Puntos claves
Eventos relacionados con el contagio de Covid-19
-La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) en su boletín de sistema de monitoreo territorial indica que a corte del 11 de agosto hay 71 pueblos indígenas afectados por la pandemia, 7691 casos de indígenas contagiados y 272 personas han fallecido. Los municipios con mayor prevalencia del país y que coinciden con municipios con presencia indígena son: Buriticá (Antioquia), Taraira (Vaupés), Apartadó (Antioquia), Florencia (Caquetá), Bogotá, D.C., Montería (Córdoba) y el área no municipalizada de La Pedrera (Amazonas); así mismo, después de las cinco principales ciudades, los municipios con población indígena que reportan mayor número de casos son: Soledad (Atlántico), Montería (Córdoba), Santa Marta (Magdalena), Sincelejo (Sucre) y Pasto (Nariño), por lo que es fundamental que las Autoridades Indígenas y autoridades territoriales concerten e implementen estrategias de mitigación frente a la pandemia en los territorios indígenas y para las familias afectadas que se encuentran en las ciudades y centros poblados.
-Entre los pueblos indígenas de Colombia (para los cuales se cuenta con información), los que presentan tasas de incidencia mayores a 1.000 por 100.000 habitantes, son los pueblos Tikuna, Andoque (Amazonas), Muisca (Bogotá y Cundinamarca), y Mokana (Caquetá y Atlántico) entre los cuales el pueblo Andoque tiene una población inferior a 1.000 habitantes.
Eventos relacionados con violencias, violaciones a d.d.h.h., intensificación de problemas sociales y actualidad nacional
-La violación de derechos humanos en el país es constante y se requieren medidas inmediatas e idóneas por parte del Gobierno Nacional. Para ejemplificar la magnitud de la situación, en lo que va del año, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos ha documentado 33 masacres y viene dando seguimiento a 97 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, de los cuales, a la fecha ha verificado 45 homicidios.
-Dados los lamentables casos de esta semana donde asesinaron a niños y jóvenes en Cali (Valle del Cauca) y en Samaniego (Nariño), evidenciando la gravísima situación que afrontamos como sociedad, nos unimos al Clamor por la paz, por la vida y la reconciliación, como lo expresó el Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia, Luis José Rueda Aparicio: Clamamos por la paz en las ciudades y en los campos. No podemos esperar más.
-La Fundación Ideas para la Paz publicó esta semana un balance de la situación humanitaria en los dos primeros años del presidente Iván Duque y dijo que las víctimas de masacres aumentaron en el país en un 30%.
-Continúan las denuncias por el recrudecimiento del conflicto y las víctimas que deja a su paso, por ello los obispos colombianos rechazaron el asesinato de niños y jóvenes asesinados en Leyva, Cali y Samaniego; situación que se suma a los asesinatos y amenazas a líderes sociales y reincorporados de las Farc-Ep. Se requiere al Gobierno Nacional concentrar esfuerzos en la seguridad del pueblo colombiano y en brindar una atención integral a las comunidades que se ven fuertemente afectadas por la ola de violencia que se vive y, asimismo, seguir avanzando en la implementación de los Acuerdos de Paz.
-Durante las últimas semanas, se registraron mayores controles en los retenes ilegales impuestos a la población en el Medio Baudó y al ingreso de mercancías y pasajeros en municipios de la subregión del San Juan, el confinamiento de aproximadamente 1.270 personas en Bojayá, la retención ilegal de nueve personas y el asesinato de un líder comunitario en el Alto Baudó.
-Fecode, la Central Unitaria de Trabajadores y la Confederación de Trabajadores de Colombia, entre otros sindicatos del país, presentaron a la Comisión de la Verdad, 14 informes sobre las afectaciones del conflicto armado en sus miembros y la lucha sindical.
-Con una elección de 140 votos a favor en la Cámara de Representantes, Carlos Camargo Assis fue nombrado como nuevo Defensor del Pueblo, cargo que ocupará durante los próximos cuatro años.
