Puntos claves
-El Secretariado Nacional de Pastoral Social/Cáritas Colombiana (SNPS/CC), y las Jurisdicciones Eclesiásticas continúan afrontando la crisis, lastimosamente el número de personas enfermas y fallecidas por el Covid-19 no cesa, igual que el número de personas que se están viviendo impactadas por la crisis social y económica que se exacerbo a raíz de la pandemia. El SNPS/CC continúa implementando la Respuesta Estratégica Institucional ante la Emergencia Social por la pandemia.
-Desde el SNPS/CC continúan desarrollándose acciones de incidencia en la búsqueda de una Ley Migratoria Integral. El pasado 18 de agosto se realizó la audiencia pública virtual “El Fenómeno Migratorio y la Política Integral Migratoria” organizada por la senadora Emma Claudia Castellanos y que contó con la participación de organizaciones de la sociedad civil (incluido el SNPS/CC), academia, congresistas, organizaciones de venezolanos y colombianos en el exterior. Durante la audiencia se hizo una breve presentación del proyecto de Ley Migratoria que se encuentra vigente y posteriormente se abrió el espacio para que los participantes dieran sus recomendaciones. En la discusión se resaltó la importancia de revisar los elementos relacionados con los procesos de solicitud de refugio y la regularización migratoria, así como la incorporación de un enfoque de derechos.
-El SNPS/CC junto con la Red Tamar, la Pontificia Universidad Javeriana, las Hermanas Adoratrices y las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor realizaron con el apoyo de Cáritas Alemana el Foro Virtual “Cortando los hilos invisibles de la trata para la explotación sexual en contextos de migración” el miércoles 26 de agosto de 2020.
-Dadas las masacres y asesinatos perpetrados en Nariño, Arauca, El Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Huila, Norte de Santander y Chocó y otros departamentos; La Conferencia Episcopal de Colombia, el Arzobispo Metropolitano de Bogotá y Primado de Colombia, el Consejo Episcopal de Paz, el Obispo de la Diócesis de Cúcuta, el Obispo El Obispo de la Diócesis de Ipiales y el Obispo de la Diócesis de Popayán, como muchas personas más desde la voz de la Iglesia elevaron su apoyo a las víctimas y denunciaron y rechazaron el recrudecimiento del conflicto y otras formas de violencia. Se requiere entre otras cosas que el Gobierno Nacional concentre esfuerzos en la seguridad del pueblo colombiano y en brindar una atención integral a las comunidades que se ven fuertemente afectadas por la ola de violencia que se vive y, asimismo, seguir avanzando en la implementación de los Acuerdos de Paz.
–Del 6 al 13 de septiembre se realizará la Semana por la Paz, un escenario que busca hacer visibles los procesos y esfuerzos de miles de personas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan por el logro de la paz, la transformación pacífica de los conflictos y por la construcción de iniciativas para dignificar la vida, haciendo evidente el compromiso que todos los colombianos y colombianas tenemos con la paz estable y duradera. Por ello se realizó el lanzamiento de la Semana el pasado 20 de agosto.
-La Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) lanzó la campaña “Acortemos Distancias” para los países de América Latina y el Caribe. La campaña busca promover mensajes de empatía y solidaridad con la población migrante y refugiada a través de contenidos audiovisuales en español, inglés y portugués que buscan resaltar los valores, tradiciones y costumbres compartidas históricamente por los países de la región.
-Con ocasión del cumplimiento de 5 años desde la fecha en que el Gobierno venezolano estableció el cierre de fronteras con Colombia (19 de agosto de 2015) y que fue un hito en el aumento de los flujos migratorios desde Venezuela, el director de Migración Colombia Juan Francisco Espinosa hizo un balance de la respuesta del Estado durante este periodo. Precisó un avance en el combate de la apatridia, a partir de la nacionalización de más de 24.000 niños nacidos en Colombia; así como en la regularización de la población migrante, ante ello señaló que el método de identificación biométrico en el que se está avanzando, busca ser un mecanismo que favorezca el reconocimiento de la población y su acceso a servicios básicos[6]. Por otra parte, dentro de este balance, la Secretaria de Fronteras del departamento de Norte de Santander indicó que la pandemia ha agudizado los problemas para la población migrante y refugiada y se ha aumentado la xenofobia y las resistencias por parte de la población local. Al respecto, un estudio publicado por la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Católica del Táchira, demostró que a raíz de la emergencia, junto con la discriminación se ha aumentado la violencia basada en género, la explotación, la explotación y la trata; así mismo se han identificado riesgos como la mendicidad y la exposición al contagio de Covid-19 por falta de acceso a medidas de bioseguridad.
