Puntos claves
-El Secretariado Nacional de Pastoral Social/Cáritas Colombiana (SNPS/CC), y las Jurisdicciones Eclesiásticas se encuentran afrontando la crisis, lastimosamente el número de personas enfermas y fallecidas por el Covid-19 continúa en aumento, durante este mes lastimosamente fallecieron dos sacerdotes de la Diócesis de Tumaco, Juan Carlos Valencia y Juan Gerardo Triviño, sumándose a las 630 víctimas fatales que tiene el país a la fecha. Para apoyar en esta crisis como SNPS/CC estamos implementando la Respuesta Estratégica Institucional ante la Emergencia Social por la pandemia.
-Como SNPS/CC somos conscientes que en esta época los impactos de la pandemia afectan toda la población, pero se debe poner énfasis en las poblaciones vulnerables, porque su condición genera aún más retos para enfrentar la situación, especialmente aquellos que sufren de la inequidad, la de género y de acceso a derechos económicos y sociales (Guía práctica de respuestas inclusivas y con enfoque de derechos ante el Covid-19 en las Américas. Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad (SARE. OEA. 2020).
-Se sugiere que para las intervenciones en los territorios se tenga en cuenta el reporte de La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios –OCHA-, del 13 y 18 de mayo, que señalan como está la situación en el país, e indica pormenorizadamente las necesidades y acciones humanitarias en salud, seguridad alimentaria, nutrición y medios de vida; como de protección; agua; saneamiento e higiene; educación; logística y coordinación que se requieren en varias regiones de Colombia.
-La población migrante y refugiada se ha visto gravemente afectada por la pandemia y por las medidas de aislamiento, desde el inicio de la emergencia en marzo de 2020 se han incrementado los retornos voluntarios hacia Venezuela, que suponen riesgos en términos de contagio, condiciones inadecuadas de higiene y alimentación y una posible exposición a situaciones de persecución una vez retornados. Así mismo, las personas que permanecen en Colombia se han enfrentado a desalojos, disminución del número de comidas y otros factores que aumentan la vulnerabilidad socioeconómica y psicosocial.
-Como SNPS-CC es importante continuar participando en espacios de construcción colectiva de estrategias con otras organizaciones, así mismo es importante visibilizar las acciones que desde la institución se han emprendido en la respuesta solidaria a la crisis.
Eventos vinculados a la propagación del Covid-19:
-La Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC- emitió Alerta por la inminente amenaza de la pandemia de Covid-19 en la Amazonia y su impacto en los pueblos indígenas, lo que es una amenaza a su supervivencia. La ONIC ha reportado que hay 290 indígenas contagiados, 9 fallecidos, 222 de esos casos son en Leticia, Amazonas. Son 23 pueblos afectados, 324.301 familias indígenas y 143 resguardos en riesgo, mientas 535.113 familias están en crisis humanitaria.
-En la cuenca del Amazonas se contabilizan 20.000 contagios en comunidades indígenas, según datos de la Organización Panamericana de la Salud. Esa selva compartida (Brasil, Colombia y Perú) que tiene en común la precariedad de los servicios en salud y focos de casos es evidencia clara de que la pandemia es un problema que puede agravarse en los pasos internacionales en donde confluyen población originaria, desplazados internos y migrantes internacionales.
-La situación en las cárceles continúa estando desbordada y se agrava conforme pasa el tiempo, al 18 de mayo se han reportado 1.034 casos confirmados de Covid-19, en el centro penitenciario de Villavicencio hay 867 casos; en Leticia 90, en Picaleña 24; en la URI Bogotá 32, en Florencia 8 casos; en la Picota en Bogotá 5; en Guaduas, Cartagena y Barranquilla, 1 caso en cada cárcel.
Eventos vinculados a violencias, violaciones de derechos humanos e intensificación de problemas sociales:
-Las ayudas humanitarias en esta crisis no dan abasto, dada la desigualdad social que existe en el país muchas personas se ven obligadas a ir a trabajar para lograr el sustento de sus familias; en varias comunidades no se cuenta con agua, esto, más otras situaciones llevan a protestas y bloqueos, pero tristemente desde que empezó el simulacro de aislamiento en Bogotá y la posterior cuarentena en el país, 25 personas han perdido la vida durante protestas sociales, 92 han resultado heridas y 35 han sido detenidas.
-Debemos permanecer alertas dado el impacto desproporcionado de la crisis por la pandemia de COVID –19 sobre las niñas y las mujeres en su diversidad en Colombia, ya que persisten los casos de violencia intrafamiliar y VBG.
-El 30 de abril la Defensoría del pueblo emitió la Alerta Temprana N° 018-2020 de Inminencia, “debido a la situación de riesgo que afrontan los territorios con presencia y accionar de actores armados no estatales y grupos armados de delincuencia organizada por cuenta de los efectos y las medidas adoptadas para afrontar la emergencia sanitaria derivada por la pandemia COVID-19”.
