Puntos claves
-La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) en su boletín de sistema de monitoreo territorial indica que a corte del 15 de septiembre hay 72 pueblos indígenas afectados por la pandemia, 27.608 casos de indígenas contagiados y 1.013 personas han fallecido. Teniendo en cuenta el contexto actual de la pandemia, la ONIC orienta a sus Autoridades y a la población indígena en Colombia, a extremar las medidas de prevención y precaución, así como a reforzar sus planes de contingencia, manteniendo plena observancia a sus comunidades durante el mes de septiembre y evaluar la reactivación de las actividades comunitarias solo hasta tener mayores indicios del impacto que se generará como producto de la apertura de la economía.
Eventos relacionados con violencias, violaciones a d.d.h.h., intensificación de problemas sociales y actualidad nacional
-El departamento de Norte de Santander sigue figurando dentro de las cinco principales regiones en las que se ejercen actos violentos contra líderes sociales, políticos y comunales, acumulando un 6.8% de los hechos presentados en todo el país. De acuerdo con el más reciente informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), del total de los hechos registrados en Norte de Santander el 62.5% fueron hechos letales, dirigidos contra 5 líderes sociales, 3 líderes comunales y 2 líderes políticos, con lo que se han mantenido constantes las cifras de hechos violentos durante este último semestre, con un incremento del 33% con relación al año anterior.
-Los obispos del país siguen expresando su voz de rechazo a los hechos violentos que se presentan en el país, y hacen un llamado para que estos hechos cesen, pidiendo a quienes generan la violencia poner fin a esta maquinaria de muerte.
-El obispo de Apartadó, monseñor Hugo Alberto Torres Marín, denunció que los grupos armados ilegales que hacen presencia en el Urabá antioqueño y chocoano están impidiendo el paso de las instituciones, las parroquias y la propia diócesis. Por las presiones que ejercen sobre los habitantes y el control territorial que tienen, los delincuentes estarían intimidando a la propia iglesia durante las misiones con las comunidades.
-Este 22 de septiembre la Corte Suprema de Justicia falló a favor de una tutela que indicaba que las agresiones ejercidas por parte de la fuerza pública han sido sistemáticas, y que además ponen en riesgo el derecho a la protesta; al tiempo que cuestionan el papel del Gobierno en su accionar y ordenan una disculpa pública por parte de Ministerio de Defensa.
-En el marco del Encuentro Colombia 2020, realizado el 24 de septiembre, ¿Cómo proteger a los líderes y lideresas sociales en medio de la pandemia?, la nueva Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero realizo varias recomendaciones entre la que se destaca que es necesaria la presencia integral del Estado donde ocurren los homicidios de los líderes, esto es de vital importancia para la defensa de los derechos humanos. Además, Patricia Llombart, Embajadora de la Unión Europea en Colombia señalo que se debe acudir al llamado de la ONU y el Papa Francisco, sobre el cese de la violencia de todos los actores armados.
-Las emergencias humanitarias no cesan en el país, el reporte de La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios – OCHA- indica que, de enero a agosto de este año, 61.544 personas han sido confinadas en 29 eventos de este tipo, mientras 18.393 personas han sido desplazadas, en 62 eventos. Durante del mes de agosto se reportaron confinamientos en Murindó, Antioquia y desplazamientos en Carmen de Bolívar, Policarpa y Roberto Payán en Nariño y en Tarazá, Antioquia.
-El 23 de septiembre se realizó por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)la tercera audiencia de medidas cautelares para los excombatientes de las Farc que están en Cauca, Putumayo, Nariño y Caquetá. Las dos primeras audiencias fueron reservadas. El magistrado Gustavo Salazar fue crítico con respecto al papel de la institucionalidad en la protección de los firmantes del acuerdo de paz, señaló que “la seguridad de los excombatientes no es solo una obligación constitucional, sino una condición en términos de garantías de justicia y reparación a las víctimas”. La situación de seguridad para los reincorporados es compleja, hasta la fecha han asesinado a 229 los exguerrilleros que han sido asesinados desde el 2016 y un poco más del 50% de los casos han ocurrido en la región del suroccidente y el Pacífico colombiano.
-La población civil, los líderes y lideresas sociales siguen siendo víctimas en el país, esta semana se han reportado varios crímenes que enlutan a Colombia, del 17 al 24 de septiembre se han registrado 6 masacres, estas fueron en los municipios de Tarazá (Antioquia), Ocaña (Norte de Santander), Buenos Aires (Cauca), Mosquera (Nariño), San José de Uré (Córdoba) y Algeciras (Huila). Además, en Toribio (Cauca) cinco personas, dos de ellas menores de edad fueron víctimas y sufrieron lesiones de un atentado con artefactos explosivos; en Bogotá en el marco de las movilizaciones pacíficas se presentaron hechos de uso desmedido de la fuerza por parte de agentes del Estado. Desde la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas, informaron que el 21 de septiembre de 2020 se reportan 30 personas retenidas y 15 heridas en la ciudad de Bogotá durante las jornadas de protestas en contra de la violencia en los territorios y del uso desmedido de la fuerza por parte de la Policía Nacional en el marco de las protestas que se llevan a cabo en el país.
