Población afectada
Además de las afectaciones directas del COVID-19, y dada la situación de vulnerabilidad previa que sufrían ciertas poblaciones, entre ellas la de personas privadas de la libertad, se publicó hace una semana el Decreto 546 para la excarcelación de unos 4.000 internos (priorizando adultos mayores, madres gestantes y lactantes, pacientes con enfermedades graves), no obstante, por la cuarentena que deben tener y los riesgos de enviarlos a sus hogares esta medida no se ha materializado.
También hay llamados urgentes a tomar más medidas para esta población, dado que como lo anuncia el manifiesto público de reconocidos profesores y penalistas universitarios, se puede avecinar un genocidio carcelario[1].
Comunidades que apoyan nuestros proyectos en Caquetá y Putumayo, tienen una sobreafectación, dado que el ingreso de los productores y su capacidad de acceso a alimentos no perecederos, por el aumento desmesurado en los precios, los está impactando fuertemente[2].
Por otro lado, persiste situación de violación de derechos humanos e infracciones al Derechos Internacional Humanitario en los departamentos de Chocó, Norte de Santander, Nariño, Cauca, Putumayo, Bajo Cauca Antioqueño, sur de Córdoba, Buenaventura y Arauca; los actores armados están fortaleciendo su control territorial en las zonas y con las poblaciones; los asesinatos a líderes sociales y defensores de derechos humanos continúan, reportando al día de hoy 82 líderes asesinados en 2020.
En el departamento del Cauca, la situación es grave en materia de seguridad y orden público, específicamente en los municipios de El Tambo, Corinto y Buenos Aires. Asesinatos, enfrentamientos armados y amenazas así lo corroboran.
Continúan los desplazamientos masivos en Norte de Santander, Sardinata y Puerto Santander, en este último lugar llegaron 200 personas que abandonaron sus viviendas en Boca de Grita, territorio venezolano hacía Colombia, luego de la circulación de un audio en donde, al parecer, el grupo ilegal ‘Los Rastrojos’ amenaza a la población y les advierte que son objetivo militar; en Tibú se registró un muerto y tres heridos por MAP/MUSE y en Nariño, en el Resguardo indígena Awá de Inda Sabaleta, en un proceso de erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito fue asesinado un indígena y tres más fueron heridos. Con un caso reportado en Urrao, llegan este año a 23 los asesinatos a ex guerrilleros reincorporados y firmantes del Acuerdo de Paz.
En los municipios de Solano y Valparaíso en el Caquetá se están cobrando multas a las personas ajenas a las comunidades que accedan al territorio. Los actores armados presentes en la zona han circulado panfletos obligando a cumplir el aislamiento social.
Referencias:
[1] https://www.desdeabajo.info/colombia/item/39432-carceles-de-colombia-en-pandemia-interna-por-coronavirus.html
2. Según Proyecto DCV 226-2019-001 “En este momento se está viendo afectada la cadena de producción de leche, en los municipios de Valparaíso, Solano y el corregimiento de Mayoyoque, por el tema de movilidad y producción de excedentes, los precios de venta en que se comercializaban principalmente la leche cruda y el queso han bajado sensiblemente. Ej: el litro de leche que lo vendían entre $1.000 y 1.300 (0,23 y 0,30 euros) ahora lo venden a $800 (0,19 euros), igualmente sucede con el queso que comercializan en bloques de 25 libras, tenía un valor de $130.000 (30,50 euros) y ahora lo venden a $ 30.000 (7,04 euros)”.