–El Poder junto a la Fundación Paz y Reconciliación encontraron presuntas irregularidades en contratos hechos en medio de la crisis del COVID-19. La investigación encontró 313 contratos de 118 entes territoriales en 29 de los 32 departamentos de Colombia, que suman miles de millones de pesos de pesos, en los cuales habría presuntas irregularidades.
-En los departamentos como Cauca, Nariño, Bolívar, Valle del Cauca, Guaviare, Putumayo, entre otros, los actores armados ilegales han circulado comunicados y panfletos entre los cuales es común el respaldo al aislamiento con imposición de regulaciones y normas de conducta, así como amenazas de homicidio, agresión, desplazamiento forzado y restricciones a la movilidad, bajo el argumento de prevenir la propagación del contagio.
-La situación de seguridad y orden público sigue siendo preocupante durante este periodo de cuarentena, han sido asesinados 30 líderes sociales y defensores de derechos humanos, de acuerdo con los datos, el 88% de los asesinatos desarrollaban trabajos de defensa de derechos humanos en territorios rurales. Los departamentos de Cauca, Putumayo y Norte de Santander son los lugares donde se han producido, este año, los mayores números de crímenes de líderes sociales, según un informe de las autoridades y el Ministerio del Interior. El reporte de las autoridades señala que, en el Cauca en lo que va de este año han sido asesinados 6 líderes sociales, en el Putumayo 5 y Norte de Santander 4. Le siguen otras regiones como: Huila y Valle del Cauca con 3 casos y Bolívar, Chocó y Antioquia con 1 caso en cada de uno de los departamentos.
-La situación de orden público en el Cauca es tan grave que el 6 de mayo se realizó por parte de la Comisión Segunda del Senado, Control político al Gobierno Nacional por situación de violencia en el Cauca. En esa línea, la Comisión de la Verdad, denunció que en lo corrido del año 2020 se han registrado cinco masacres en el departamento del Cauca, de las cuales cuatro fueron ejecutadas en el mes de abril. La organización también señaló que, desde la firma del acuerdo de paz con las Farc en el año 2016 hasta el 30 de abril de 2020, 215 defensores de derechos humanos han sido asesinados en ese departamento.
-A la fecha se encuentran activos los planes de contingencia en los oleoductos Caño Limón-Coveñas y Bicentenario, en Arauca, y el Transandino en Nariño, dadas las emergencias ocasionadas por atentados ocurridos desde el pasado 2 de mayo por parte del Ejército de Liberación Nacional -ELN-.
-La Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia -COALICO- , alertó sobre el reclutamiento de menores, anunciando que, en lo que va del 2020, al menos 129 niñas, niños y adolescentes han sido reclutados o vinculados a grupos armados, principalmente en Valle del Cauca, Antioquia, Cauca, Chocó y Nariño. Desde el inicio de la cuarentena y la suspensión de clases, ha sido una causa del aumento de los casos de reclutamiento; hay registros en abril sobre siete eventos de reclutamiento entre los que se afectaron 31 niños, niñas y adolescentes.
-Otras situaciones estructurales y naturales que están impactando las zonas del país durante esta época, son algunas de las resaltadas por OCHA, quien señala las afectaciones causadas por el desbordamiento del río Chicué en el municipio de Bojayá (Chocó), la sequía en la costa pacífica nariñense, y los riesgos por malaria y dengue en municipios donde las capacidades de atención en salud están desbordadas.
-Se han incrementado por parte del Ejército Nacional de Colombia, los operativos de Erradicación Forzada en el país y con ello se han denunciado por parte de las comunidades el asesinato de por lo menos 4 campesinos y varios lesionados adscritos al programa de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito; estos lamentables hechos se han presentado en Nordeste de Antioquia; en zona del Catatumbo; en Caquetá; Nariño, Córdoba, Putumayo y Cauca.
Eventos vinculados a la crisis que atraviesa la población migrante y refugiada:
-La crisis de salud causada por la Covid-19 y el impacto económico de las medidas para contenerla, como el aislamiento obligatorio, han motivado la salida de 55.888 venezolanos entre el 14 de marzo y el 13 de mayo de 2020. Los movimientos, sin embargo, generaron concentraciones –y por lo tanto, focos de contagio– en ciertas ciudades, como Bucaramanga. A mediados de abril, miles de personas, que llegaron en buses desde otras zonas del país, se aglomeraron en la plaza del Agua, en la capital de Santander. Aunque el número ha venido disminuyendo, varios cientos bloquearon la vía hacia Norte de Santander demandando un bus para regresar a su país. La ciudad desde la que más han salido buses con migrantes es Bogotá, con 7.429 personas entre el 4 de abril y el 11 de mayo. Es seguida por Bucaramanga, de la que han salido 3.390 y la tercera con mayor flujo es Cali, con una cantidad de 1.497.