-La lideresa Alba Alexandra Pizanda de la comunidad indígena Awá, fue asesinada en Mallama (Nariño), en ese mismo departamento, pero en el municipio de Tumaco, fue asesinado Nelson David Sánchez, reincorporado de las Farc. Por último, en Timbiquí (Cauca), el Consejo Comunitario Parte Baja del Río Saija, informó que integrantes del Ejército Nacional ingresaron al territorito colectivo violando derechos humanos y derechos étnico territoriales, realizando señalamiento e intimidando a la población a su paso. En la vía de Miranda a la vereda Guatemala en el Cauca, se denunció por la comunidad que el Ejército asesino de un tiro en la cabeza a Juliana Giraldo, mujer que se desplazaba en un carro por la zona conjuntamente con su pareja.
-En la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá, cerca de 1500 personas, entre habitantes de la localidad, campesinos, indígenas y afrodescendientes, se asentaron esta semana en el sector de Villa Gloria, unos, víctimas del desplazamiento y otros, sin un lugar donde vivir a raíz de la pandemia. Las personas asentadas en Villa Gloria manifiestan necesitar la ayuda del Estado, pues la pandemia y la oleada de violencia de los últimos meses, los ha dejado sin hogar. Aún continúan los diálogos entre la alcaldía local y voceros de este asentamiento, quienes dicen además que esto es una forma de protesta para que el Gobierno Nacional. Según el diario El Espectador, “El único dato es que estas familias están agrupadas en 21 organizaciones de víctimas.” Se espera que el 24 de septiembre el distrito logre llegar a algún acuerdo con estas personas para evitar confrontaciones con la fuerza pública.
-El 22 de septiembre, se presentó un fuerte enfrentamiento en el comando de policía ubicado en el barrio Sierra Morena, Ciudad Bolívar, a causa de que familiares de los detenidos que llegaron a este lugar, para dejar alimentos, utensilios de aseo, de bioseguridad y ropa, se dieron cuenta de que en la basura del comando estaban gran parte de estos elementos. De manera simultánea, dentro del comando se desencadenó un motín que dejó varias personas heridas y terminó con un operativo por parte de la policía en el que fueron trasladados todos los presos a la URI de Puente Aranda y a diferentes hospitales de la ciudad. En medio de esta situación los presos y sus familiares denunciaron presuntos maltratos dentro del comando, escasos protocolos de bioseguridad por cuenta del hacinamiento de los internos y constantes violaciones a los derechos humanos. Ante esta situación, el coronel Luis Benavides, manifestó en medios de comunicación que, el ingreso de comida estaba prohibido después de descubrir que esta entraba contaminada con sustancias psicoactivas o con armas.
-La ciudad de Cali se ha visto gravemente afectada por hechos de violencia urbana. Se reportó un hecho en el que dos mujeres fueron heridas con armas de fuego mientras se transportaban en un carro con un menor de 10 meses de edad, los hechos son materia de investigación, por otra parte un guarda de seguridad, fue asesinado por dos hombres en una motocicleta. Estos hechos se suman a los más de 600 homicidios que se han reportado en la capital del Valle del Cauca para el año 2020.
-El 21 de septiembre se realizó una movilización en varios lugares del país en el marco del Paro Nacional convocado por varios movimientos y organizaciones en rechazo a los actos de abuso policial, las masacres y amenazas que se están presentando en varias zonas del país, el incumplimiento del Acuerdo de Paz y otras situaciones violatorias de derechos que ocurren en Colombia.
Eventos relacionados con población migrante y refugiada:
-El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, anunció esta semana que las fronteras terrestres con Venezuela permanecerán cerradas hasta el 1 de octubre del 2020 y que la reapertura se dará a partir de un monitoreo de la situación que los municipios fronterizos presenten en torno al Covid-19. Se ha identificado que se están presentando ingresos a Colombia por cruces irregulares desde Venezuela, de aproximadamente 50 personas por día; se espera que cuando las fronteras sean abiertas, 200.000 migrantes venezolanos lleguen a Colombia entre los meses de septiembre de 2020 a febrero de 2021. En cuanto a los retornos voluntarios hacia Venezuela, se contabilizan 109.490 desde el inicio de la emergencia hasta la fecha, y se ha reportado una disminución en los desplazamientos hacia las fronteras con este propósito, a partir de la reapertura gradual de la economía en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla.
