Contexto
-El año 2020 y los días iniciales del año 2021 no han dado descanso a las poblaciones vulnerables y en riesgo, lastimosamente los hechos violentos no cesaron y por lo visto tienden al aumento, durante el 2020 se reportaron en el país un total de 91 masacre, con 64 municipios afectados en 23 departamentos. El mayor número de estos crímenes fueron en Antioquia (21), Cauca (14), Nariño (9), Norte de Santander (6), Putumayo, Bolívar y Valle del Cauca, (4 c/u), Chocó, Córdoba, Cundinamarca y Bogotá, Huila, (3 c/u), Atlántico, Tolima, Magdalena (2 c/u) y con (1) Arauca, Caldas, Cesar, Guaviare, Meta, Sucre, Guajira y Quindío. En estas masacres fueron asesinadas 381 personas. En lo que llevamos del 2021 se han registrado 10 masacres, con 33 personas asesinadas, estas personas estaban en los departamentos de Caquetá, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.
-El pasado 29 de enero el país conoció la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz de imputar a ocho excomandantes de las Farc-Ep en el caso 01 sobre Toma de rehenes y graves privaciones de la libertad, catalogándolo como delito de lesa humanidad y crimen de guerra, lo que se cataloga como uno de los mayores logros en la justicia colombiana.
-El Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, publicó su cuarto informe sobre la implementación del Acuerdo de Paz, en el hace un balance sobre el estado de implementación, dejando ver su preocupación por las garantías de seguridad y el poco avance en la materialización del punto 2, Participación Política. Señala el informe que el 81% de los puntos étnicos del Acuerdo tiene avances mínimos o nulos y que los puntos que más rezagos presentan son: la Reforma Rural Integral (con 4% de indicadores completados con este enfoque étnico), el Fin del Conflicto (0%) y la Solución al problema de las drogas ilícitas (0%).
-El Tribunal Permanente de los Pueblos juzgará al Estado colombiano por genocidio político, impunidad y crímenes en contra de la paz, en una sesión en Colombia que está programada para el 25 y 27 de marzo de 2021. Para el contexto de esta sesión, las organizaciones sociales, étnicas, de víctimas, de derechos humanos y políticas denunciarán el genocidio político, continuado y extendido que han tenido a lo largo de su existencia, los crímenes que ocurrieron luego del Acuerdo de Paz y la impunidad.
-Ante la situación sanitaria que se registra en el país por el aumento acelerado de casos y muertes, el Gobierno emitió el Decreto 039 de 2021, extendiendo el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable, que irá hasta el 1° de marzo de 2021.
-En el distrito capitalse decretó alerta roja en Bogotá por el segundo pico de COVID-19 . Regresa la cuarentena general el fin de semana del 16 y 17 de enero y los siguientes fines de semana de enero, también se decretaron medidas de aislamiento por localidades y UPZ, así como ley seca y restricción de movilidad diurna y nocturna en Bogotá. Actualmente, se encuentra en aislamiento selectivo.
-Bogotá vigila estricto aislamiento de viajeros provenientes de Leticia, Amazonas, debido al reconocimiento de la nueva cepa del Coronavirus.
Reconocimiento y vulnerabilidad (ciudad de CALI)
Ante el crítico nivel de ocupación de camas UCI en la ciudad de Cali (97,5%), según el más reciente informe de la Secretaría de Salud Municipal, el alcalde Jorge Iván Ospina convocó a profesionales de la salud venezolanos debidamente certificados para trabajar en esta emergencia.
“Quisiéramos convocar incluso, con las debidas autorizaciones, que aquellos migrantes que tengan formación de alta especialidad para unidades de cuidado intensivo también se deben de registrar. Ese médico, esa enfermera, esa auxiliar venezolana, que tiene formación para cuidados intensivos sí que nos podrían colaborar para apagar este incendio por la pandemia”.
En reacción a esta medida, Gerardo Aponte, presidente de la Asociación de Migrantes de Venezuela (Asovenezuela), afirmó que están a la expectativa de la convocatoria que se ha hecho en diferentes sitios a los profesionales médicos venezolanos con títulos convalidados. Sostuvo que apoyan cualquier iniciativa de incorporar al profesional médico venezolano al mercado laboral colombiano. “No tenemos duda que los médicos venezolanos convalidados en Colombia serán efectivos profesionales y eficientes en sus labores no sólo en una emergencia como es lo que ocupa en este momento a la autoridad si no en el mercado profesional médico normal”, dijo el abogado venezolano.
Esta noticia es importante porque pone de manifiesto una faceta desconocida para muchos caleños y es la existencia de inmigrantes venezolanos altamente calificados en el campo de la salud y en otras áreas. De igual forma el reconocimiento de este capital humano manifiesta la situación de los profesionales venezolanos en situación de irregularidad y aquellos que, aunque son regulares no han podido convalidar sus títulos.
La iniciativa de valorar el talento profesional de los profesionales venezolanos en tiempos de pandemia contrasta con el discurso del presidente Duque cuando afirmo que la vacuna contra el covid-19 no sería garantizada para migrantes en situación de irregularidad.
Nuevas fronteras que separan a los inmigrantes más vulnerables se están construyendo en Cali y son contrarias a la visión humanitaria que busca construir puentes de solidaridad e integración entre comunidad migrante y comunidad de acogida. En este sentido relacionar la vacunación con el estatus migratorio en contario al derecho humano a la salud e injusta ya que la regularización es responsabilidad del estado y no de los inmigrantes. Lo que se pierde de vista con todos estos argumentos nacionalistas y discriminatorios es que detrás está un drama humano y se evade la solución relacionada con la implementación de una política pública de regularización de los inmigrantes. Sin embargo, mientras se discuten políticas públicas hay vidas en riesgo.
Nuevas fronteras que separan a los inmigrantes más vulnerables se están construyendo en Cali y son contrarias a la visión humanitaria que busca construir puentes de solidaridad e integración entre comunidad migrante y comunidad de acogida. En este sentido relacionar la vacunación con el estatus migratorio en contario al derecho humano a la salud e injusta ya que la regularización es responsabilidad del estado y no de los inmigrantes. Lo que se pierde de vista con todos estos argumentos nacionalistas y discriminatorios es que detrás está un drama humano y se evade la solución relacionada con la implementación de una política pública de regularización de los inmigrantes. Sin embargo, mientras se discuten políticas públicas hay vidas en riesgo.