-La Misión de Verificación de Naciones Unidas ha registrado 41 asesinatos de personas en proceso de reincorporación en el primer semestre de 2020, “registrando un aumento del 10% de los asesinatos contra estas personas comparado con el primer semestre de 2019″. A la fecha, 215 excombatientes han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz, en 2016.
-Continúan las denuncias por incremento en casos de reclutamiento forzado, uso, utilización y violencia sexual contra niñas y adolescentes por parte de los Grupos Armados Organizados (GAO) y estructuras criminales en municipios como Alto Baudó, Lloró, Bojayá e Istmina y Quibdó. (Bis)
-Lamentablemente los asesinatos y amenazas de las que siguen siendo víctimas los líderes y defensores de derechos humanos en el país no cesan, en la última semana se reportó el asesinato Jaime Monge, reconocido líder ambiental del parque los Farallones de Cali, fundador de la Organización ASOCAMPESINA y de la Fundación Pachamama; además que en el Resguardo Pialapí Pueblo Viejo, en Ricaurte, Nariño, se informó de una masacre que ocurrió hace más de diez días, pero por la lejanía del lugar donde ocurrieron los hechos y el temor no había sido informado a nadie, en esos lamentables hechos fueron asesinados los indígenas Awá, Jhon Kevin Guanga Guanga, de 18 años, Lumar Leonel Guanga Nastacuas, de 24 años, y Eider Sebastian Guang.
Eventos relacionados con población migrante y refugiada:
-A pesar de las restricciones de movilidad y el cierre de fronteras, continúan presentándose los retornos voluntarios de ciudadanos venezolanos a su país a causa de la emergencia por el Covid-19, en la segunda semana de agosto Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, informó que a la fecha cerca de 99.000 migrantes han retornado a su país y al menos 42.000 han manifestado esta intención. Uno de los principales puntos en los que se presentan represamientos es el Puente Internacional Simón Bolívar en Norte de Santander, las autoridades de este departamento señalaron que diariamente 2.000 personas esperan poder retornar y se contabiliza la llegada de grupos de 30 y 50 personas a Cúcuta y Villa del Rosario desde diferentes puntos del país.
-Con ocasión del cumplimiento de 5 años desde la fecha en que el gobierno venezolano estableció el cierre de fronteras con Colombia (19 de agosto de 2015) y que fue un hito en el aumento de los flujos migratorios desde Venezuela, el director de Migración Colombia Juan Francisco Espinosa hizo un balance de la respuesta del Estado durante este periodo. Precisó un avance en el combate de la apatridia, a partir de la nacionalización de más de 24.000 niños nacidos en Colombia; así como en la regularización de la población migrante, ante ello señaló que el método de identificación biométrico en el que se está avanzando, busca ser un mecanismo que favorezca el reconocimiento de la población y su acceso a servicios básicos.
Por otra parte, dentro de este balance, la Secretaria de Fronteras del departamento de Norte de Santander indicó que la pandemia ha agudizado los problemas para la población migrante y refugiada y se ha aumentado la xenofobia y las resistencias por parte de la población local. Al respecto, un estudio publicado por la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Católica del Táchira, demostró que a raíz de la emergencia, junto con la discriminación se ha aumentado la violencia basada en género, la explotación, la explotación y la trata; así mismo se han identificado riesgos como la mendicidad y la exposición al contagio de Covid-19 por falta de acceso a medidas de bioseguridad.
-A pesar de la presión social y política, Colombia ha mantenido su política de acogida y flexibilidad migratoria. En términos generales, los brotes de xenofobia han estado contenidos, aunque aumentaron a finales del año pasado durante las masivas protestas contra el Gobierno de Iván Duque. En la oleada de agitación social que sacudió a varios países de América Latina, Colombia no fue una excepción y se acusó sin pruebas a los extranjeros de agitar las manifestaciones. En Bogotá llegó a haber pintadas, algunas agresiones y quemaron los vehículos de varios bicitaxistas, uno de los oficios informales populares entre los migrantes. La tensión se calmó con el nuevo año, pero después irrumpió la Covid-19. En los últimos meses se observa un deterioro en los indicadores de las encuestas. La opinión desfavorable de la migración venezolana en Colombia tocó máximos con el disparo de la pandemia, en abril. La más reciente encuesta Invamer “Colombia Opina”, evidenció que un 57,9% de los encuestados estuvieron en desacuerdo con que el gobierno colombiano acogiera a ciudadanos venezolanos que huyen de la crisis social, económica y política de su país. Así mismo, un 63,4% expresó tener una opinión desfavorable de la población migrante y un 70,9% manifestó que luego de la emergencia sanitaria por Covid-19 la frontera con Venezuela debería permanecer cerrada. Estas cifras resultan alarmantes y llaman la atención sobre la necesidad de continuar emprendiendo esfuerzos para combatir la xenofobia y la discriminación, de manera que se pueda avanzar hacia la integración de migrantes en el territorio colombiano.