-El más reciente reporte de Migración Colombia, publicado el 6 de agosto de 2020 evidenció una nueva disminución del número de ciudadanos venezolanos en Colombia (por tercer mes consecutivo). Antes de la pandemia, se registraba la presencia de 1.825.000 ciudadanos de Venezuela radicados en el país, sin embargo, a causa de los retornos voluntarios se registró un total de 1.763.883 con corte al 31 de mayo.
-Desde lo planteado en la encíclica Laudato Si’ del Papa Francisco, consideramos que la epidemia del Covid-19 tiene mucho que ver con nuestra depredación de la Casa Común y el despojo de su valor intrínseco. Es un síntoma del malestar de nuestra tierra y de nuestra falta de atención; más aún, un signo de nuestro propio malestar espiritual (LS 119).
-En relación con la búsqueda de soluciones al Covid-19, resaltamos lo expresado por Boaventura de Sousa Santos, “no podemos pedir a la ciencia moderna que resuelva el problema. Eso no significa negar la ciencia, sino que esta tiene que reconocer sus límites y su pluralidad interna, además de que hay otros saberes vernáculos, ancestrales, populares, indígenas, campesinos, que nos han dicho que este modelo no es de desarrollo sino de subdesarrollo y destrucción. No tiene sentido, en este siglo que empezó con la pandemia, que la salud global sea solamente la salud de los humanos, de la vida humana. Tiene que ser la salud de la naturaleza, de la vida en el planeta”.
-El 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. El conflicto armado colombiano dejó más de 120.000 desaparecidos, pero no son solo hechos del pasado, el Comité Internacional de la Cruz Roja -CICR-, registro que desde la firma del acuerdo de paz con las Farc se ha documentado un nuevo caso de desaparición relacionado con el conflicto cada cuatro días, en 2019 registraron 93 desapariciones.
-Con una elección de 140 votos a favor en la Cámara de Representantes, Carlos Camargo Assis fue nombrado como nuevo Defensor del Pueblo, cargo que ocupará durante los próximos cuatro años. Además, fue elegida el 27 de agosto, con 83 votos y con mayoría en el Senado, la ex Ministra de Justicia Margarita Cabello como la nueva Procuradora General de la Nación; esos dos cargos son muy importantes dadas sus competencias y funciones, por ello recalcamos esto en este boletín mensual.
PERSPECTIVA GENERAL
Hechos de contexto
Eventos relacionados con el contagio de Covid-19:
–La situación de la población privada de la libertad sigue siendo preocupante, el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud no tienen monitoreadas a las 111.578 personas que están en las cárceles del país y tampoco están dentro de sus estadísticas. Desde el pasado 24 de agosto, familiares de personas privadas de la libertad se encuentran adelantando un plantón a las afueras del INPEC, en Bogotá, rechazando el aumento de contagios de Covid-19, que ascienden a más de 3.500 casos. A la fecha, dentro de las cárceles se han registrado más de 24 muertes por contagio del virus.
-La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) en su boletín de sistema de monitoreo territorial indica que a corte del 18 de agosto hay 70 pueblos indígenas afectados por la pandemia, 9123 casos de indígenas contagiados y 312 personas han fallecido. Se resaltan las alertas emitidas por las Autoridades Indígenas del Pueblo Muisca de Bogotá, Cabildos de Bosa y Suba; Pueblo Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, Pueblo Embera del Resguardo Honduras (Caquetá) y del Resguardo Indígena Rio Pangui Comunidad El Yucal de Nuquí en el Chocó, con relación a la agudización de los factores de vulnerabilidad en el marco de la pandemia.
-La pandemia ya ha afectado a más de la mitad de los 105 pueblos indígenas que tiene Colombia. La tasa de mortalidad más alta está en el Amazonas, 134 muertes por cada 100.000 habitantes.
