quirúrgicas, 500 tapabocas y 200 geles antibacteriales.

La Pastoral para los Migrantes de Cali da atención restringida a 40 personas en hogar de paso. El ACNUR apoya a la Alcaldía de Cali con dotación para poder atender a personas venezolanas en situación de calle y que puedan así cumplir las medidas de cuarentena con la entrega de 150 colchonetas y 75 camarotes. Oficiales de Migración Colombia en coordinación con la Policía Nacional verifican la implementación de los protocolos de contención del Covid-19 por parte de las empresas transportadoras y la ciudadanía, que se moviliza entre Villa Rica y Puente Valencia en el Valle del Cauca.

En los departamentos de Santander y Norte de Santander se ha activado líneas telefónicas para migrantes, refugiados y colombianos retornados quienes podrán obtener orientación en medicina general, orientación jurídica, solicitud de asilo y regularización, atención psicosocial, casos de violencia sexual, de género, e información sobre el covid-19.

El Ministerio de Salud comunica que la Población migrante debe seguir recomendaciones de la COVID-19, se especifica que el objetivo de las recomendaciones a esta población es lograr el aislamiento social, prevenir, detectar oportunamente y dar tratamiento de la enfermedad de coronavirus de acuerdo a los protocolos, en donde también se establece, que los entes territoriales deben intensificar la vigilancia de salud pública en este grupo, sumado a acciones de orientación, educación, información y comunicación para la auto identificación y el reporte de síntomas. Las entidades territoriales deben garantizar la valoración, toma de muestras y protocolo de atención, como también de disponer y/o acondicionar espacios para el aislamiento preventivo de migrantes con diagnóstico de COVID-19 que no tengan un lugar de residencia.

Medidas gubernamentales

Se decreta el pago diferido en 36 meses de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible para estratos 1 y 2 facturas posteriores al 04 de abril de 2020.

También el pago diferido en 36 meses de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y/o aseo para estratos 1 y 2 por los consumos causados durante los sesenta (60) días siguientes a la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

El pasado 15 de abril de 2020, se decreta garantizar la continuidad de la prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios de Energía y Gas, durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria.

Se suspenden las acciones de desalojo, permite el reajuste de cánones de arrendamiento, determina estipulaciones especiales respecto del pago de los cánones, toma medidas frente a la propiedad horizontal en relación con el reajuste de las cuotas y explica estipulaciones respecto al inicio y la prórroga de los contratos de arrendamiento.

Se adoptan medidas en garantía de los derechos de niños y adolescentes como la posibilidad de que el ICBF pueda crear centros transitorios para la protección integral de la niñez. De igual forma que se garantizará la prestación ininterrumpida de los servicios de los Defensores de Familia y sus equipos interdisciplinarios.

Cientos de familias venezolanas en situación de calle fueron acogidos por los albergues de la Alcaldía de Medellín, en Colombia. ACNUR apoya esta iniciativa con carpas para el aislamiento de los posibles contagiados de covid-19.

Retorno de venezolanos

El aislamiento preventivo obligatorio ha tenido un fuerte impacto en la población migrante y refugiada, dado que muchos de ellos generan ingresos a través de actividades informales que han sido detenidas y no pueden garantizar necesidades básicas como alojamiento y alimentación. A partir de esta situación, se han presentado múltiples desplazamientos de retorno hacia Venezuela desde Colombia, Ecuador y Perú. Al 21 de abril Migración Colombia registró un acumulado de 36.217 personas (entre marzo y abril) que retornaron a su país de origen a causa de la crisis.

Luego del cierre de frontera se registra un total de 32.727 personas que han retornado a Venezuela por el Puente Simón Bolívar entre el 14 de marzo y el 18 de abril, de los cuales 27.729 retornaron durante los tres primeros días, lo que corresponde a población pendular que había llegado al área metropolitana de Cúcuta y estaba regresando por la intempestiva medida de cierre del paso fronterizo por parte del gobierno colombiano. Del 17 de marzo hasta el 18 de abril han retornado hacia Venezuela por el puente Internacional Simón Bolívar un total de 4.998 personas. Por el paso fronterizo entre Arauca-Apure, en el puente José Antonio Páez, se registran por organizaciones locales un total de 2.500 retornados aproximadamente. Esta cifra podría doblarse perfectamente, por el paso informal por caminos no habilitados.

Durante la semana se han registrado múltiples retornos hacia Venezuela desde diferentes ciudades del país. El 20 de abril se reportó un envío de 6 buses durante el fin de semana, con más de 310 migrantes desde Chía hasta Cúcuta, el 21 de abril se registró la llegada a Arauca, desde Bogotá, de 3 buses con 120 personas que esperan cruzar la frontera. El 22 de Abril se reportó por parte de Migración Colombia el recorrido desde Pasto de 60 migrantes que se dirigen hacia la frontera en Arauca y 60 se dirigen a la frontera con Cúcuta.

Violencia y grupos armados en frontera

La zona centro de la frontera, conformada por el Norte de Santander, es uno de los epicentros de la violencia en el marco del post-acuerdo. En esta zona, hay presencia de diversas economías tales como narcotráfico (cultivo, procesamiento y rutas de tráfico), petróleo, y extorsión. A ello se suma la multiplicidad de actores armados no estatales dispuestos a entrar en disputa por el control de las rentas y los territorios. Ello podría configurar un escenario de atomización de dichos grupos, en el cual hay una mayor probabilidad que la violencia escale.

En la zona norte, conformada por los departamentos de La Guajira y Cesar, en el primer departamento la ilegalidad ha sido estructural. En el caso del Cesar, su territorio es usado como ruta de transporte de clorhidrato de cocaína proveniente desde el Catatumbo hasta las costas del Caribe colombiano.

En el caso de la zona sur, se debe hacer una subdivisión. Por un lado, en el departamento de Arauca, a pesar de la presencia de cultivos ilícitos, se aprecia un avanzado proceso de apropiación de rentas legales que se materializa en la extorsión por parte del ELN a las empresas petroleras asentadas en el territorio. Además, Arauca se configura como la puerta de entrada al territorio venezolano, país en el que el ELN ha establecido parte de su comandancia estratégica y a través del Estado Apure ha llegado hasta el Arco Minero del Orinoco, subregión en la que regula y captura rentas provenientes de la minería legal e ilegal. El ELN controla y regula el paso de personas y el ingreso y comercialización de víveres y gasolina desde Venezuela por medio del cobro de cuotas y se le atribuye la apropiación de minerales explotados en el sur del vecino país y que luego son ingresados y transados en Colombia.

Xenofobia

Se ha reportado un crecimiento de la actitud adversa hacia los migrantes y refugiados venezolanos. Según la reciente encuesta de Invamer Gallup Poll de febrero de 2020, el 67% de los colombianos tiene una opinión desfavorable de los venezolanos que han llegado a Colombia para quedarse y el 54% se encuentra en desacuerdo con que el Gobierno los acoja. Los periodistas creen que como medida paliativa hay que ampliar el espectro de las historias humanas para incluir a los protagonistas de la sociedad receptora de los migrantes, pues no solo se trata de contar las historias de los venezolanos sino la de la persona que les brindó albergue, un vaso de agua o la gente que los moviliza.

Reporte proyectos emergencia COVID-19

Anexo 2 Reporte proyectos emergencia Covid 28042020

Fuentes consultadas