Puntos claves 8
Eventos relacionados con el Covid-19
-En relación con los retos del Covid-19 para los sistemas de salud en el mundo y específicamente en el país, Fernando Pío De la Hoz, profesor titular del Departamento de Salud Pública de la Universidad Nacional y exdirector del Instituto Nacional de Salud, señaló: “Hospitales públicos debilitados por lustros de indiferencia y corrupción son incapaces de proveer atención con calidad a sus poblaciones -Cartagena, Leticia, Santa Marta, por citar solo unos pocos- muestran la poca capacidad que ha tenido el Estado para vigilar y direccionar la prestación de los servicios de salud”.
-El Gobierno Nacional está implementando la Estrategia Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible -PRASS-, esto significa aumentar capacidad de pruebas, detección, aislamiento definido y una trazabilidad, en inicio será aplicada en Cartagena, Quibdó y Palmira.
-El departamento del Amazonas continúa teniendo la mayor cantidad de contagiados por millón de habitantes, la tasa de letalidad supera 63 veces la media nacional. El Consorcio MIRE en coordinación con La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) realizaron una misión de evaluación de necesidades a este departamento del 23 de mayo al 2 de junio, y verificaron la situación y necesidades de 15.830 personas pertenecientes a múltiples comunidades indígenas.
-La Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC- emitió Alerta por la inminente amenaza de la pandemia de Covid-19 en la Amazonia y su impacto en los pueblos indígenas, lo que es una amenaza a su supervivencia. La ONIC hasta el 8 de junio ha reportado a nivel nacional que hay 773 indígenas contagiados, 26 fallecidos. Son 32 pueblos afectados, 220 resguardos en riesgo.
-Continúa la preocupación en relación con la situación que se viene presentando en las cárceles del país a causa de la emergencia sanitaria del Covid-19. Al 25 de mayo se habían reportado 1.297 casos confirmados de Covid-19 en las cárceles; de esos casos 4 personas habían fallecido. En el centro penitenciario de Villavicencio hay 877 casos; en Leticia 143, en Picaleña 24; en la URI Bogotá 78, en Florencia 8 casos; en la Picota en Bogotá 5; en la cárcel de Cartagena, 155; en Santa Martha, 2 y en Guaduas y Barranquilla 1 caso en cada cárcel (Datos Fundación Lazos de Dignidad).
-En Cartagena, Tumaco, Barranquilla, Cali y Buenaventura, donde habitan una tercera parte de los afrodescendientes de Colombia, el coronavirus está fuera de control y cuentan con una capacidad reducida en respuesta hospitalaria. Aunque apenas equivalen al 10,2 % de la población, concentran el 30,1 % de todos los casos positivos de COVID-19 y cuatro de cada diez muertes del país ocurren en alguna de estas ciudades.
Eventos relacionados con violencias, violaciones a d.d.h.h. e intensificación de problemas sociales
-La Diócesis de Quibdó, el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato- COCOMACIA-, la Mesa Indígena del Chocó, El Foro Interétnico Solidaridad Chocó, la Red Departamental de Mujeres Chocoanas y la Mesa Territorial de Garantías Chocó, emitieron comunicado de prensa señalando que más allá de la pandemia el Chocó sufre el avance de los virus históricos de la violencia, el abandono estatal y la corrupción.
-La Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC) interpuso una tutela al Gobierno Nacional solicitando la adopción de un plan concertado y con enfoque diferencial frente a la emergencia causada por el COVID 19 respecto a los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana.
-Varios miembros del Parlamento Europeo enviaron carta a Iván Duque expresando preocupación por la situación de derechos humanos en Colombia y de paz en ocasión de la coyuntura actual de la pandemia de Covid-19. Preocupación particular por la existencia de archivos de inteligencia y de acciones de vigilancia y seguimientos ilegales por parte del ejército; la situación de personas defensoras de derechos humanos y el incremento de riesgo ante las medidas de confinamiento; y la situación de conflicto armado persistente en los territorios que sigue causando desplazamiento forzado, asesinatos selectivos, masacres, presuntas Ejecuciones Extrajudiciales y violencia sexual.
