Propuestas para una política pública migratoria integral: migrantes y refugiados sujetos de derechos
El pasado 05 de noviembre se realizó el foro “Construyendo propuestas para una política pública migratoria integral: migrantes y refugiados sujetos de derechos”, una iniciativa del Servicio Jesuitas para Refugiados (JRS) y el Secretariado Nacional de Pastoral Social / Cáritas Colombia (SNPS/CC). El Padre Enán Humánez, subdirector del SNPS/CC brindó a los asistentes un recorrido histórico de las migraciones en el país y planteó los retos que como Iglesia Católica se perciben en la construcción de una política migratoria.
En la primera parte de su ponencia, el Padre Humanéz reconoció cómo Colombia cuenta con una historia de movimientos poblacionales que incluyen emigración, inmigración y desplazamiento interno. Estos movimientos datan de épocas precolombinas: el encuentro entre la cultura europea e indígena que produjo afectaciones en los pueblos indígenas y la introducción de población africana y posteriormente se presentan flujos inmigratorios árabes, judíos, gitanos, alemanes, franceses, italianos, británicos y jamaicanos; emigración hacia Norteamérica y países europeos, y también, procesos de desplazamiento interno que de acuerdo con las cifras de la Unidad para las Víctimas, entre los años 1998 y 2010 presentaron los máximos históricos, alcanzando en el año 2002 una cifra de 770.000 personas expulsadas.
Colombia ha sido un país emigrante histórico, por ello es importante según el Padre Humanéz, comprender esta dinámica que abarca varias décadas del último siglo: “la emigración se ha dado por motivos económicos y a causa del Conflicto Armado Interno. Desde finales de los años 70, se presentó un incremento de la migración de colombianos hacia Ecuador, Estados Unidos y Venezuela por el boom petrolero en Ecuador y Venezuela, y la búsqueda de nuevas oportunidades por parte de profesionales y técnicos en Estados Unidos. Durante los años 90, a causa de las consecuencias del narcotráfico, la agudización del conflicto armado interno, la crisis del café de 1989 y la crisis económica de 1999, se presentó una intensificación en la emigración colombiana hacia nuevos destinos y con participación de otros sectores en la sociedad. El destino principal elegido por los colombianos fue España, entre otras razones se puede mencionar por cercanía cultural, por la lengua y por su atractivo económico y laboral. Posteriormente, después del año 2000, otros países como Canadá, Nueva Zelanda, países asiáticos y, especialmente, países latinoamericanos del cono sur, se convirtieron en destinos atractivos para los colombianos en materia educativa y laboral por su cercanía geográfica, su coincidencia cultural y economías pujantes”.
A partir de 2003 se incrementó la actividad estatal en aspectos relacionados con el ingreso de inversionistas extranjeros dentro de un modelo económico que proyectó para la época. Pero solo hasta 2009 el gobierno a través del Consejo Nacional de Política Económica y Social preparó el primer plan e implementación de una verdadera política pública.
A partir del año 2010 la inmigración ha tenido un aumento significativo. Migración Colombia registró, entre diciembre de 2011 y diciembre de 2012 un incremento de un 10,12% en la entrada de extranjeros al país, mientras que su salida lo hizo en un 8,55%. Los principales flujos migratorios provienen de Venezuela, Ecuador y Estados Unidos.
Según el censo de 2018 presentado por el DANE en dicho año había alrededor de 900.000 extranjeros residiendo en Colombia. No obstante, a causa de la agudización de la situación humanitaria en Venezuela, según los últimos reportes de la entidad y la cancillería colombiana, la cifra de venezolanos en Colombia llegaría a casi 1.500.000 personas.
En cuanto a la respuesta de la Iglesia colombiana frente al tema, el Padre Enán Humánez afirmó que en Colombia sigue vigente preguntarse hasta qué punto la movilidad es expresión de la libertad o no es más bien la manifestación tangible de la enorme falta de oportunidades y el fruto de todo tipo de violencias.
“La Iglesia católica en Colombia ha respondido a las necesidades de los flujos migratorios mixtos de forma solidaria en las 76 Jurisdicciones Eclesiásticas desde la acogida, la promoción, la protección y la integración. El Secretariado Nacional de Pastoral Social/Caritas Colombiana definió como línea estratégica de acompañamiento el enfoque de paz y desarrollo para migraciones”, añadió el Padre.
Esto ha permitido que la institución brinde una respuesta articulada a las necesidades, oportunidades y desafíos que enfrenta el país como resultado de las situaciones coyunturales que se presenten con los flujos migratorios. Así mismo, se trabaja principalmente en respuesta solidaria en crisis y recuperación del tejido social, proyección, estabilización y realización del futuro deseado, que conlleve en el mediano/largo plazo a la transformación positiva de la condición inicial de la población migrante.
El acompañamiento de la Iglesia Católica está relacionado con cambios en los niveles de relacionamiento de la población en contexto de movilidad: personal, familiar, social y estructural, que en lógica de trabajo con la población de interés están enmarcados en los resultados definidos para la intervención: Acogida; Protección; Promoción; e Integración.
De esta manera, se enfrentan diferentes retos en materia de la formulación y ejecución de políticas públicas. Principalmente relacionados con la protección de los derechos de los migrantes y la generación de oportunidades para todos los habitantes del territorio colombiano, sin generar distorsiones económicas que se traduzcan en manifestaciones xenófobas, inequidades, discriminaciones o conflictos sociales.
Los esfuerzos paulatinos del Estado Colombiano en términos de política pública e implementación de esta han sido conforme a desafíos a los que se ha enfrentado, y esto siempre se ha encaminado a un reto de protección de derechos humanos de migrantes, aun en el contexto de premura actual de la migración venezolana.
No obstante, la actual política pública pese a contar con bases sólidas, aún se encuentra en proceso de construcción y en búsqueda de su enfoque de derechos, por lo que hoy estamos aquí reunidos para aportar a la construcción e implementación de la misma, donde prime el respeto y la protección de los derechos humanos de los migrantes y se dé bajo un marco conceptual a través del cual la protección de la persona se sitúa en el corazón de la política pública.