-Líderes de organizaciones sociales de migrantes venezolanos en Colombia, compartieron con el Proyecto Migración Venezuela de la Revista Semana; algunas de sus perspectivas frente a los principales retos que debe asumir la nueva Gerencia de Fronteras en el país, entre ellos se encuentran: 1) lograr una buena articulación entre el Gobierno Nacional, las autoridades locales, las organizaciones no gubernamentales, la cooperación internacional y las organizaciones sociales para reconocer a los migrantes como sujetos de derechos, 2) plantear nuevos mecanismos de regularización de la población en los que el PEP pueda representar un documento válido en el sistema colombiano o en los que se otorguen cédulas para acceder a todos los servicios, 3) garantizar el acceso a la educación para niños, niñas y adolescentes migrantes en todos los territorios, 4) generar una estrategia interinstitucional de integración económica y laboral, 5) garantizar el acceso a la salud, 6) facilitar la convalidación de títulos en diferentes niveles y 7) visibilizar, reconocer y atender la situación de los caminantes, no solamente en departamentos fronterizos sino en distintas partes del país en las que continúan sus trayectos.
-Durante esta semana, el nuevo Gerente de Fronteras Lucas Gómez se reunió con el Secretario de fronteras y Cooperación internacional, Víctor Bautista, representantes de Migración Colombia, la OIM, la Federación Nacional de Departamentos y la Fundación Tierra de Hombres. Luego de este encuentro se anunció que el recién nombrado Gerente de Fronteras visitará Norte de Santander para abordar temas relacionados con la crisis migratoria de Venezuela, se apoyará a la Gobernación del departamento en monitoreo de la situación y en respuesta humanitaria y se espera poder coordinar esfuerzos entre el Gobierno Nacional y las autoridades locales frente a los impactos de la emergencia por el Covid-19 en materia de flujos migratorios en el departamento.
-El pasado 19 de septiembre, el presidente Iván Duque se reunió con el Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Entre los temas abordados dialogaron sobre la situación de migrantes y refugiados venezolanos, a partir de lo que el funcionario norteamericano anunció la asignación de 348 millones de dólares para atender la crisis en Venezuela a través del apoyo en acceso a alimentos, agua y saneamiento, atención sanitaria y equipamiento médico.
-A nivel nacional los casos sobre el delito de trata han aumentado en los últimos años, debido a la falta de oportunidades laborales para las mujeres, que sin saberlo aceptan falsas propuestas de trabajo ofrecidas por presuntos explotadores, y las migraciones que se han presentado en el país, donde los extranjeros son forzados a integrarse a estas redes mientras cruzan por los pasos fronterizos ilegales.
Según las cifras del Ministerio del Interior, desde el 2013 los casos de trata de personas han aumentado en un 82%, donde las personas son sometidas al matrimonio servil, mendicidad ajena, servidumbre y explotación sexual (esta última es la práctica más común entre las víctimas). Por otra parte, el Observatorio del Proyecto Migración Venezuela y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) identificaron que gran parte de los migrantes que ingresaron irregularmente a Colombia cayeron en las redes de tráfico ilícito de migrantes, las cuales también están relacionadas con bandas de trata de personas, por lo que la cifra de extranjeros víctimas de explotación en Colombia continúa creciendo.
-El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro reconoció este miércoles en su intervención en la Asamblea General de la ONU la migración venezolana. Sus palabras causaron sorpresa, pues durante mucho tiempo su Gobierno ha negado el éxodo de los ciudadanos venezolanos. Aunque Maduro reconoció el fenómeno de la migración desde su país, no mencionó ningún número concreto de migrantes que partieron ante la prolongada crisis económica y social que vive Venezuela. Sin embargo, la ONU ha establecido que al menos 5 millones de personas han tenido que abandonar ese país en busca de un futuro mejor. En Colombia hasta junio, mes del último registro que tiene Migración Colombia, había 1’748.716 venezolanos en el país, pero solo el 43,6% de ellos se encuentra en condición regular, es decir, con documentos al día.
-Durante esta semana se han presentado fuertes voces de rechazo en el municipio de Pamplona frente a la posibilidad de habilitar allí un puesto de control migratorio. Dentro de quienes manifiestan rechazo a esta medida se encuentran el alcalde municipal Humberto Psciotti Quintero y las comunidades y gremios de la producción para quienes no se considera haya condiciones adecuadas para habilitar este puesto de control. Dichas negativas, entre otros motivos tienen que ver con el riesgo percibido por la comunidad frente a futuros contagios por Covid-19.