Eventos relacionados con violencias, violaciones a DDHH e intensificación de problemas sociales:
-La Fundación Feminicidios Colombia ha señalado que 47 de los 110 feminicidios confirmados en 2020 han ocurrido durante de la cuarentena. En el 68% de los casos, las parejas y exparejas han sido los victimarios, y el lugar más peligroso ha sido la vivienda, con 75% de los casos. Estos datos evidencian varias cosas: que el encierro ha sido una situación agravante y que la violencia contra las mujeres no es un fenómeno aislado que se manifiesta solamente cuando las víctimas se exponen a situaciones de riesgo, sino que hace parte de la forma en la que nos construimos como sociedad.
-Según las investigaciones de Human Rights Watch, los grupos armados informaron a las poblaciones locales que estaban imponiendo reglas para evitar la propagación del Covid-19 en al menos 11 de los 32 departamentos de Colombia. Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, Nariño, Norte de Santander y Putumayo son los territorios que fueron blanco de estas imposiciones.
-En el año 2018 la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP- abrió tres macrocasos territoriales en los que se refleja el grave impacto generado por el conflicto armado en varias regiones del país. Por ello el 27 de agosto de este año, se escucharon las voces de líderes y lideresas sociales de Nariño (Caso 002), Urabá (Caso 004) y Cauca (Caso 005), con relación a los avances, retos y las expectativas de estos tres macro-casos desde una visión territorial.
-El Gobierno Nacional señaló públicamente a través del Ministro de Defensa su intención de retomar las fumigaciones con glifosato para controlar los cultivos ilícitos, esto dado a la decisión de un juzgado de Pasto de abrirle incidente de desacato al subdirector de Mecanismos de Participación Ciudadana de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), al director de la dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional y al director de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior. Acción que tomó dicho juzgado al considerar que esas tres autoridades no han cumplido con las órdenes impartidas en dos fallos de tutela de primera y segunda instancia relacionados con el procedimiento para reanudar la aspersión aérea. En ese mismo auto, el juzgado de Pasto ordenó suspender una audiencia clave para el cumplimiento de los requisitos que viabilizarían la aspersión.
-Se refieren hechos de inseguridad que ponen en riesgo la vida e integridad de la población en el Chocó, específicamente en el Bajo Atrato la presencia de personas del ELN y las AGC es notoria y las amenazas a varios líderes y lideresas han aumentado, como acciones de ellos reafirmando su control territorial en la zona.
-Durante las últimas semanas, se registraron mayores controles en los retenes ilegales impuestos a la población en el Medio Baudó y al ingreso de mercancías y pasajeros en municipios de la subregión del San Juan, el confinamiento de aproximadamente 1.270 personas en Bojayá, la retención ilegal de nueve personas y el asesinato de un líder comunitario en el Alto Baudó.
-Se considera necesario visibilizar el Informe de crisis climática y amenazas contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, “Defender el Mañana” que publicó Global Witness, lastimosamente nuestro país tiene un capítulo especial dado que en 2019 los asesinatos en Colombia alcanzaron los 64 activistas, el número más alto jamás registrado por Global Witness en el país. Sobre el total de estas muertes, 14 están relacionadas con la sustitución ilegal de cultivos, por lo que consideremos relevante indicar que en el país y aun estando en cuarentena por la pandemia continuaron los operativos de Erradicación Forzada, y por ello continúan las denuncias de organizaciones y comunidades en relación con este tema.
-El 13 de agosto se realizó la Mesa de conversación, en el marco del Avance de la Reincorporación a tres años de la dejación de armas; estuvieron presentes representantes de la exguerrilla de las Farc, del Gobierno Nacional, de la Fiscalía General de la Nación y de la comunidad internacional, haciendo un balance del proceso que han vivido cerca de 13.000 hombres y mujeres que dejaron las armas hace tres años. Proyectos productivos, seguridad, acceso a la tierra y a vivienda fueron algunos de los temas centrales del debate.
-La situación en la zona del Guayabero entre Meta y Caquetá continúa siendo compleja, según las denuncias, al menos 20 campesinos fueron retenidos el 8 de agosto por parte de integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega en la vereda Nueva Colombia, de Vista Hermosa (Meta). El Ejército habló de un ataque del frente Séptimo de las disidencias contra los militares.
