Población afectada
– Los líderes sociales, defensores de DD.HH. y firmantes del Acuerdo asesinados o desaparecidos suman solo este año 19 personas, de departamentos como Meta, Casanare, Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Risaralda, Cesar y Huila. Los reincorporados asesinados en lo que llevamos de 2021 han sido 6 personas que se encontraban en Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca y Caquetá.
-En los últimos meses, la situación de seguridad de excombatientes en la zona fronteriza entre Meta, Caquetá y Guaviare se ha deteriorado considerablemente como lo corrobora el último informe de la Misión de Verificación de la ONU.
-El 12 de enero, el Gobierno y el Equipo de País de las Naciones Unidas en Colombia anunciaron conjuntamente una inversión de 11 mil millones de pesos del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para apoyar la prevención y la protección colectiva de excombatientes, líderes(as) sociales, defensores(as) de los derechos humanos y dirigentes de los programas de sustitución de cultivos ilícitos en tres regiones prioritarias: Chocó, la costa pacífica de Nariño y el Catatumbo en Norte de Santander.
-La situación de la población privada de la libertad sigue siendo preocupantes, de acuerdo con el INPEC, el año pasado se reportaron cerca de 18 mil casos y los establecimientos más impactados fueron La Picota de Bogotá, y La Picaleña de Ibagué, en cuanto a las mujeres, el centro carcelario donde se han presentado más contagios es en El Buen Pastor, en Bogotá. En el mes de noviembre se registraron 1.118 casos activos en todas las prisiones de Colombia de acuerdo con el INPEC. Se calcula que mientras en las calles solo se infecta una de cada 1.000 personas, en centros carcelarios del INPEC la cifra asciende a 128 contagios por cada 1.000 reclusos, lo cual se debe en medida al hacinamiento de estos centros de detención que rondan el 54%. El INPEC confirmó que para enero de 2021 se registraron 548 casos de coronavirus en 51 cárceles de Colombia.
Migrantes, refugiados y retornados venezolanos, covid-19
Situación en fronteras. Cerca de 500 migrantes diarios arriesgan su vida e integridad cruzando la frontera desde Venezuela. Ellos viajan de forma irregular y por puntos peligrosos, a merced de traficantes y grupos ilegales que les cobran el paso por sus zonas de influencia. El reclutamiento forzado, la violencia sexual y la trata de personas son los peligros principales que acechan sobre todo a las mujeres, los jóvenes y los niños. La negativa del Gobierno a reabrir esta frontera se basa en los argumentos de que debe impedirse la migración desordenada de venezolanos expulsados por la crisis y, que la inexistencia de controles epidemiológicos en este país elevaría las tasas de contagio en Cúcuta y Norte de Santander.
La Policía tomó el control del ingreso y salida de la Terminal de Transporte Los Libertadores, del municipio de Arauca, zona limítrofe con Venezuela, con el fin de evitar el ingreso de cientos de personas en su mayoría irregulares, diariamente. La decisión se adoptó, por parte de las autoridades civiles y armadas del departamento, ante la llegada masiva de migrantes, en medio de los riesgos que existen por la pandemia y pese a que la frontera sigue cerrada. Con la Armada Nacional se tomó el control del río Arauca, límite entre ese departamento y el vecino país de Venezuela, para evitar la llegada masiva de migrantes ilegales extranjeros.
Sobre estos hechos, Refugiados de América Latina y el Caribe (JRS Lac) en una nota en la que deplora las medidas implementadas por las autoridades colombianas para impedir la entrada irregular al país de migrantes procedentes de Venezuela. Deplorando, en particular, el “uso excesivo de la fuerza” por parte de las fuerzas de seguridad, el JRS insta al Gobierno colombiano a “implementar las medidas globales necesarias para proteger la vida y los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su nacionalidad y condición migratoria”. Asimismo, los jesuitas destacan “la necesidad de aplicar los mecanismos de protección de los derechos humanos, ratificados por Colombia, con especial atención a la garantía de acceso al territorio y al mecanismo de determinación de la condición de refugiado”. En particular, el JRS recuerda la “Declaración de Cartagena”: redactada en 1984, amplía la definición de refugiado a las personas que huyen de su patria porque “su vida, su seguridad o su libertad están amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, las violaciones masivas de los derechos humanos u otras perturbaciones graves del orden público”.