-La Oficina de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas informó que entre los meses de julio y agosto del 2020, se han presentado más de 1.000 desplazamientos forzados en la frontera Colombo-Venezolana, particularmente en los territorios de Norte de Santander y el estado Zulia, a manos de grupos armados ilegales que controlan la zona. Se han venido dando respuestas desde la articulación entre la Secretaría de Fronteras y agencias de cooperación internacional para ofrecer asistencia humanitaria y establecer acciones de prevención del contagio para quienes han sido afectados por estos hechos.
-El 31 de julio de cada año se conmemoró el Día Internacional Contra la Trata de Personas, en ese espacio se reunieron las diferentes organizaciones nacionales e internacionales y entidades estatales para debatir la situación que se está presentando a diario respecto a este delito, diferentes expertos indicaron que: Las cifras sobre casos de trata de personas presentadas por el Gobierno nacional suponen niveles más elevados que en otros países de Latinoamérica. “Antes de la crisis sanitaria por la covid-19, el reporte oficial que se tiene es absolutamente preocupante. La Cancillería colombiana habló de alrededor de 214 casos identificados de 2015 a 2019. Son más altos en comparación con otros países”, expresó durante su participación Felipe Vernaza, defensor delegado para la Población en Movilidad Humana, de la Defensoría del Pueblo. La emergencia sanitaria por la covid-19 también ha contribuido a que estas organizaciones criminales que operan en el país hayan incrementado su actividad en la medida en que también aumentó la vulnerabilidad de los migrantes, quienes en una proporción importante -cercana al 90 por ciento según cálculos del Observatorio del Proyecto Migración Venezuela.
-La organización social El Derecho a No Obedecer, en alianza con el Observatorio sobre racismo, xenofobia y odio de la Fundación Interpreta y el Observatorio de Migraciones de la Universidad Externado de Colombia han puesto en marcha el instrumento “Barómetro de Xenofobia” a través del cual se busca identificar expresiones de discriminación en las redes sociales y como estas se van propagando generando un estigma hacia la población migrante y refugiada. En los hallazgos de los meses de junio y julio pudo identificarse que las principales tendencias están asociadas al crimen. Se espera que a medida que avance el proyecto se puedan crear estrategias interinstitucionales e intersectoriales para combatir la xenofobia, potenciando también el uso de redes sociales virtuales para ello.
-Esta semana se registró la detención de un grupo de militares de la Guardia Bolivariana en la Guajira. Luego de haber recibido denuncias por parte de la población Wayú, que alertó sobre amenazas e intimidaciones a la comunidad, el Pelotón Bosnia 1 del Ejército Colombiano capturó a tres uniformados del vecino país, que en su defensa señalaron estar buscando agua y otras provisiones que no encontraban en el lugar en el que estaban localizados. Fueron trasladados desde Castilletes hasta Maicao para ser expulsados por parte de Migración Colombia a través del punto fronterizo de Paraguachón.
-El retorno de colombianos que residían en el exterior también se ha presentado como uno de los principales fenómenos en el marco de la emergencia social y sanitaria causada por el Covid-19. Migración Colombia anunció que a la fecha, se han registrado 32.000 ingresos de connacionales a través de 280 vuelos humanitarios y 1.800 personas han ingresado de forma terrestre a través del Puente Internacional de Rumichaca en la frontera con Ecuador.