-La capacidad de recepción de Venezuela a la población que retorna es limitada, los ingresos que han sido habilitados por parte del gobierno de este país son restringidos, permitiendo solamente el cruce de 300 personas por Villa del Rosario en Norte de Santander, 100 personas en el punto fronterizo con Arauca y finalmente, en La Guajira el corredor no está habilitado de manera permanente sino ocasional. Esto ha llevado a problemáticas como el hacinamiento y la exposición a riesgos de contagio en los puntos de llegada de buses y caminantes, el 20 de mayo se reportó el hacinamiento de 7000 migrantes en el municipio de Villa del Rosario en Norte de Santander. Así mismo, se presenta una situación de riesgo en el retorno debido a la situación política de Venezuela, desde el Gobierno del vecino país se adelanta el denominado “Plan Escudo” para controlar la entrada y la salida de personas, argumentando un potencial riesgo para el gobierno y manifestando que de ser necesario, someterían a quienes consideren a la justicia militar.
-Según el informe del Instituto de Medicina Legal en los primeros cuatro meses del 2020 se reportaron 278 venezolanos muertos violentamente, lo que equivale a 2,3 al día. Específicamente se han reportado 16 suicidios, 37 muertes en accidentes de tránsito, 35 homicidios con arma blanca, 114 homicidios con arma de fuego, 7 homicidios en riñas, 31 muertes naturales y 38 muertes violentas asociadas a otras causas. Las regiones con más casos este año son: Norte de Santander, con 170 casos; La Guajira, con 70; Atlántico, con 71; Antioquia, 66; Valle del Cauca, 63; Cesar, 51; Arauca, 51, y Bolívar, 44. Según cifras de Migración Colombia, en cuatro de esas regiones está el mayor porcentaje de los migrantes venezolanos. Esas regiones son Norte de Santander, Atlántico, La Guajira y Antioquia.
-El protocolo seguido para los retornos y que la Procuraduría ha establecido como obligatorio en coordinación entre autoridades locales y migratorias inicia con solicitud de los migrantes ante los gobiernos municipales, estos comparten la información con Migración Colombia y teniendo en cuenta que en la frontera se reciben un número limitado de personas diarias de 8 am a 3 pm, se adelanta el protocolo. Lo primero que se hace es la desinfección del grupo, luego, la persona debe suscribir un acta de retorno voluntario y verificación de migrantes: cuántos masculinos, femeninos, menores, cuántos tienen permiso especial de permanencia, cuántos han solicitado trámite de refugio en el país, o si hay una situación especial migratoria. Después de esto se hace el tamizaje en salud y pasan a un lugar de aislamiento donde les dan un almuerzo y abordan el bus, a algunos les dan un refrigerio para el viaje. Tanto los buses como los conductores son sometidos a un control por parte de las autoridades de transporte, para verificar condiciones del conductor y del vehículo; finalmente llegan a la frontera.
-El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinoza, anunció que los migrantes que retornen a Venezuela sin pasar por el protocolo de articulación con las autoridades locales y migratorias, serán sancionados y vetados para ingresar nuevamente al país[20].
-Durante el mes se registró una situación crítica en la frontera colombo-ecuatoriana. Se registraron múltiples represamientos de la población migrante venezolana que se encontraba en Perú y Ecuador y buscaban retornar a su país a través del paso por Colombia. Ante esta situación las autoridades de los dos países tomaron diversas medidas, teniendo en cuenta que el paso por el Puente Internacional de Rumichaca se encuentra cerrado como parte de las medidas tomadas por el gobierno nacional para prevención del contagio. Se implementó la llamada “Operación Espejo” en la que la fuerza pública colombiana y ecuatoriana se articularon para evitar pasos por cruces irregulares. Sin embargo, se ha identificado un alto volumen de migrantes venezolanos que atraviesan estas zonas sin protección, exponiéndose al contagio y a su vez, se denuncia también la presencia de los denominados “coyotes” que cobran entre 20 y 30 dólares a los caminantes para permitirles el ingreso a Colombia.
-Se identifica que existe un gran desacato por parte de los arrendadores de inmuebles del Decreto 579 del 15 de abril de 2020, que prohíbe desalojos. Los casos de amenazas y actos de fuerza para desalojar a los migrantes cada día se aumentan, por lo que se ha estado brindando orientación continua, en la cual se le remite la norma, pero también se le indica que se ponga en contacto con a la Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional. De esta orientación inicial también se desprenden dificultades porque las autoridades no están respondiendo de la manera adecuada y como se espera.
