Puntos claves
Eventos relacionados con el contagio de Covid-19:
-La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) en su boletín de sistema de monitoreo territorial (SMT) indica que a corte del 6 de octubre hay 72 pueblos indígenas afectados por la pandemia (Según informa la ONIC de acuerdo a las orientaciones de los Mayores y Mayoras, a partir del Boletín 004 no se hace referencia al nombre científico del virus), 30.901 casos de indígenas contagiados y 1.117 personas han fallecido.
Eventos relacionados con violencias, violaciones a d.d.h.h., intensificación de problemas sociales y actualidad nacional
-En el departamento de Norte de Santander, se reporta que durante las últimas semanas del mes de octubre se han venido realizando por parte de la Policía, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Fiscalía, importantes golpes al grupo criminal conocido como “Los Pelusos”. Durante estos operativos se logró la captura de tres de los principales cabecillas de esta organización, lo cual significa el posible debilitamiento de esta banda por falta de quien los organice y dirija en su accionar.
-La ciudad de Cali continúa viéndose afectada por distintos hechos de violencia y riesgos de seguridad. El lunes 19 de octubre se registró el asesinato de dos hombres en un lavadero de carros, después de que un hombre ingresó al establecimiento y les disparó. Según cifras de la Secretaría de Seguridad de la capital del Valle del Cauca, durante el mes de octubre, en el periodo del 1 al 19, se han reportado en la ciudad 62 muertes violentas, 15 más que en el mismo periodo del año 2019.
-El pasado miércoles 21 de octubre, se confirmó en Cali el secuestro de la esposa de un reconocido empresario de la ciudad. El Secretario de Seguridad y Justicia de la capital del Valle del Cauca indicó que hombres armados que utilizaban irregularmente prendas de un organismo de seguridad del Estado, la interceptaron y la llevaron en un vehículo. Actualmente se desconoce su paradero y se ha dispuesto un grupo especializado para su búsqueda.
–Las autoridades de la ciudad de Cali, lograron desarticular a una banda delincuencial conocida como “Los Chimbis”, que eran responsables de acciones vinculadas al hurto y asesinato de taxistas en la capital del Valle del Cauca. En el proceso fueron judicializadas siete personas y se les imputarán cargos de homicidio agravado, tentativa de homicidio, hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego.
-En Cali, fue capturado un hombre de 43 años por el presunto abuso de menores. Las autoridades al recibir algunas denuncias por parte de la comunidad en la que residía el acusado, hicieron un seguimiento en el que identificaron que se hacía pasar por “guía espiritual” en las redes sociales virtuales, contactaba a jóvenes con problemas económicos o de uso de sustancias psicoactivas y les ofrecía ayuda solicitándoles dirigirse a su apartamento, donde les obligaba a realizar diferentes actos sexuales.
-El alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, hizo un llamado al Gobierno Nacional para atender los hechos de violencia y las masacres que se han presentado en el territorio y señaló que no se trata de hechos aislados sino de disputas por narcotráfico y control territorial. En sus declaraciones indicó que hay presencia del grupo armado residual Jaime Martínez y que en el 2018 se presentó una guerra entre Los Pelusos y los grupos armados post-farc. Resaltó que a pesar de haber sido golpeados por el conflicto armado, no fueron priorizados entre los municipios PDET y por ello solicita que el gobierno realice una intervención en todos los niveles con el apoyo de la comunidad internacional.
-Félix Antonio Hernández, líder indígena que había sido reportado como desaparecido en la ciudad de Cali, fue hallado el 16 de octubre en Pereira. Las autoridades lo llevaron a un centro asistencial para que pueda ser valorado médicamente y se desconoce lo ocurrido en el periodo de su desaparición.
-Las organizaciones de víctimas exigen justicia y reivindican la memoria de las personas, líderes y firmantes de la paz que han sido asesinados durante este año, 237 líderes y lideresas han sido asesinados y 51 firmantes del acuerdo de paz. Del total de líderes y lideresas asesinados, 89 han sido indígenas y 78 líderes campesinos.