Solicitan la implementación del Acuerdo de Paz y el uso de recursos europeos para la paz en la implementación. Adicionalmente, que todas las medidas de prevención contra la pandemia y sus acciones posteriores se lleven a cabo en el total respeto de los derechos humanos y de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y de construcción de paz.
-El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), presentó este 9 de junio un informe sobre los asesinatos de líderes indígenas en el período de 2016 al 8 de junio de 2020, en el cual señalan que han sido asesinados 269 líderes indígenas. “En el 2020 han sido asesinados 47 líderes indígenas, 14 de estos durante el período de cuarentena”. Según Indepaz, el departamento donde se han presentado mayor número de asesinatos ha liderazgos indígenas desde el 2016, ha sido el Cauca, con 94 reportes, 28 corresponden al primer semestre de este año; a ese departamento le sigue en registros del 2020; Nariño con 5 asesinatos, Caquetá y Valle con 3.
-El partido colombiano FARC pidió en una reunión virtual con la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, asistencia internacional para evitar un genocidio de los excombatientes, de los cuales cerca de 200 han sido asesinados desde que se firmó el acuerdo de paz en 2016.
-Lamentablemente la violación de derechos se sigue presentando en los territorios, durante la última semana se han reportado amenazas en el Cauca contra Aida Marina Quilcue y Omaira Quilcue, consejera y autoridad indígena, respectivamente; en Bolívar una líderesa social de Mampuján, Juana Ruiz fue igualmente amenazada, al igual que la familia del líder social Leyner Palacios, quienes en Cali fueron víctimas de hostigamientos e intimidación; sumado a esta situación que afrontaron líderes y lideresas sociales, en el Caquetá, los 13 concejales del municipio de Doncello fueron intimidados y amenazados.
Estos hechos anteriores, sumados a los asesinatos reportados esta semana nos mantienen en constante preocupación y se requieren medidas del Estado para garantizar la vida e integridad de los líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos y personas reincorporadas. Durante esta semana asesinaron al líder Embera, Oscar Dicto, en Tierra Alta, Córdoba; al líder y presidente de JAC, Edison León, en San Miguel Putumayo; a Camilo Sucerquia, Carlos Barrera y William Pérez, los dos primeros menores de edad y el primero hijo de una reincorporada de las FARC, repudiable crimen que se presentó en Ituango, Antioquia; además del reincorporado Edwin Tuirán, quien fue asesinado en Juan José, Córdoba.
-La Coordinación Regional del Pacífico Colombiano (CRPC) apoyó lo expresado por la Comisión Interétnica de la Verdad de la Región del Pacífico (CIVP), por lo que emitió un comunicado señalando la falta de garantías para los líderes y lideresas del Pacífico Colombiano, indicando entre otras cosas que en los primeros cinco meses de este año han registrado más de 300 casos de violencia sociopolítica en la región del Pacífico; instan al Gobierno Nacional a asumir su responsabilidad en relación a protección a líderes; que se avance en un acuerdo humanitario inmediato; a la sociedad para que nos sumemos en rechazo a las amenazas y asesinatos de líderes y lideresas sociales y a la comunidad internacional para que exija al Gobierno el cumplimiento de compromisos internacional en materia de d.d.h.h.
-Este 9 de junio la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible de la Amazonía, señaló que la deforestación en este departamento, supera las 75.031 hectáreas taladas, agregando que tan solo en enero y abril del 2020 se tumbó la misma extensión que en todo el año pasado. Para Andrés Echeverry, integrante de Censat Agua Viva la deforestación justificada en los cultivos de uso ilícito, “lo único que ocultan es otro tipo de acciones como la ganadería y el acaparamiento de tierras en el país, lo que aumenta la desigualdad y la criminalización a las poblaciones; dando tratamiento de guerra a la deforestación”.