-La Fundación Ideas para la Paz (FIP) en un informe que acaba de hacer público sobre la implementación del Acuerdo de Paz en el departamento del Guaviare, indica entre otros puntos que hay una consolidación de los frentes disidentes Séptimo y Primero y señalan que el reclutamiento forzado de menores en esta zona viene en aumento.
-En lo que va del año, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos ha documentado 33 masacres y viene dando seguimiento a 97 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, de los cuales, a la fecha ha verificado 45 homicidios. Por su parte Indepaz ha registrado 45 masacres durante este año, en las que han sido asesinadas 182 personas. Solo durante el fin de semana del 22 y 23 de agosto se perpetraron cuatro masacres, en los departamentos de Arauca, Cauca, Nariño y Antioquia, en las cuales fueron segadas las vidas de al menos 20 personas. Según el estudio de Indepaz el departamento en el que se han presentado más masacres es Antioquia con nueve (9), seguido por Cauca y Nariño con siete (7) cada uno y Norte de Santander con cuatro (4).
-La Misión de Verificación de Naciones Unidas ha verificado 41 asesinatos de personas en proceso de reincorporación en el primer semestre de 2020 registrando un aumento del 10% de los asesinatos contra estas personas comparado con el primer semestre de 2019. Un total de 215 excombatientes han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016 (Bis).
-Según datos de INDEPAZ en lo que va del 2020 han sido asesinados 203 líderes sociales en Colombia. El departamento del Cauca ha sido el foco de criminalización y estigmatización contra esta población al reportar 62 homicidios en el transcurso del año. Durante el aislamiento preventivo obligatorio en estos dos ultimo meses (Julio y Agosto) se han perpetrado 48 crímenes, cifra que preocupa, más aún en el marco de la implementación del acuerdo de paz.
-El Centro de Recursos para el Análisis de los Conflictos (CERAC), señalo que la violencia política en el territorio nacional sigue agudizándose pues durante el mes de julio aumentaron 54% las muertes en hechos de violencia política frente a las registradas en junio, al pasar de 13 a 20, además en este mismo mes la violencia letal fue dirigida principalmente en contra de activistas y dirigentes políticos regionales y la mayor concentraciones de acciones violentas se produjo en donde hay alta actividad del ELN.
–Los magistrados de la sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) escucharon este 12 de agosto una nueva petición de los exguerrilleros de las Farc. Esta vez, proteger la vida de los excombatientes que viven fuera de los espacios de reincorporación en el oriente del país.
-La Defensoría del Pueblo advierte que cerca de 22.000 habitantes de El Rosario y Leiva, y 300 familias de comunidades negras de la cordillera occidental entre Nariño y Cauca se encuentran en situación de vulnerabilidad y posible desplazamiento forzado. Alertan sobre el reclutamiento de jóvenes por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
Eventos relacionados con población migrante y refugiada:
-Durante el mes de agosto aumentó el número de migrantes venezolanos que retornaron a su país de origen a causa de la emergencia por el Covid-19. En el balance entregado por Migración Colombia, se informó cerca de 99.000 migrantes han retornado a su país y al menos 42.000 han manifestado la intención de emprender este tránsito.
-Durante los días 20 y 21 de agosto, se registraron tensiones entre las autoridades migratorias colombianas y venezolanas, dado que Migración Colombia anunció que el paso hacia Venezuela por el Puente Internacional Simón Bolívar en Norte de Santander se suspendería por disposición de las autoridades venezolanas y por las dificultades que se están presentando en el estado Táchira para recibir a los ciudadanos que están ingresando con las medidas adecuadas de bioseguridad. Al respecto, el canciller venezolano Jorge Arreaza calificó las declaraciones de Migración Colombia como falsas e indicó que se había dado un cierre temporal para un proceso de desinfección, a lo que Juan Francisco Espinosa replicó que se había obtenido la información directamente por parte de las autoridades venezolanas. Luego de estos hechos, la Zona Operativa de Defensa Integral del estado Táchira informó que una vez terminado el proceso de desinfección se autorizaría el ingreso de 200 personas por día.