-Amnistía Internacional a través del Informe, ¿Por qué nos quieren matar?, se une al llamado internacional de preocupación dado el aumento de la violencia en el país y las altas cifras de líderes y defensores asesinados, por lo que indica que Colombia es el país más peligroso del mundo para trabajar por los derechos humanos y por el bienestar de las comunidades. Dentro de las respuestas a la pregunta que plantea el nombre del informe están el incumplimiento al Acuerdo de paz por parte del Gobierno Nacional y la discriminación estructural contra las poblaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes.
-El 19 de octubre fue aprobado el Presupuesto General de la Nación para el año 2021, por un monto de 313,9 billones de pesos, expertos indicaron que el aumento en el rubro está destinado para pagar y refinanciar deuda pública y no en el incremento de la inversión. Además, el Gobierno y las mayorías parlamentarias decidieron aumentar el presupuesto para Policía y Defensa en más de 4 billones de pesos pasando de $35 billones en 2020 a $39,1 billones el próximo año.
-En el país se han registrado 67 masacres durante este año, con 267 personas asesinadas, las poblaciones de los departamentos afectados han sido Antioquia (15), Cauca (9), Nariño (9), Norte de Santander (6), Putumayo (4), Bolívar (3), Chocó (3), Cundinamarca (3), Valle del Cauca (3), Córdoba (2), Huila (2), y 1 masacre en cada uno de los siguientes departamentos: Arauca, Magdalena, Tolima, Caldas, Atlántico, Meta, César y Bogotá.
-Los líderes y lideresas sociales y población civil siguen siendo víctimas en el país lastimosamente, por ello rechazamos y acompañamos a familiares y comunidades afectadas quienes solicitan justicia para los hechos reportados durante la tercera semana de octubre; el asesinato en el Alto Baudó, en Chocó, del docente y gobernador del pueblo Embera, Erlin Undagama; del líder social y comunal, Jhon Jairo Guzmán, en Tarazá, Antioquia; del líder social Gustavo Adolfo Herrera, en Popayán, Cauca y del líder político Franco Ojeda, en Pasto Nariño; a ellos se le suma el atentado al líder social de San Benito Abad, Sucre, Hernando Benítez León y el asesinato de dos reincorporados en Uribe, Meta, Juan de Jesús Monroy Ayala y Luis Alexander Largo.
-Dados los continuos asesinatos que se han presentado en contra de la población reincorporada firmante del Acuerdo de Paz, el partido Farc inició movilización nacional para rechazar los 234 asesinatos que se han presentado hasta la fecha y solicitar acciones al gobierno central. La movilización se denomina “Peregrinación por la Paz y la Vida”. Además de los asesinatos se denunciaron más agresiones, 48 tentativas de homicidio y 17 desapariciones forzadas. En el caso de los familiares de excombatientes, van 39 casos de asesinato, entre los cuales hay cinco menores de edad.
Eventos relacionados con población migrante y refugiada:
-La reactivación de la economía en Colombia ha disminuido el fenómeno de retornos voluntarios de población migrante hacia Venezuela, que se venía presentando durante todo el periodo de la emergencia sanitaria por el Covid-19. El director de Migración Colombia informó desde marzo hasta la tercera semana de octubre, se contabilizaron 116.000 personas que regresaron a su país de origen a través de los operativos coordinados por esta autoridad migratoria en articulación con los gobiernos locales.
-Desde el mes de julio se observa un ingreso bastante significativo de ciudadanos procedentes de Venezuela hacia el interior del país. El Secretario de Fronteras y Cooperación Internacional, Víctor Bautista, afirmó que se ha podido evidenciar que algunos retornados que llegaron a Venezuela están tomando la decisión por la reactivación económica en Colombia de volver hacia el interior, así mismo señaló que se ha identificado un flujo de migrantes pendulares que están haciendo compras humanitarias y abastecimiento, todo esto por cruces irregulares debido al cierre de frontera, lo cual implica la urgencia de una respuesta interinstitucional coordinada al respecto.
-En el municipio de Pamplona, durante el fin de semana del 17 y 18 de octubre se acordó la creación de un punto transitorio de atención a los migrantes caminantes en la sede del Liceo Arquidiocesano San Francisco, lo cual generó una respuesta de rechazo por parte de los pobladores del municipio por lo que a la fecha se contempla, según informe del gobernador Silvano Serrano, que la atención humanitaria se realizará fuera del casco urbano de Pamplona.