Durante esta medida y el mes de enero se presentaron varias expulsiones a extranjeros de diferentes nacionalidades por poner en riesgo la salud pública y seguridad nacional, toda vez que se encontraban infringiendo las medidas tomadas por el Gobierno Nacional.
Caso de migrantes Necoclí -Antioquia
n grupo de ciudadanos nacionales de Haití, Cuba, Burkina Faso, Senegal, Ghana, Camerún, Congo, Guinea y Somalia, permanecen asentados en las playas, toda vez que por el cierre de fronteras no han podido dirigirse a Panamá y así poder continuar con su tránsito hacia Centroamérica.
Migración Colombia ha indicado que de abrir la frontera o permitir el libre tránsito de migrantes por la región, sería poner en riesgo no solo a los habitantes de la zona, sino también a ellos mismos y a los países vecinos, dada la condición irregular de estos extranjeros, quienes, en muchas ocasiones, se movilizan sin acatar las medidas de bioseguridad establecidas.
Cifras de migrantes venezolanos en Colombia. Luego de cinco años de aumento sostenido en el número de migrantes venezolanos en Colombia, el 2020 cerró con 41.700 menos que en 2019. Es decir, hubo una disminución del 2,3 por ciento, al pasar de 1.771.237 ciudadanos del país vecino en suelo nacional a 1.729.537, según cifras de la Unidad Administrativa de Migración Colombia.
En el año 2020 el éxodo venezolano alcanzó la cifra de 5,4 millones de venezolanos, lo que equivale al 18% de la población de migrantes a nivel mundial. Según la Organización de Estados Americanos para los Migrantes y Refugiados Venezolanos, se estima que para 2021 cerca de 7 millones de venezolanos habrán huido de Venezuela de no haber un cambio político pronto. Venezuela duplica a los refugiados de Afganistán y Sudán del Sur, mientras que quintuplica a la migración de Myanmar. Cabe destacar que estos países han atravesado por conflictos armados.
Resumen de las acciones estatales a favor de la población migrante.
Las acciones que el Gobierno Nacional ha adoptado para proteger a la población migrante, están enmarcadas en la expedición de normas que involucraron el tema migratorio, por ejemplo, la creación del Permiso Especial de Permanencia, rutas y lineamientos para la atención en el sistema General de Seguridad Social en Salud (Decreto No 064 del 20 de enero de 2020) y acceso a una parte de la oferta institucional (Decreto 1288 del 25 de julio de 2018).
En cuanto a la escolarización de los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo con cifras presentadas en el Ministerio de Educación Nacional, entre el año 2018 de 2020 se evidenció un crecimiento del 967% en matriculas para población migrante; por último, dentro del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 se encuentran incluidos las personas en condición regular.
También los pronunciamientos expedidos por los jueces de la República han garantizado el goce efectivo de los derechos fundamentes de los extranjeros.
Aunque se ha visto un importante avance en la protección, persisten las desigualdades, la informalidad en el trabajo es latente; se escucha con frecuencia historias en las cuales personas extranjeras han sido víctimas de explotación laboral, quienes están en condición migratoria irregular sufren con mayor potencia este flagelo, además para ellos es más difícil acceder a los beneficios institucionales, incluso de momento no están contemplados en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19.
En el contexto de pandemia, las restricciones de movilidad y cierres de frontera ocasionó que personas ingresaran por zonas prohibidas, exponiéndose a sufrir daños en la integridad física, incluso perder la vida durante el trayecto, además, esto genera que las autoridades no tengan el control de ingreso de personas que entran al país
Con la pandemia aumenta la vulnerabilidad de los derechos fundamentales de los migrantes
La Pandemia, no puede ocasionar el olvido en la protección de los derechos fundamentales de todos los habitantes, ante los esfuerzos por contener la propagación del virus, la afectación de las garantías mínimas para la supervivencia de los más vulnerables es complejas.