-Con la terminación de las medidas de aislamiento en Colombia y la disminución de cupos de ingreso a territorio venezolano por el Puente Internacional Simón Bolívar (de 300 a 200 diarios), se estima un aumento en los represamientos de personas en la frontera de Norte de Santander. Actualmente, hay aproximadamente 2.500 personas esperando poder cruzar, sin contar quienes llegan diariamente desde otros puntos del país. La atención de los albergues autorizados y del Centro Sanitario Tienditas es limitada, pues solamente se cuenta con 920 cupos para ofrecer alojamiento, alimentación y medidas de bioseguridad. Aumenta la preocupación por la situación de desprotección en la que se encuentran los caminantes y se teme que la situación pueda agravarse frente a un inminente riesgo de propagación del contagio de Covid-19 en este punto.
-El miércoles 26 de agosto Migración Colombia informó que según lo establecido en el Decreto 1198 de 2020 continuarán cerrados los pasos terrestres, marítimos y fluviales en las fronteras de Colombia. El funcionario indicó que frente a la salida de ciudadanos venezolanos que esperan retornar a su país, se mantendrán los protocolos establecidos para estos traslados en articulación con las autoridades departamentales y locales.
-La Organización No Gubernamental Venezolana “Sin Mordaza” lanzó el informe “Migración y Refugio 2020” en el cual se presentan los hallazgos de una investigación que buscó “comprender el inédito y más grande flujo migratorio de Latinoamérica y su efecto sobre la juventud venezolana”. Entre los datos encontrados, pudo identificarse que el 69% de los jóvenes venezolanos tienen la intención de migrar y que el 51,7% de migrantes espera poder retornar a su país una vez se termine la crisis social, económica y política. El informe completo puede encontrarse: https://sinmordaza.org/wp-content/uploads/2020/07/INFORMEMIGRACION2020.3.pdf
-La Oficina de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas informó que entre los meses de julio y agosto del 2020, se han presentado más de 1.000 desplazamientos forzados en la frontera Colombo-Venezolana, particularmente en los territorios de Norte de Santander y el estado Zulia, a manos de grupos armados ilegales que controlan la zona. Se han venido dando respuestas desde la articulación entre la Secretaría de Fronteras y agencias de cooperación internacional para ofrecer asistencia humanitaria y establecer acciones de prevención del contagio para quienes han sido afectados por estos hechos.
-Según la publicación realizada por la Revista Semana, el 11 de agosto del año en curso más de 82.000 venezolanos han renovado el Permiso Especial de Permanencia, la mayoría entre los 18 y 39 años de edad, el trámite inicio el 6 de julio en línea, solamente aplicaba para 281.000 que se censaron en el registro administrativo de migrantes venezolanos (RAMV).
-Según el Instituto de medicina legal, hasta Julio aproximadamente se habían presentado más de 278 homicidios contra población venezolana, por tal razón la Defensoría del Pueblo ha insistido en la necesidad de tener en cuenta la población venezolana en las políticas de Estado, incluyendo las de seguridad y protección de su integridad.
-El retorno de colombianos que residían en el exterior también se ha presentado como uno de los principales fenómenos en el marco de la emergencia social y sanitaria causada por el Covid-19. Migración Colombia anunció que al mes de agosto, se han registrado 32.000 ingresos de connacionales a través de 280 vuelos humanitarios y 1.800 personas han ingresado de forma terrestre a través del Puente Internacional de Rumichaca en la frontera con Ecuador
-La situación para los retornados venezolanos en su país en el contexto de la pandemia está permeada por distintos riesgos de seguridad, salud y protección. Organizaciones de derechos humanos del vecino país han denunciado que las condiciones en los PASI (Puntos de Asistencia Social Integral) donde son alojados los ciudadanos que retornan por cruces regulares, son precarias; no se cuenta con acceso a atención en salud, se presenta hacinamiento y no se brinda una alimentación adecuada. Por otra parte, el gobierno venezolano ha amenazado con judicializar a quienes crucen por pasos irregulares y les ha tildado de “bioterroristas”.
-Un poco más de 1,2 por ciento de los contagiados en Colombia de coronavirus son migrantes. Específicamente en Necoclí, Urabá antioqueño, se está saliendo de control el nivel de contagios. De acuerdo a un censo realizado en abril, había 243 migrantes provenientes de Haití, 17 de Chile, 9 de Brasil, 7 de Venezuela, 4 de Cuba y los demás de países africanos como Guinea, Congo, Mauritania, Senegal y Camerún. Dentro de ese consolidado, al menos 67 eran menores de edad. La situación se ha tornado más preocupante porque el municipio no cuenta con camas UCI y algunos contagiados provenientes de allí han tenido que ser trasladados a Medellín.