-El pasado 14 de octubre, en el Puesto de Mando Unificado de Frontera de Norte de Santander, en el que participaron la gobernación del departamento, las alcaldías, Migración Colombia y la Fuerza Pública, se dispuso que el Ejército Nacional controlaría 17 pasos no autorizados en la frontera entre Venezuela y el área Metropolitana de Cúcuta, con la presencia de 200 soldados. El jueves 15 de octubre, a petición del gobierno nacional, se aumentó el número de funcionarios de la Fuerza Pública que realizarían esta tarea de 200 a 900, teniendo en cuenta el aumento progresivo del número de personas que intentan cruzar a través de estos pasos y que, según el presidente Iván Duque, suponen un riesgo en términos de la propagación del Covid-19. Junto con esto, las autoridades locales han lanzado la estrategia “Frontera Segura y Regulada” para apoyar al Ejército Nacional en estos controles.
-El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, informó que a partir del inicio de los controles de frontera, las autoridades han devuelto aproximadamente a 5.000 ciudadanos venezolanos que proyectaban ingresar a territorio colombiano por algún cruce irregular. Según información de esta entidad, diariamente 300 migrantes buscan entrar a Colombia por pasos no autorizados, 200 de ellos en Norte de Santander, 50 en la frontera con el departamento de La Guajira y 50 en la frontera con Arauca.
-A partir de la reactivación de la atención presencial de las oficinas de Migración Colombia a finales del mes de septiembre, se han atendido 32.000 usuarios. Así mismo, según lo expresado por el director de esta entidad, Juan Francisco Espinosa, más de 106.000 personas han renovado el PEP-RAMV, se han expedido más de 6.000 PEP-FF, 4.000 cédulas de extranjería y 3.500 salvoconductos.
-En el Puesto de Mando Unificado (PMU) de la frontera de Norte de Santander, llevado a cabo el lunes 19 de octubre y en el que participaron el gerente de fronteras, Lucas Gómez, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, el Secretario de Fronteras y Cooperación Internacional, Víctor Bautista, y las autoridades locales; se determinó que se establecerán estaciones de control migratorio en la vía Cúcuta-Pamplona, como respuesta al aumento del flujo de caminantes que han ingresado al departamento y esperan llegar a otras ciudades del país. En estas estaciones de monitoreo, que estarán ubicadas en las vías antes y después del municipio de Pamplona, se desarrollará un ejercicio de identificación migratoria, se reubicará a las personas que lo requieran en puntos humanitarios y se hará control sanitario según los protocolos de bioseguridad. También se definió que no se instalaran albergues o campamentos en Pamplona para la atención de los caminantes.
-El 20 y 21 de octubre se llevó a cabo la Asamblea General de la OEA No. 50, la cual tuvo como apertura el encuentro “Diálogo sobre la crisis multidimensional en Venezuela, más allá de las elecciones parlamentarias”. Allí, los países miembro y organizaciones invitadas llamaron la atención sobre la crisis política y económica que vive Venezuela y se hizo un llamado al respeto a los Derechos Humanos. El líder Juan Carlos Viloria, perteneciente a la organización Coalición por Venezuela que tiene su sede en Medellín expresó que a partir del régimen y los crímenes de lesa humanidad que se cometen en este país, los venezolanos no son migrantes ni desplazados, sino que deben reconocerse como refugiados; y reconoció los esfuerzos de los países receptores para hacer frente a la crisis, especialmente de Colombia.
-Ante la creciente problemática de situación de calle que viven los migrantes en Santa Marta, concejales de la ciudad pidieron al gobierno local, a Migración Colombia, a la Policía Metropolitana y a organizaciones de cooperación internacional y de la sociedad civil, la creación de un campamento migratorio para atender a las familias que se encuentran en esta condición particular de vulnerabilidad. Según datos de la Secretaria de Seguridad y Convivencia, el 60% de personas que solicitaron traslados humanitarios para retornar a Venezuela desde Santa Marta, han regresado a la capital del Magdalena con la reactivación económica del país y de acuerdo con información provista por la Policía Metropolitana de esta ciudad, hay más de 31.000 ciudadanos venezolanos que acuden a la informalidad como forma de sustento. Con esto, se ha hecho un llamado para crear una mesa interinstitucional para atender la crisis migratoria a corto plazo, así como para crear una política nacional integral que pueda atender este fenómeno.