-Feligreses y colaboradores de la parroquia San Francisco en la localidad de Ciudad Bolívar, indican que, entre el domingo y el lunes, en algunos sectores de Villa Gloria, se ha visto llegar camiones con migrantes venezolanos e indígenas, que se han asentado en el sector. Esto genera incertidumbre de saber por qué razón los han traído a este sector, pues algunas organizaciones comunitarias han emitido comunicados asegurando que allí hace presencia fuerza pública armada.
Acciones que requieren visibilización
-A partir del lunes 21 de septiembre, Migración Colombia retomó la atención presencial en sus oficinas. Como medidas para prevenir la propagación del Covid-19, la atención se prestará a partir del agendamiento de citas, con una declaración previa del estado de salud de la persona en la página de la entidad migratoria y en la aplicación Coronapp. Para mantener el 30% de la ocupación se han dispuesto distintos horarios que los usuarios pueden seleccionar al solicitar su cita y de esta manera controlar el aforo. Según lo dispuesto en la Resolución 2223 del 16 de septiembre de 2020, “Por la cual se reanuda la prestación del servicio y los términos en los procesos y procedimientos adelantados por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia”, dentro de los trámites que se reactivaron se encuentran: Salvoconducto SC-1 y SC-2; Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización (PEP-FF); y Permisos Temporales de Permanencia (PTP) para prórrogas de estadía en el territorio nacional y para cambio de categoría.
-Migración Colombia informó que las personas que no pudieron renovar su PEP-RAMV entre el 14 y el 24 de agosto; tendrán la oportunidad de hacerlo hasta el 3 de octubre. Esto teniendo en cuenta el cronograma establecido a partir de la fecha de expedición del documento. Este proceso puede realizarse a través de la página de Migración Colombia.
-El sistema de medios públicos, RTVC, con el apoyo de Unicef y ACNUR, lanzó el pasado 19 de septiembre la serie “Amigos sin Fronteras”. Este programa televisivo que será transmitido a las 9:30 a.m. de los sábados busca compartir experiencia de niños, niñas y adolescentes que muestran como la integración de los migrantes es posible. Se espera con este programa, avanzar en la lucha contra la discriminación y la xenofobia y establecer lazos entre colombianos y venezolanos.
-El Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes) informó que ya están abiertas las inscripciones para presentar las Pruebas Saber 11 y Validación del Bachillerato Académico en la que podrán participar los venezolanos que deseen validar sus títulos de bachiller. Los ciudadanos de origen venezolano que no posean un documento de identidad colombiano podrán presentar la prueba para obtener su título de bachiller al presentar la cédula de identidad venezolana.
-En materia de integración económica y productiva, el IFC y Bancamía firmaron un acuerdo de cooperación para fortalecer la oferta de productos y servicios financieros a los migrantes venezolanos, especialmente mujeres. En la bancarización hay una oportunidad para apoyar su integración a la sociedad de una manera productiva, porque cuando buscan empleo, si no tienen inclusión financiera se les hace más difícil estar en planilla, por lo que la inclusión financiera es clave para la integración. Este acuerdo contempla implementar herramientas de acercamiento que permitan conocer las necesidades, desafíos, preferencias, experiencias y aspiraciones de los migrantes venezolanos en todo lo referente al uso de servicios financieros y bancarios.
-Continuamos resaltando que el Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo -SINDHEP-, publicó una cartilla de la Fundación PODION con la cual se busca “contribuir al reconocimiento de los riesgos para la vida en el contexto y como consecuencia de la pandemia”. La cartilla está dirigida a organizaciones defensoras de derechos humanos, organizaciones humanitarias, organizaciones sociales, así como a personas preocupadas por la protección y el cuidado de la vida.
-Resaltamos la importancia del curso de extensión Elementos para mejorar la prevención, atención y vigilancia epidemiológica de los casos de COVID-19 en comunidades indígenas de la Amazonía colombiana que fue realizado gracias al apoyo y financiación de la Universidad Nacional de Colombia Sede Amazonia, el Instituto Amazónico de Investigaciones Imani, Sinergias—Alianzas Estratégicas para la Salud y el Desarrollo Social, Amazon Conservation Team, y las organizaciones indígenas OPIAC, ACITAM, ATICOYA, AZCAITA, CAPIUL, TIWA, CIHTACOYD, y la Parcialidad de Monilla Mena Km 9. Este documento puede ser guía con los respectivos ajustes para otras poblaciones.
-Se sugiere que para las intervenciones en los territorios se tenga en cuenta el reporte nacional de OCHA, el último informe es del 24 de agosto, en el señalan nuevamente como está la situación en el país, e indica pormenorizadamente las necesidades y acciones humanitarias en salud, seguridad alimentaria, nutrición y medios de vida; agua; saneamiento e higiene; educación; logística y coordinación, y protección que se requieren en varias regiones de Colombia.