-Con ocasión de su salida del cargo de la gerencia de fronteras, Felipe Muñoz informó que la comunidad internacional ha aportado 490 millones de dólares para responder a la crisis migratoria en Colombia. En términos de localización, señaló que se estima que la población migrante proveniente de Venezuela se distribuye de la siguiente manera: un 30 por ciento están en los departamentos de frontera y el otro 70 por ciento en el resto del país por lo cual ya no puede hablarse de un fenómeno de frontera, sino nacional. Bogotá tiene el 20 por ciento de migrantes, con más de 350.000; seguido por Norte de Santander, Atlántico y La Guajira.
-En el mes de agosto se registró la deportación de cuarenta ciudadanos venezolanos en San Gil, Santander. Las autoridades locales argumentaron que “se está presentando un serio problema con la comunidad migrante venezolana” y el personero municipal indicó que se han aumentado problemas de riñas y dificultades en lo relacionado con el pago de arriendos. Estos eventos requieren un análisis detallado y crítico para identificar acciones para combatir la estigmatización y la xenofobia en los territorios.
-De los más de millón setecientos venezolanos que se encuentran en Colombia menos de 18.000 han solicitado el reconocimiento de la condición de refugiado, según datos de Cancillería. Esto podría deberse, entre otras razones, a la demora del estudio que el gobierno colombiano hace de cada petición, tiempo en el que el solicitante no puede trabajar de manera formal. El sistema de solicitud de asilo en Colombia es pequeño, desarrollado relativamente para pocos solicitantes porque Colombia nunca había tenido la necesidad de tener que recibir a tantas personas que están huyendo de su país.
-El proyecto de ley migratoria (P. L. 036 de 2019) que cursa en el Congreso de la República, recientemente aprobado en primer debate no tiene un enfoque de derechos, pues el articulado dista de una visión garante de los derechos de las personas migrantes y refugiadas en territorio colombiano. Llama la atención que el tercer capítulo “Derechos y obligaciones de los extranjeros”, no contenga ningún derecho para personas migrantes y por el contrario, enliste las obligaciones que deben cumplir estas personas y las atribuciones que tienen las autoridades. Que en suma se equipare una permanencia irregular con la trata de personas y el tráfico ilícito de personas, promueve una perspectiva negativa de la migración, mediante la cual se le vincula con el crimen y promueve la xenofobia, cuando es evidente su carácter y función social.
–Venezuela cerró el mes de julio con una inflación de 4.099% en aumento sobre el acumulado a junio, según un informe divulgado por el Parlamento. Esto se refleja en que el Salario Mínimo de ese país equivale actualmente a 2,8 dólares por mes, que no alcanzan para comprar un kilo de carne (4 dólares). Una familia promedio de cuatro personas necesita 213 dólares mensuales para adquirir la canasta básica que incluye alimentos, servicios y medicinas. Esto tendrá repercusiones en el regreso de los retornados.
-Durante el mes se registró la detención de un grupo de militares de la Guardia Bolivariana en la Guajira. Luego de haber recibido denuncias por parte de la población Wayúu, que alertó sobre amenazas e intimidaciones a la comunidad, el Pelotón Bosnia 1 del Ejército Colombiano capturó a tres uniformados del vecino país, que en su defensa señalaron estar buscando agua y otras provisiones que no encontraban en el lugar en el que estaban localizados. Fueron trasladados desde Castilletes hasta Maicao para ser expulsados por parte de Migración Colombia a través del punto fronterizo de Paraguachón.
-Los niños, niñas y adolescentes Wayúu están en riesgo de desnutrición e incluso de muerte debido a la pandemia de coronavirus y las medidas de aislamiento decretadas para combatirla. La mala administración y la corrupción gubernamental generalizada, la crisis humanitaria en Venezuela y los efectos del cambio climático han agudizado los problemas de inseguridad alimentaria y desnutrición, así como las actividades mineras que han degradado la calidad del agua y el acceso a esta.