-Arauca como uno de los puntos fronterizos entre Colombia y Venezuela, recibe gran parte de migrantes en condiciones de irregularidad a los que se les dificulta el acceso a temas como salud, trabajo, alimentación y educación. Las autoridades consideran que se está viviendo una verdadera crisis social donde debería haber mayor atención e inversión por parte del Estado con colaboración de organizaciones.
-Ante la grave situación que se ha presentado en las últimas semanas en el municipio de Pamplona en Norte de Santander, donde cientos de caminantes transitan con el propósito de llegar a otras ciudades de Colombia y se exponen a diversos factores de riesgos de protección, de contagio y a condiciones precarias de alojamiento y alimentación; académicos y miembros de la iniciativa Lancet Migration, publicaron una carta abierta en la que solicitan al Gobierno Nacional, a agencias de cooperación internacional y a organizaciones de la sociedad civil, adelantar una respuesta humanitaria integral para esta situación que se ha venido presentando en la frontera a partir de la reactivación de la economía en el país. Así mismo, expresaron su apoyo y su disponibilidad para participar en estrategias conjuntas, en las que la academia también pueda aportar desde una perspectiva de derechos humanos que pueda articularse con diferentes actores institucionales y sociales.
-Dado el aumento de ingresos de migrantes provenientes de Venezuela a través de cruces irregulares, la Defensoría del Pueblo solicitó a la Gobernación de Norte de Santander, a la Procuraduría General de la Nación, a Migración Colombia y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que se instalen puestos de atención a migrantes en las fronteras en los que se les pueda brindar atención prioritaria, conocer sus sitios de destino y ofrecer transporte humanitario. Ante esta solicitud, el Secretario de Fronteras, Víctor Bautista, informó que las autoridades establecerán puntos de atención en materia de derechos humanos para los migrantes en Norte de Santander.
-El pasado 15 de octubre en una reunión para tratar asuntos de seguridad en el departamento de Córdoba, el presidente Iván Duque afirmó que se deportarán los migrantes que cometan actos delictivos en el país y reforzó que desde el gobierno nacional se mantendrán estrictos controles en las fronteras para evitar el ingreso a Colombia a través de cruces irregulares.
-El Grupo de Lima sostuvo el 20 de octubre un encuentro virtual en el que, los países miembro (Bolivia, Ecuador, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela) firmaron una declaración en la que se rechaza el régimen de Nicolás Maduro y las elecciones parlamentarias que se celebrarán en Venezuela en diciembre, así mismo se reconoció la intensificación de la crisis económica, política y social en este país y se pidió al gobierno no interferir con la respuesta humanitaria. En esta declaración se enfatizó la necesidad de acoger a la población migrante y refugiada en los países de la región y se hizo un llamado a la comunidad internacional para dar una respuesta común sobre la migración venezolana.
-Víctor Bautista, Secretario de Fronteras y Cooperación Internacional, informó el pasado 15 de octubre que los pasos fronterizos con Venezuela no se abrirán el 1 de noviembre como se había estimado. Esto debido a que no se tienen las condiciones logísticas y operativas para garantizar un ingreso ordenado a través del cual se pueda prevenir la propagación del Covid-19 e indicó que se adelantarán esfuerzos entre el gobierno nacional y las autoridades locales para poder construir un plan de respuesta ante una eventual reapertura.
-En la semana del 19 al 21 de octubre en la Jurisdicción de Tibú, Norte de Santander, desde la intervención del SNPS-CC en el territorio, se pudo identificar el aumento de asentamientos de migrantes venezolanos e indígenas que han llegado al municipio de manera irregular debido al cierre fronteras que se extenderá más allá de la fecha que se tenía prevista para la reapertura (1 de noviembre). Las personas en estos asentamientos no cuentan con elementos de protección personal ni con las medidas de bioseguridad para poder prevenir el contagio del Covid-19.