-Según la publicación realizada por la Revista Semana, el 11 de agosto del año en curso más de 82.000 venezolanos han renovado el Permiso Especial de Permanencia, la mayoría entre los 18 y 39 años de edad, el trámite inicio el 6 de julio en línea, solamente aplicaba para 281.000 que se censaron en el registro administrativo de migrantes venezolanos (RAMV).
-El 14 de agosto, en una operación articulada por la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y Migración Colombia, fueron capturadas 10 personas acusadas de presunto tráfico de migrantes en la frontera Colombo-Ecuatoriana. Esta red cobraba entre 100 y 600 dólares a cada persona para pasarlos a través de un cable por debajo del Puente Internacional de Rumichaca, los trasladaban en territorio colombiano a través de trochas o en buses hasta Necoclí y Turbo.
-El pasado viernes 14 de agosto se conoció una declaración firmada por 31 Estados que apoyan el cambio democrático en Venezuela y hacen un llamado a que las distintas instituciones del país apoyen elecciones libres en todas las instancias, superando diferencias políticas e ideológicas y poniendo por prioridad la crisis humanitaria que vive este país de manera pacífica. Los países firmantes hacen parte del Grupo de Lima, el Grupo Internacional de Contacto y la Unión Europea.
Acciones que requieren visibilización
-Los niños, niñas y adolescentes que están matriculados en los colegios públicos de Bogotá y continúan con sus actividades en casa, han recibido bonos por $50.000 por parte de la Secretaría de Educación Distrital para reclamar alimentos en almacenes de cadena. Por otra parte, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) expidió la Resolución 298 de julio de 2011 que permite que los migrantes validen el bachillerato en el país, incluida la Prueba saber 11, con su documento de identidad venezolano.
-Migración Colombia levantó la suspensión de algunos trámites que pueden realizarse a través de su página web como lo es el certificado de movimientos migratorios. Así mismo se abrió la renovación en línea del PEP-RAMV y se expidió el Decreto 1016 de 2020 a través del cual se aumenta la vigencia de los salvoconductos de permanencia de 30 días a 180 días. Los trámites de cédula de extranjería y salvoconductos se mantienen suspendidos.
-Continuamos resaltando que el Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo -SINDHEP-, publicó una cartilla de la Fundación PODION con la cual se busca “contribuir al reconocimiento de los riesgos para la vida en el contexto y como consecuencia de la pandemia”. La cartilla está dirigida a organizaciones defensoras de derechos humanos, organizaciones humanitarias, organizaciones sociales, así como a personas preocupadas por la protección y el cuidado de la vida.
-Resaltamos la importancia del curso de extensión ‘Elementos para mejorar la prevención, atención y vigilancia epidemiológica de los casos de COVID-19 en comunidades indígenas de la Amazonia colombiana’, que fue realizado gracias al apoyo y financiación de la Universidad Nacional de Colombia Sede Amazonia, el Instituto Amazónico de Investigaciones Imani, Sinergias—Alianzas Estratégicas para la Salud y el Desarrollo Social, Amazon Conservation Team, y la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC), con el acompañamiento y asesoría de las organizaciones indígenas Asociación de Cabildos Indígenas del Trapecio Amazónico (ACITAM), la Asociación Ticuna, Cocama, y Yagua (ATICOYA), la comunidad de San Sebastián de los Lagos, la Asociación Zonal de Cabildos Indígenas de Tradición Autóctona (AZCAITA), el Cabildo de Pueblos Indígenas Unidos de Leticia (CAPIUL), los Defensores de los Saberes Ancestrales (TIWA), Cabildo Indígena de herederos del tabaco, la coca y la yuca dulce (CIHTACOYD), y la Parcialidad de Monilla Mena Km 9. Este documento puede ser guía con los respectivos ajustes para otras poblaciones.
-Se sugiere que para las intervenciones en los territorios se tenga en cuenta el reporte de OCHA, el último informe es del 12 de agosto, en el señalan nuevamente como está la situación en el país, e indica pormenorizadamente las necesidades y acciones humanitarias en salud, seguridad alimentaria, nutrición y medios de vida; agua; saneamiento e higiene; educación; logística y coordinación que se requieren en varias regiones de Colombia.