-Se sugiere que para las intervenciones en los territorios se tenga en cuenta el reporte de OCHA, el último informe es del pasado 3 de junio, en el señalan nuevamente como está la situación en el país, e indica pormenorizadamente las necesidades y acciones humanitarias en salud, seguridad alimentaria, nutrición y medios de vida; como de protección; agua; saneamiento e higiene; educación; logística y coordinación que se requieren en varias regiones de Colombia.
Eventos relacionados con población migrante y refugiada
-El 6 de junio de 2020, el gobierno colombiano anunció la suspensión de los corredores humanitarios que se habían habilitado durante el tiempo de la emergencia sanitaria del Covid-19 para que la población migrante venezolana que deseara retornar voluntariamente pudiera hacerlo. La determinación se tomó, según lo explica Migración Colombia, dadas las restricciones que el gobierno de Venezuela ha establecido para los ingresos en los diferentes puntos fronterizos, lo cual ha aumentado los represamientos de población migrante y refugiada en municipios de Norte de Santander y Arauca.
Se permitirá el paso de las personas que ya se encuentran en los puntos fronterizos y a caminantes; no se habilitará la salida de buses desde las ciudades. La decisión por parte de Venezuela de restringir el ingreso de ciudadanos venezolanos implica una afectación superior al 80% de la movilidad hacia este país. Entre las restricciones impuestas por el gobierno venezolano se encuentran la habilitación de los pasos fronterizos solamente los días lunes, miércoles y viernes y la disminución en la cantidad de personas que pueden cruzar. En el Puente Internacional José Antonio Páez (Arauca) solo se permitirá el paso de 100 personas al día y en el Puente Internacional Simón Bolívar (Norte de Santander) el de 300 personas.
-Los represamientos de población migrante y refugiada venezolana siguen presentándose en diferentes puntos del país, en ellos se presentan condiciones inadecuadas que implican riesgos de salud y de protección para quienes se encuentran en estos campamentos. En Pamplona – Norte de Santander, voceros de la Red Humanitaria alertaron sobre la presencia de un grupo de migrantes (entre los que se encuentran 14 niños y niñas) en una bomba de gasolina cercana a instalaciones de la Cruz Roja.
-En el norte de Bogotá, permanece el campamento que alberga a más de 500 migrantes y refugiados venezolanos que están a la espera de que se autorice su salida para la llegada a las fronteras para poder retornar a su país. Las condiciones de higiene, saneamiento y alimentación continúan significando riesgos para la salud y el bienestar de niños, niñas, adolescentes y mujeres gestantes que se encuentran allí. Durante esta semana, 30 personas fueron trasladadas voluntariamente a uno de los albergues transitorios que la Alcaldía Mayor de Bogotá ha habilitado a través de la Secretaría Distrital de Integración Social con apoyo de la OIM.
-El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, afirmó que de no recibir respuesta por parte de Migración Colombia y el gobierno nacional respecto al campamento de migrantes venezolanos que se han instalado en el Parque Las Banderas de la ciudad, procederá a desalojarlos ya que considera que podría ser un foco de riesgo de contagio.
-La organización Red en Movimiento, compuesta por académicos de diferentes universidades del país como la Universidad de Los Andes, la Universidad Javeriana, la Universidad del Externado y la Universidad Nacional de Colombia; pidieron al gobierno nacional y al gobierno distrital de Bogotá, tomar medidas adecuadas para proteger a la población migrante y refugiada venezolana que se encuentra en situación de calle. Se hizo un llamado para contar con un protocolo para los retornos y brindar asistencia a quienes se encuentran en campamentos tanto en alojamiento, como en alimentación y atención en salud. Se pidió también a la Defensoría del Pueblo valorar las condiciones en las que se encuentra esta población para poder elaborar un informe de riesgo en caso de ser necesario.
