Pastoral Social realiza seguimiento a la implementación de los Acuerdos de Paz
Bogotá, noviembre 28 del 2017. A un año de la firma del Acuerdo entre las FARC y el Gobierno Nacional, este 24 de noviembre el área de incidencia legislativa del Secretariado Nacional de Pastoral Social publicó el segundo boletín de actualización del documento “Avances en la Implementación del Acuerdo de Paz. Oportunidades y desafíos” con los acontecimientos más relevantes referentes al Acuerdo de Paz entre octubre y noviembre de 2017.
En este segundo boletín los datos giran alrededor de tres aspectos: Cese al fuego, desarme y reintegración; desarrollo normativo del acuerdo de paz; y materialización local de las instancias territoriales.
Cese al fuego, desarme y reintegración
El Mecanismo de Monitoreo y Verificación certificó el término y cumplimiento de las actividades del proceso de Dejación de Armas de las FARC luego de que el pasado 6 de octubre finalizara la entrega formal de 69.034 kilogramos de armamento y munición por parte de las FARC al Gobierno Nacional.
Por otro lado, con el Aval del Consejo Nacional Electoral, el 1 de noviembre el nuevo partido político FARC anunció su entrada oficial a la política legal presentando sus candidatos para las elecciones, tanto parlamentarias como presidenciales, del 2018.
Adicionalmente, según se confirmó en el informe final del Secretario General de Naciones Unidas, el Consejo Nacional de Reincorporación no ha logrado definir la estrategia general del proceso de reincorporación económica y social. Hasta el momento no hay claridad sobre si los exguerrilleros que han salido de las zonas de concentración están haciendo su proceso de reincorporación.
Desarrollo normativo del acuerdo de paz
Los avances de la implementación del Acuerdo de Paz en el tema normativo no son los esperados. A la fecha, de los 20 proyectos de ley y acto legislativo presentados por el Gobierno para desarrollar los puntos pactados con las FARC, solo se han aprobado 7.
Por otro lado, aunque después de varios meses la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del Acto Legislativo 01 de 2017 con el cual se crea la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el fallo hizo algunas salvedades que han despertado grandes críticas por parte de los representantes de las FARC.
También se expidió el decreto 1829 por el cual crea el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO) o Portal de la Paz, un portal a través del cual se hará pública la información de los recursos del posconflicto.
Finalmente, se conocieron los nombres de las personas que conformaran la Comisión de la Verdad, entre ellos el sacerdote jesuita Francisco de Roux, quien fue electo, como presidente de la misma.
Materialización local de las instancias territoriales
Con la expedición del decreto ley 896 de 2017 por cual se crea el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS) y el inicio formal de la implementación del Plan de Atención Inmediata (PAI), que permitirá a los cultivadores acogerse a planes de sustitución voluntaria, comenzó la materialización en territorio de lo pactado en el punto cuatro del Acuerdo.
Por otro lado, el capítulo étnico del Acuerdo de Paz sigue sin presentar avances, lo que ha ocasionado que los pueblos étnicos continúen exigiendo que se tenga en cuenta el capítulo étnico en la implementación del Acuerdo.
Además, existe una gran preocupación porque después del fin del conflicto armado con las FARC, han aumentado las agresiones y homicidios en contra de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Los diferentes informes de organizaciones de la sociedad civil hablan de un promedio de 108 líderes asesinados desde que la firma del Acuerdo, es decir, un asesinato cada dos días. Cabe mencionar que dos de los líderes asesinados en Tumaco hacían parte del equipo trabajo de Pastoral Social. José Jair Cortes era miembro del proyecto de Prevención de Minas Antipersonales y Luz Yeni Montaño, una de las líderes parroquiales.