Indígenas Zenú realizaron ronda de incidencia política en busca de garantías de protección y desarrollo comunitario
El gobernador y cacique mayor Irrael Manuel Aguilar Solano, y los caciques menores Meisa Montalvo y Julio César Vergara, en calidad de representantes del resguardo indígena Zenú del Alto San Jorge, realizaron una ronda de incidencia en Bogotá hace algunos días, con el objetivo de visibilizar la situación de seguridad con organismos internacionales y articular acciones con instituciones públicas para garantizar la protección y el desarrollo comunitario del pueblo indígena.
La ronda fue acompañada por el Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas Colombiana, en el marco del desarrollo del Proyecto Defensores de Derechos Humanos, financiado por la Unión Europea, CAFOD y SCIAF.
Durante su visita a Bogotá, los representantes manifestaron la urgente necesidad de recibir apoyo de las instituciones públicas y organizaciones sociales nacionales e internacionales, dado el abandono que aún persiste en su territorio, evidenciando problemas de seguridad de los miembros de la comunidad, quienes siguen siendo amenazados por grupos armados al margen de la Ley que hacen presencia en el territorio.
Por ese motivo hacieron un llamado a la Unidad Nacional de Protección para que provea protección colectiva al pueblo Zenú ya que las medidas de protección individual que se les han otorgado desde esa entidad, no son suficientes y no ayudan a proteger la identidad cultural de la comunidad indígena.
La comunidad Zenú reiteró que es necesario poder generar procesos de visibilidad para la protección colectiva y convocó a que se reconozca que su territorio es un espacio sagrado, donde confluyen diversidad de aspectos para su protección como son la alimentación, la sostenibilidad económica, los proyectos productivos, la salud, educación, organización, seguridad y la posibilidad de seguir reivindicando la defensa de su identidad y cultura.
Así mismo, extendió el llamado a los ministerios del Interior y de Agricultura para que apoyen sus proyectos de desarrollo comunitario, que se ven amenazados por el impacto negativo de los procesos de extracción de níquel y carbón que se llevan a cabo en la zona, así como por la actividad de las termoeléctricas que afectan sus procesos de economía sostenible, la salud de la comunidad y la disponibilidad de fuentes hídricas para sus actividades económicas. Debido a estos riesgos, se advierte una devastación de sus territorios, poniendo en vilo la seguridad y estabilidad de las comunidades.
Sumado a lo anterior existe incertidumbre y preocupación por los impactos de la focalización de la zona para el posconflicto. Ante lo cual solicitan a las entidades públicas competentes acompañamiento, mayor información y formación para afrontar la situación y hacer frente a posibles conflictos que puedan generarse con los grupos de paramilitares que hacen presencia en la zona.
A raíz de la ronda de incidencia realizada en Europa en noviembre de 2014, en el marco del proyecto Defensores de Derechos Humanos, y con la conmemoración del primer aniversario de constitución legal de su resguardo, en mayo de 2015, han conseguido el apoyo de organismos nacionales e internacionales para visibilizar la situación y encontrar apoyo a la solución de diferentes problemáticas que se viven en el territorio. Sin embargo necesitan seguir fortaleciendo su resguardo desde diferentes frentes como son: primero, la guardia indígena, reconocida por ellos como la columna vertebral de sus procesos y la cual tiene como principal objetivo el salvaguardar los habitantes del territorio; segundo, la implementación de los planes y proyectos que están desarrollando desde los sectores de salud, educación y productividad. Todo esto con el fin de consolidar sus proyectos como etnia y fortalecerse en su lucha social y cultural.
Resultados de la ronda de incidencia en Bogotá
– La Unidad Nacional de Protección (UNP), manifiesta que ya cuenta con los implementos de protección colectiva que el resguardo solicitó en el año 2013 para fortalecimiento de la guardia indígena, tras un análisis de riesgo que se realizó y alertó sobre la preocupante situación de seguridad que vive la comunidad; pero debido a la falta de recursos económicos de la entidad no se ha cumplido con la entrega, sin embargo se comprometen a coordinar la entrega de los implementos en las próximas semanas.
– Con el Ministerio del Interior se acordó gestionar el Plan de Salvaguarda del resguardo, herramienta fundamental para la construcción de paz en el territorio, ante lo cual, con el apoyo del Proyecto Defensores de Derechos Humanos, se realizaran algunas de las reuniones necesarias para tal fin, las cuales comenzarán en el mes de junio del presente año.
– La Unidad para las Víctimas se compromete a ir al territorio en el mes de junio del presente año con el objetivo de socializar el Decreto 4636 de reparación de los pueblos étnicos víctimas de la violencia, y los alcances del punto 5 de los acuerdos en la Habana (reparación colectiva y los términos de convivencia y no repetición de violencia). Con el objetivo de que la comunidad analice la pertinencia o no de emprender la ruta de reparación colectiva, trámite que no ha sido iniciado por ellos debido a la poca información que se les ha brindado por parte de la Unidad y porque tienen adelantada una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por inasistencia del Estado.
– La Embajada de los Estados Unidos de América, realizará un informe de derechos humanos para Washington, con el objetivo de visibilizar la situación de la comunidad Zenú y hacer seguimiento a las violaciones de derechos humanos que se presentan en el territorio del resguardo.
– La Delegación de la Unión Europea seguirá la situación de riesgo y amenazas que está viviendo la comunidad, con el objetivo de visibilizar y acompañar las acciones del resguardo siempre que sea posible.
– El Secretariado Nacional de Pastoral Social y la Diócesis de Montelíbano, en el marco del desarrollo del Proyecto Defensores de Derechos Humanos, acompañará los compromisos adquiridos y facilitará el acompañamiento de las reuniones y jornadas de trabajo que se desarrollarán en el territorio indígena por parte de las instituciones públicas.
Al respecto, Monseñor Héctor Fabio Henao, Director del Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas Colombiana, dijo: “Desde hace varios años la Pastoral Social ha venido acompañando los procesos de la población indígena en la zona del Alto San Jorge. En este momento queremos, no solo hacer incidencia a nivel internacional, sino también de cara a los ministerios e instituciones del Estado para el posconflicto y en el marco de las negociaciones de paz.
