El conflicto armado en Colombia ha provocado una fractura en el tejido social comunitario y los proyectos de vida de las personas sobrevivientes a la guerra y de quienes, empujados por el contexto y la realidad, han sido parte de los grupos armados. De ahí la importancia de los Acuerdos de Paz, firmados entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, que buscan dar fin a estos flagelos y contribuir a la construcción de paz en el país, por lo que surge la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, con un modelo de justicia transicional y restaurativa.
Entendiendo esta realidad, la Conferencia Episcopal de Colombia – CEC, a través del Secretariado Nacional de Pastoral Social – Cáritas Colombiana, convoca a la JEP a un diálogo que denominamos “La Justicia Restaurativa, una alternativa cierta para la paz y la reconciliación en Colombia” para conversar alrededor de un modelo de justicia participativo, pacífico y coherente con las necesidades de justicia de las comunidades afectadas por las extintas FARC-EP después de la firma del Acuerdo de Paz.
Padre Rafael Castillo, director SNPS-CC, dando inicio a la Semana por la Paz
Harvey Danilo Suárez, secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), abrió la discusión destacando que el conflicto armado en Colombia dejó cicatrices profundas en la dignidad humana, evidenciadas por asesinatos, masacres, violencia sexual, desapariciones forzadas y crímenes de guerra. La JEP, explicó Suárez, no solo aborda estos daños desde un marco jurídico, sino que también integra un enfoque psicosocial para conectar de manera más humana con las víctimas. Este enfoque busca reparar los proyectos de vida fracturados y colaborar con instituciones como la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), la Comisión de la Verdad y el Sistema Estatal de Garantías de No Repetición. El objetivo es ofrecer una justicia que no solo castigue, sino que también sane y reconstruya el tejido social afectado por el conflicto.
En contraste con la justicia ordinaria, que se centra en identificar y condenar a los responsables de los crímenes, la justicia restaurativa pone énfasis en la dignidad de las víctimas, considerándolas como el centro del proceso de justicia. Este modelo propone un proceso de diálogo entre víctimas y victimarios, permitiendo que los responsables rindan cuentas directamente a las víctimas, reconozcan el daño causado y desentierren verdades ocultas durante décadas. Según Suárez, este enfoque no solo busca escuchar a las víctimas, sino también validar su experiencia y ayudarles a enfrentar el trauma del conflicto de una manera que les permita reconstruir sus vidas con dignidad.
Martha Nubia Bello Albarracín, coordinadora del Programa de Iniciativas Universitarias para la Paz y la Convivencia, y Nadiezhda Natazha Henríquez Chacín, Magistrada de la JEP, ofrecieron perspectivas adicionales sobre el papel de la JEP en el contexto de los Acuerdos de Paz. Bello Albarracín explicó que la JEP fue establecida para abordar crímenes de lesa humanidad cometidos tanto por las FARC-EP como por la fuerza pública. Enfatizó que la justicia restaurativa permite una inclusión más amplia de las víctimas en el proceso judicial, lo que es esencial para restaurar el tejido social y construir una paz duradera.
En la misma línea surgió la pregunta ¿cómo seguir construyendo paz desde lo que estamos haciendo y con todo lo que está pasando? Lo que dio paso al reconocimiento de las limitaciones que han tenido las instituciones en el acompañamiento de los procesos de paz.
Ariel Sánchez Meertens, jefe de la Oficina Asesora de Justicia Restaurativa de la Secretaría Ejecutiva de la JEP, reflexionó sobre la necesidad de repensar la noción de justicia en el contexto actual. Destacó que la justicia restaurativa debe ir más allá de los marcos normativos y abordar las dimensiones sociales y éticas del conflicto. A pesar de los acuerdos y normas jurídicas, la persistencia de violencias y guerras indica que se requiere un esfuerzo colectivo y educativo más profundo para lograr una paz efectiva. Sánchez Meertens enfatizó que la educación y los componentes restaurativos son fundamentales para el restablecimiento de los derechos humanos y la construcción de una paz duradera.
“No todo el mundo queda satisfecho con la verdad”
La verdad obtenida a través de los procesos de justicia restaurativa frecuentemente no cumple plenamente con las expectativas de las víctimas. El verdadero desafío consiste en convertir los informes y testimonios en cambios tangibles y significativos en las comunidades afectadas. En muchos casos, la verdad revelada no satisface completamente las demandas de justicia de las víctimas, lo que subraya la necesidad de que el proceso sea profundamente social y colectivo para lograr un impacto real y transformador en las vidas de las personas y en los territorios afectados.
Finalmente, Ana María Ramírez y Fernando Navarro Vargas de la JEP compartieron sus experiencias en la implementación de iniciativas locales en Dadeiba. Estas iniciativas incluyen la localización de minas, el apoyo a emprendimientos productivos para víctimas y la reconstrucción del tejido social comunitario. Enfatizaron que estos esfuerzos buscan transformar la justicia ordinaria en un modelo que promueva el perdón, la verdad y la reconciliación, especialmente en la interacción entre comparecientes y víctimas. Subrayaron la importancia de humanizar todas las partes involucradas y facilitar un diálogo significativo entre las partes enfrentadas durante el conflicto.
Este conversatorio, exploró cómo la justicia restaurativa ofrece una alternativa valiosa para abordar las secuelas del conflicto armado en Colombia. Al centrarse en la dignidad de las víctimas y promover un enfoque integral y humano, la justicia restaurativa tiene el potencial de avanzar significativamente en la reconciliación y reparación en el país, ofreciendo un camino hacia una paz duradera y auténtica.