Salud. (Plan Nacional de Vacunación contra el COVID -19, salud mental y acceso al SGSSS)
Antes de precisar sobre el impacto que ha tenida la pandemia por el coronavirus COVID-19 en el migrante, se mencionará el número actual de contagiados en Colombia, según reporte de Ministerio de Salud y Protección Social, han sido 2.114.597 casos confirmados y de esta cifra 82659 son casos activos. Como se sabe Colombia está pasando por el segundo pico en la ola de contagios.
Como se dijo anteriormente, el reto para los migrantes irregulares, es ser incluidos dentro del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, pues ésta población actualmente no se encuentra documentada, sin embargo, poseen el mismo riesgo de contagiarse, incluso, puede ser mayor, ya que, gran parte de los extranjeros irregulares, consiguen el sustento diario a través del trabajo informal y viven en lugares con mayor afluencia de gente, donde les es complicado garantizar las medidas de distanciamiento o autocuidado, aunado a esto, las personas con estatus migratorio irregular, difícilmente pueden acceder al Sistema General de Seguridad Social en Salud (por sus siglas SGSSS), pueden ser atendidas en caso de una urgencia médica, sin embargo sino cumplen con los requisitos legales no pueden ser afiliados a una EPS o EPS-s, de lo cual se colige con toda certeza que el derecho a la salud es limitado.
Si bien en la última declaración del Gobierno Nacional a través del jeje de cartera del Ministerio de Salud y Protección Social, manifestó que están trabajando para inmunizar a la población migratoria en condición irregular, esta declaración no da la certeza de la etapa y programa en que serán vacunados.
De otra parte, resulta oportuno analizar la afectación a la salud mental del migrante. La interrupción en el proyecto de vida que tenían en Venezuela, dejar el hogar, viajar sin ninguna red de apoyo, abandonar a las familias, los riesgos que corren durante el trayecto en carretera mientras caminan por largas jornadas sin descanso, puede ocasionar quebrantos en la salud mental; cabe resaltar que, la mayoría de venezolanos están en condición irregular en Colombia, por lo tanto, la estadía en el país se hace más compleja, para obtener un trabajo con las garantías legales de protección.
Según el artículo presentado por la facultad de medicina de la Universidad de los Andes, los venezolanos al igual de las personas víctimas del conflicto armado interno que fueron desplazadas forzosamente de su territorio, corren el riesgo de sufrir depresión, ansiedad generalizada y trastorno estrés postraumático (TEPT), según se ve, un estudio reveló que el 21% de migrantes venezolanos en Bogotá, posiblemente tenía TEPT.
Afectación a la población migrante con estatus migratorio irregular.
En cuanto a la falta de incorporar en el Plan nacional de vacunación contra el Covid-19, reflejan el actual proceso de deshumanización a la que se enfrentan los migrantes venezolanos en general y aquellos en situación de irregular. La declaración presidencial es sumamente preocupante y señala como la lectura gubernamental sobre el fenómeno entra en una visión nacionalista y coloca en un segundo plano la dimensión humanitaria de los extranjeros sin estatus migratorio regular, quienes son los más vulnerables en el actual contexto de pandemia. Los argumentos contribuyen a incrementar la discriminación y xenofobia De igual forma aceptar solo a los migrantes calificados y discriminar a los irregulares contribuye a incrementar la vulnerabilidad de la mayor parte de ellos.
De igual forma este tipo de discurso discriminatorio es contrario a la visión humanista de la iglesia quien en su misión pastoral busco privilegiar a los más vulnerables.
“No podemos ser indiferentes a la tragedia de las viejas y nuevas formas de pobreza, al sombrío aislamiento, el desprecio y la discriminación que experimentan aquellos que no pertenecen a ‘nuestro grupo'”, Papa Francisco. (France 24, septiembre 29 2020)
Las Palabras del Papa Francisco retoman vigencia frente a la situación de los migrantes más vulnerables. Los extranjeros en situación de irregularidad y empobrecimiento que constituyen la mayoría, no tienen el acceso al sistema de salud ni a tratamiento de sus enfermedades y ahora son discriminados nuevamente al negársele el acceso a la vacuna contra el covid-19.