-Las denuncias de posibles violaciones de los derechos humanos a la vida, la libertad y la integridad física y moral en la República Bolivariana de Venezuela ha aumentado el riesgo de la población Wayuu, que también es víctima de la inaccesibilidad al abastecimiento de agua potable y los alimentos, falta de medicinas y atención médica o dificultades para movilizarse por la escasez de combustible, lo cual ha generado movilidad hacía Colombia. Esta población, a pesar de estar en su territorio, padece una realidad disruptiva y dicotómica, ya que para ingresar al país no están obligados a realizar registro en Migración Colombia porque se les reconoce como un pueblo indígena binacional, derecho del que también gozan del lado venezolano. Sin embargo, para efectos de reconocimiento de identidad no pueden solicitar cédula de ciudadanía como un nacional, sino que deben solicitar los permisos de permanencia en el país como lo hacen todos los inmigrantes. Los Wayuu están siendo tratados como inmigrantes y la inexistencia de la diplomacia entre ambos países, impide ver una posible solución al respecto. Los Wayúu continúan enfrentando la difícil situación de hambre y muerte, e incluso se ve afectada su cosmovisión milenaria de constituirse como una sola Nación Wayuu, al tener que situarse como inmigrantes en su propio territorio.
Acciones que requieren visibilización:
-La Diócesis de Cúcuta entregó el pasado 24 de agosto dos toneladas y media de alimentos a migrantes venezolanos que se encuentran en la frontera entre Colombia y Venezuela. Las donaciones fueron entregadas gracias a la ayuda del Papa Francisco y se contó con el apoyo de la Policía Nacional.
–Tony Vitola, joven venezolano radicado en Medellín y vicepresidente de la Colonia Venezolana en Colombia (Colvenz) ganó el premio Napolitan Victory Awards 2020 en la categoría Youth Leadership. Este reconocimiento otorgado por la academia de Artes Políticas y Ciencias de Washington, se extiende a más de 21 países y se constituye en uno de los más prestigiosos a nivel político. Desde que llegó a Colombia en 2017, Vitola ha trabajado para orientar a la población migrante en rutas de atención, acceso a servicios, salud y educación; y a partir de la conformación de Colvenz ha trabajado con organizaciones internacionales e instituciones locales en favor de la integración de los ciudadanos venezolanos en Colombia.
-La organización social El Derecho a No Obedecer, en alianza con el Observatorio sobre racismo, xenofobia y odio de la Fundación Interpreta, el Observatorio de Migraciones de la Universidad Externado de Colombia, Save The Children y la fundación Friedrich-Ebert-Stiffung han puesto en marcha el instrumento “Barómetro de Xenofobia” a través del cual se busca identificar expresiones de discriminación en las redes sociales y como estas se van propagando generando un estigma hacia la población migrante y refugiada. En los hallazgos de los meses de junio y julio pudo identificarse que las principales tendencias están asociadas al crimen. Se espera que a medida que avance el proyecto se puedan crear estrategias interinstitucionales e intersectoriales para combatir la xenofobia, potenciando también el uso de redes sociales virtuales para ello.
-Migración Colombia anunció el avance en la implementación del Sistema Biométrico de Identificación que estaría siendo lanzado a finales del 2020. Juan Francisco Espinosa, director de la entidad, explicó que este constaría de dos partes: 1) una aplicación para registro en Internet de los datos biométricos y 2) la verificación presencial de los datos por parte de funcionarios de Migración Colombia. Con este proceso se entregará a cada ciudadano venezolano un documento para estar plenamente identificado en el territorio nacional. Se espera con ello avanzar en garantías como acceso a salud y oportunidades laborales.
-El Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) lanzó una Guía Rápida para el uso de hoteles/hostales para la atención a población refugiada y migrante. Al identificar los desalojos como una de las principales problemáticas derivadas por la emergencia del Covid-19 entre la población de interés, se ofrece esta herramienta a los GIFMM locales para que puedan identificar potenciales hoteles/hostales para ofrecer albergue, verificar las condiciones necesarias para el hospedaje, plantear criterios de priorización de la población y seguimiento a los casos desde el ingreso hasta la salida. La guía puede encontrarse en: https://r4v.info/es/documents/details/78541
-El Ministerio de Salud cuenta con la sala temática para población Migrante y Refugiada; específicamente para niñas, adolescentes, mujeres y población LGBTI en donde existe un sistema de información (SIVIGE) relacionada con violencia de género en el cual se registran datos cualitativos y cuantitativos desde el 2015. Este trabajo se ha adelantado con organizaciones públicas y privadas como: el Departamento de Planeación Nacional (DNP), el DANE, ONU Mujeres, la Fiscalía, el Sistema de Protección, La Procuraduría, la Unidad de Víctimas, el ICBF, la Alta Consejería para la Equidad de las Mujeres, ACNUR, entre otras organizaciones. En la plataforma pueden encontrarse definiciones como: ¿qué es la violencia sexual?, caracterización de servicios de salud, información de las rutas, agentes de apoyo en los procesos, organizaciones de base comunitarias e identificación de los entornos comunitarios. Esta información establece estrategias de necesidades y de prevención, además de los tiempos de la activación de las rutas aclarando que no son iguales en los territorios.