-Además de afectar las condiciones de subsistencia en términos de alojamiento y alimentación para la población migrante, el aislamiento ha tenido impactos negativos en la garantía del derecho a la educación de los menores de las familias. La educación virtual ha supuesto retos de adaptación y de acceso para el proceso educativo, Hacer las tareas virtuales que los profesores envían es difícil al no contar con un computador en casa ni acceso a internet. Las familias deben hacer recargas al celular que comprometen la satisfacción de otras necesidades, mientras que otros no han podido continuar con las actividades educativas.
-La población migrante en condición irregular (para el 31 de diciembre de 2019 de 1.771.237 de venezolanos en Colombia, 1.017.152 se encontraba en condición irregular) se encuentra en una situación especial de vulnerabilidad respecto al acceso a salud. Es importante resaltar a este respecto, que en las cifras que se emiten respecto al contagio de Covid-19 no se cuenta con información detallada sobre la situación de esta población.
Medidas a tener en cuenta para orientar a la población durante la crisis:
Acciones y respuestas que requieren visibilización:
-En respuesta a la crítica situación del Amazonas, Acción Contra el Hambre (ACH) realizo diagnóstico rápido de necesidades, dado que es el departamento con el índice más alto de muertos por millón de habitantes, con 451.
-La Defensoría del Pueblo publicó una guía para la protección y garantía de derechos humanos para niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). A partir de este material se reconoce la importancia de establecer acciones para mitigar los riesgos a los que los NNA están expuestos como la xenofobia, la desescolarización, la violencia intrafamiliar entre otros. Entre los principales puntos que aborda se encuentran: a) la comprensión de la dinámica migratoria de los territorios, la priorización de poblaciones y la articulación interinstitucional, la prevención del reclutamiento forzado y la explotación de menores, la reducción de la situación de calle, el desarrollo de estrategias para la promoción de derechos, el conocimiento de la normatividad nacional, la promoción del desarrollo social, la prevención de la xenofobia y la socialización de recomendaciones respecto a la pandemia Covid-19. Los destinatarios del documento son las Alcaldías y gobernaciones y puede encontrarse en línea en el siguiente enlace: http://s3.amazonaws.com/semanaruralvzla/carpeta_ckfinder/files/NPrieto/Gui%CC%81a%20para%20Gobernaciones%20y%20Alcaldi%CC%81as_Nin%CC%83ez%20Migrante_280420.pdf
-El 12 de mayo de 2020 la OIM y el ACNUR emitieron un comunicado conjunto en el que reconocen los desafíos que la emergencia Covid-19 ha implicado para la atención a población migrante y refugiada; entre ellos la pérdida de medios de vida, los desalojos, el aumento de la estigmatización y el riesgo de explotación y abuso. Ante este panorama, se desarrolló la revisión del Plan de Respuesta Regional a Refugiados y Migrantes (RMRP por sus siglas en inglés) que pasó de tener 1.350 millones de dólares a finales de 2019 a 1.410 millones para atender la emergencia Covid-19. Un tercio de estos fondos se han destinado para atender las principales necesidades que plantea la crisis, entre ellas la alimentación, el alojamiento y la salud; así mismo se han priorizado las trasferencias monetarias y las instalaciones móviles de salud para prueba y derivación de casos de Covid-19. Las organizaciones que hacen parte del plan de respuesta continúan su asistencia de manera remota y apoyan a las autoridades locales en las respuestas para la población migrante y refugiada.
-El Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) continúa dando respuesta a la emergencia y a las principales necesidades de la población migrante y refugiada. Para la semana en curso se reportaron acciones en Antioquia, Arauca, Bogotá y Región, Cesar, la Costa Caribe, la Guajira, Nariño, Norte de Santander, Santander y Valle del Cauca. Entre las respuestas se destacan la entrega de kits alimentarios y de higiene, la habilitación y asesoramiento técnico en medidas de bioseguridad para alojamientos temporales, la atención médica y psicológica para población migrante y refugiada, acciones de protección a niñez y a mujeres gestantes y lactantes, la instalación de equipos de agua y saneamiento en los territorios, el acompañamiento a violencias basadas en género, la orientación a través de líneas de atención, el aumento de las transferencias monetarias, la habilitación de puntos de atención en salud y triage y la articulación entre miembros del GIFMM y las autoridades locales para las entregas de mercados a población migrante y refugiada por parte del gobierno nacional a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Así mismo, en Bogotá se está adelantando un diálogo con la Alcaldía Mayor para firmar un convenio para el intercambio de bases de datos de población migrante y refugiada para entrega de transferencias monetarias.
-El proyecto Migración Venezuela de la Revista Semana ha recogido historias de migrantes que en medio de la emergencia por Covid-19 han aportado desde sus labores y sus conocimientos a enfrentar la crisis en Colombia. Las historias pueden encontrarse en: https://migravenezuela.com/especial-coronavirus-chamos-por-colombia