El Papa Francisco al referirse a la vacuna ha señalado que se debe privilegiar a los migrantes: “los niños, comprendiendo los menores migrantes y refugiados no acompañados “. (ASP, septiembre 28, 2020)
Mínimo Vital y derecho a la vivienda (Desempleo y desalojos)
La pandemia ha golpeado con fuerza a los más vulnerables, quienes tuvieron que permanecer en casa, derivado de las cuarentenas y restricciones de movilidad, no tuvieron la misma fuente de ingreso, claramente esta fue la causa por la que adquirir bienes de primera necesidad, no era una tarea fácil. Si en Colombia la tasa de desempleo cerró el año pasado con el 15.9%, con un incremento notable, comparado al año 2019, es fácilmente deducible el panorama del migrante en el país, pues ellos también son afectados por la situación económica que afronta Colombia, teniendo en cuenta los niveles de informalidad en la población migrante.
En Colombia, de acuerdo con el último reporte del Departamento Nacional de Estadística (DANE) la proporción de ocupados informales en las ciudades y áreas metropolitanas encuestadas; la
Los riesgos que afronta la población migrante
Riesgo de protección: Morir es uno de los mayores riesgos de la población migrante, principalmente la que sale del país por medios de transporte terrestre, fluviales o a pie. En los últimos años se han conocido casos de venezolanos fallecidos que generan alerta por el peligro al que se expone esta población en la travesía por encontrar un mejor futuro. Desde el 23 de abril de 2019 se han registrado naufragios de embarcaciones con migrantes venezolanos a bordo.
Riesgos vinculados a la seguridad alimentaria. El 85% de los hogares venezolanos en Colombia aseguran tener dificultades para conseguir alimentos y un 68% dicen tener obstáculos para lograr vivienda, según una encuesta publicada este martes por el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM). El estudio también muestra que el 65% de estos hogares consumen dos comidas al día o menos, y una de cada tres de estas familias ha tenido que pedir dinero en la calle para comprar alimentos.
Riesgos relacionados con COVID-19. Los venezolanos corren el riesgo de ser reclutados por grupos armados o de acabar trabajando en cultivos ilegales, sufriendo discriminación, violencia sexual y prostitución forzada. A menudo obligados a vivir en condiciones difíciles, sin acceso al agua y en malas condiciones sanitarias, los inmigrantes corren ahora más riesgos a causa de la pandemia.
Principales necesidades y retos del contexto humanitario actual en la migración y el refugio 2021
Las tres principales necesidades generales de la población migrante y refugiada son alimentación, apoyo de vivienda (ayuda para pagar el arriendo) y acceso a empleo. Las necesidades específicas están relacionadas con personas que sufren algún tipo de discapacidad, la regularización migratoria y atención de mujeres gestantes y/o lactantes. Los miembros de pueblos indígenas enfrentan alto riesgo de protección vinculados con situaciones con grupos armados.
El acceso al sistema de salud es otra necesidad que poco se ha podido cubrir, pues la mayor parte de los migrantes y refugiados no se encuentran afiliados a ninguno de los regímenes de salud. La salud psicosocial se encuentra en la misma situación.
Dentro de los retos se encuentran el apoyo para la generación de medios de vida. Otro está vinculado a la seguridad alimentaria y nutrición. También en materia de agua, saneamiento e higiene, ya que muchos no acceden a fuentes de agua mejoradas. Se acrecientan también los riesgos de protección para niños y niñas, mujeres víctimas de violencia de género. Otro reto está relacionado con el acceso a internet y educación ya que muchos hogares de personas migrantes y refugiadas no tienen acceso a Internet.
Finalmente, en materia de retornos, debido a las restricciones derivadas de las medidas de aislamiento y distanciamiento social, muchos tienen intenciones de retornar a Venezuela, debido primordialmente a las limitaciones de acceso a ingresos en Colombia