Acciones e información que requiere visibilización y difusión
-Migración Colombia expidió la Resolución 2359 mediante la cual se da inicio a una nueva jornada de expedición de Permisos Especiales de Permanencia (PEP) que iniciará el 15 de octubre de 2020 y se extenderá hasta al 15 de febrero de 2021. En ella, los ciudadanos venezolanos que hayan ingresado a Colombia hasta el 31 de agosto con su pasaporte sellado podrán acceder a este documento que permite el acceso a servicios de salud y la posibilidad de acceder a empleo formal y al sistema financiero en el país. Los requisitos para realizar este trámite son: 1) haber ingresado a Colombia de manera regular sellando el pasaporte antes del 31 de agosto, 2) registrarse en la página de Migración Colombia a partir del 15 de octubre, 3) no tener órdenes de expulsión en el país, 4) no tener antecedentes penales, 5) no tener PEP, PEP-RAMV vigente, cancelado o vencido y 6) no tener PEPFF.
-A partir del 21 de septiembre, Migración Colombia reabrió los 27 centros facilitadores del país para la atención presencial con cita previa, siguiendo las medidas de bioseguridad y no superando la ocupación del 30%. Además, el director de Migración Colombia explicó que era necesario repensar los trámites migratorios, y que han reducido los tiempos de atención de 30 a 15 minutos.
-El Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- ha abierto su oferta a la población migrante proveniente de Venezuela para que puedan certificar sus capacidades y formarse en distintos programas a nivel técnico y tecnológico. Como requisitos se tiene el contar con un permiso de permanencia vigente o con una cédula de extranjería de residente con vigencia mayor al tiempo de formación, así como haber validado ante el Ministerio de Educación Nacional el título de bachiller.
-Frente a las recientes manifestaciones y movilizaciones de los indígenas y otros sectores de la población, quienes marcharon desde el Suroccidente del país a la ciudad de Bogotá, los obispos de Colombia hicieron un llamado a las autoridades gubernamentales, las instituciones públicas y privadas, y, en general, a todo el pueblo colombiano, para que se promueva un “auténtico diálogo social” entre las partes, resaltando que el querer de estas acciones es buscar caminos en la defensa de la vida, del territorio y la paz.
-La Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL- realizó el lanzamiento de su Informe Especial Covid-19, N°8: Pactos sociales para la igualdad y desarrollo sostenible. Entre otros asuntos resaltan cinco grandes desafíos políticos que se debe valorar: 1) la peor crisis por sus efectos y consecuencias, 2) el rol de Estado, 3) el desempeño de los gobiernos, 4) la transición hacia la recuperación de la crisis y 5) la solidaridad regional e internacional.
-Continuamos resaltando que el Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo -SINDHEP-, publicó una cartilla de la Fundación PODION con la cual se busca “contribuir al reconocimiento de los riesgos para la vida en el contexto y como consecuencia de la pandemia”. La cartilla está dirigida a organizaciones defensoras de derechos humanos, organizaciones humanitarias, organizaciones sociales, así como a personas preocupadas por la protección y el cuidado de la vida.
-Resaltamos la importancia del curso de extensión Elementos para mejorar la prevención, atención y vigilancia epidemiológica de los casos de Covid-19 en comunidades indígenas de la Amazonia colombiana que fue realizado gracias al apoyo y financiación de la Universidad Nacional de Colombia-Sede Amazonia, el Instituto Amazónico de Investigaciones Imani, Sinergias—Alianzas Estratégicas para la Salud y el Desarrollo Social, Amazon Conservation Team, y las organizaciones indígenas OPIAC, ACITAM, ATICOYA, AZCAITA, CAPIUL, TIWA, CIHTACOYD, y la Parcialidad de Monilla Mena Km 9. Este documento puede ser guía con los respectivos ajustes para otras poblaciones.
-Se sugiere que para las intervenciones en los territorios se tenga en cuenta el reporte nacional de OCHA, el último informe es del 23 de septiembre, en el señalan nuevamente como está la situación en el país, e indica pormenorizadamente las necesidades y acciones humanitarias en salud, seguridad alimentaria, nutrición y medios de vida; agua; saneamiento e higiene; educación; logística y coordinación, y protección que se requieren en varias regiones de Colombia.