-Continuamos resaltando que el Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo -SINDHEP-, publicó una cartilla de la Fundación PODION con la cual se busca “contribuir al reconocimiento de los riesgos para la vida en el contexto y como consecuencia de la pandemia”. La cartilla está dirigida a organizaciones defensoras de derechos humanos, organizaciones humanitarias, organizaciones sociales, así como a personas preocupadas por la protección y el cuidado de la vida.
-Resaltamos la importancia del curso de extensión “Elementos para mejorar la prevención, atención y vigilancia epidemiológica de los casos de COVID-19 en comunidades indígenas de la Amazonia colombiana” que fue realizado gracias al apoyo y financiación de la Universidad Nacional de Colombia Sede Amazonia, el Instituto Amazónico de Investigaciones Imani, Sinergias—Alianzas Estratégicas para la Salud y el Desarrollo Social, Amazon Conservation Team, y la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC), con el acompañamiento y asesoría de las organizaciones indígenas Asociación de Cabildos Indígenas del Trapecio Amazónico (ACITAM), la Asociación Ticuna, Cocama, y Yagua (ATICOYA), la comunidad de San Sebastián de los Lagos, la Asociación Zonal de Cabildos Indígenas de Tradición Autóctona (AZCAITA), el Cabildo de Pueblos Indígenas Unidos de Leticia (CAPIUL), los Defensores de los Saberes Ancestrales (TIWA), Cabildo Indígena de herederos del tabaco, la coca y la yuca dulce (CIHTACOYD), y la Parcialidad de Monilla Mena Km 9. Este documento puede ser guía con los respectivos ajustes para otras poblaciones.
-Se sugiere que para las intervenciones en los territorios se tenga en cuenta el reporte de OCHA, el último informe es del 24 de agosto, en el señalan nuevamente como está la situación en el país, e indica pormenorizadamente las necesidades y acciones humanitarias en salud, seguridad alimentaria, nutrición y medios de vida; agua; saneamiento e higiene; educación; logística y coordinación, y protección que se requieren en varias regiones de Colombia.
-La Fundación Ideas para la Paz presentó los hallazgos del proyecto “Seguridad para mujeres y población LGBTI en regiones afectadas por el conflicto armado en Colombia”, en una serie de informes que pretenden aportar a la reducción de la violencia sexual y de género en Puerto Asís y San Miguel, en Putumayo; Apartadó, en el Urabá antioqueño, y Tumaco, en Nariño.
-Las comunidades del Pacífico y de la Amazonía se enfrentan a la falta de accesibilidad a centros de atención de servicios de salud, ya que se localizan a largas distancias (Ibíd).
-Ante toda la situación concurrente de violencia, de abandono estatal y de pandemia, la ONIC ha solicitado especial atención y protección a los pueblos indígenas; en la misma medida se requiere atención y protección a población afro, dado que estos dos grupos étnicos tienen un impacto desproporcionado por la pandemia, ejemplo de ello es el siguiente mapa que muestra cuáles son los hospitales con cuidados intensivos más cercanos a resguardos indígenas y consejos comunitarios del país:
Mapa 1: Hospitales con UCI al alcance de resguardos indígenas y consejos comunitarios
Fuente: “La cara étnica de la pandemia en Colombia” Mapa realizado por Camilo Erazo.
-Continúan las denuncias por incremento en casos de reclutamiento forzado, uso, utilización y violencia sexual contra niñas y adolescentes por parte de los Grupos Armados Organizados (GAO) y estructuras criminales en municipios como Alto Baudó, Lloró, Bojayá e Istmina y Quibdó (Bis).