-Los desalojos de las familias migrantes y refugiadas de sus viviendas al no poder pagar el canon de arrendamiento siguen siendo uno de los principales problemas a los que esta población se enfrenta en medio de la pandemia. En Bucaramanga, la Fundación Entre Dos Tierras ha denunciado que aproximadamente se dan 25 desalojos diarios, lo que lleva a que muchos busquen desplazarse hacia las fronteras para retornar y otros construyan “cambuches” o campamentos en el espacio público. El riesgo de situación de calle ha aumentado considerablemente, respecto a esta situación, el secretario del interior de la Gobernación de Santander afirmó que se está trabajando en la habilitación de albergues temporales.
-Los migrantes en situación irregular o indocumentados pueden verse más afectados por los riesgos de la emergencia; esto puede ser más grave en el caso de las mujeres, los adultos mayores, los menores de edad y las personas en condición de discapacidad. Se citan como principales riesgos: el trato inhumano o degradante, la realización de trabajos forzosos e incluso ser víctima de esclavitud o de tráfico ilícito.
De acuerdo con una encuesta realizada por el ACNUR se solicitó a las personas que informaran sobre los incidentes sufridos o presenciados por ellos mismos o por sus familiares; el 15% de los encuestados reportó uno o más incidentes de protección. En general, el incidente más comúnmente reportado fue atraco y robo, seguido de asalto físico, asesinato y tortura. El 58% de los incidentes reportados fueron sufridos directamente por la persona entrevistada, el 34% fueron presenciados, y el 8% fueron sufridos o presenciados por un miembro de la familia. Se observó que el mayor número de incidentes en Colombia fueron reportados en Bogotá D.C. (41), seguido de Santander (19), Norte de Santander (15) y Valle del Cauca (12).
-Durante la semana, se registró una presunta violación del derecho a la salud a un migrante venezolano en la ciudad de Bogotá, quien requería una intervención quirúrgica de alta complejidad y a quien le fue negado el traslado al Hospital Santa Clara de Soacha desde el Hospital Simón Bolívar al norte de Bogotá por no pagar una suma mayor a dos millones de pesos. La familia fue atendida por la Clínica Jurídica para migrantes de la Universidad de los Andes que les asesoró para interponer una acción de tutela contra el Hospital Simón Bolívar por violarse el derecho a la salud al no permitir este traslado.
-Los GIFMM locales de Norte de Santander y Arauca, presentaron en una reunión extraordinaria del Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) llevada a cabo el martes 9 de junio, la situación de retornos que se presenta en estos territorios. En Norte de Santander se registró un aumento de caminantes de 60 a 120 diarios hacia el Puente Internacional Simón Bolívar, así mismo se evidencia el aumento de cruces por pasos irregulares en Villa del Rosario. Los principales represamientos registrados son el de la autopista de Villa del Rosario – Norte de Santander y el campamento en el Parque del Agua en Bucaramanga – Santander. En Arauca por su parte, se han identificado más de 11.000 retornos voluntarios por este punto fronterizo y se registran necesidades de saneamiento e higiene, alimentación, salud, así como la urgencia de contar con un Puesto de Mando Unificado y una mayor articulación entre organizaciones para poder dar respuesta a la crisis.
Acciones que requieren visibilización
–Desde el GIFMM se ha socializado una estrategia para dar respuesta a la creciente problemática de desalojos a la población migrante y refugiada durante la emergencia causada por el Covid-19. Se ha construido una caja de herramientas que cuenta con un instrumento de recolección de información sobre desalojos, una guía para el diligenciamiento de la encuesta en Kobo, un checklist para identificar los principales puntos de los desalojos en los territorios, un formato de plan de acción, un protocolo de desalojos y una guía de orientación y asistencia legal.
-El proyecto Migración Venezuela de la Revista Semana, publicó un informe sobre la percepción de la integración de los migrantes en Colombia en tiempos del coronavirus. Este puede consultarse en: https://migravenezuela.com/web/articulo/percepcion-de-los-colombianos-sobre-los-migrantes-en-tiempos-de-coronavirus/1924
