El papel de la Iglesia Católica en la atención a la crisis migratoria
15/09/2020 Se acerca la celebración de la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado, una iniciativa con la que la Iglesia Católica busca sensibilizar sobre este flagelo social que se presenta en el mundo y expresar la profunda preocupación que genera los obstáculos a los que se enfrenta esta población en estos momentos de pandemia.
En entrevista con Proyecto Migración Venezuela de la Revista Semana, monseñor Héctor Fabio Henao, director del Secretariado Nacional de Pastoral Social / Cáritas Colombiana, habló sobre el papel de la Iglesia en la atención de la crisis migratoria de venezolanos y los retos que enfrenta el país para incluirlos en la sociedad.
Son varias las situaciones de vulnerabilidad a la que se enfrenta la población migrante, por ejemplo: condición migratoria irregular, falta de acceso a oportunidades de trabajo, falta de garantías para acceso equitativo a salud y educación, dificultades en el acceso a una vivienda digna, riesgos de protección para niños, niñas, adolescentes y mujeres; además de manifestaciones de xenofobia y discriminación, entre otros.
Razón por la que, desde la Iglesia Católica colombiana que busca brindar respuesta a esta situación, se les ha ofrecido acompañamiento desde distintas líneas como la entrega de alimentos, de kits de aseo personal, apoyo jurídico y psicosocial, ayudas humanitarias y creación de proyectos sociales.
“El SNPS/CC trabaja de la mano con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para dar una respuesta integral a esta población. Tenemos participación en el Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), ayudamos a formular e implementar iniciativas de proyectos productivos para los migrantes o refugiados. Además, hemos hecho incidencia en la ley migratoria, con la propuesta del decálogo y observaciones al proyecto”, afirmó monseñor Héctor Fabio Henao durante la entrevista.
Con el objetivo de trabajar por los migrantes y refugiados, además de atender el llamado del Santo Padre Francisco, a inicios del 2020 se reunieron diversos obispos venezolanos y colombianos que dialogaron sobre esta cruda realidad y construyeron un plan de respuesta llamado ‘Puentes de solidaridad’, con el que se busca brindar acompañamiento y “ponerse en los zapatos de los que migran”.
“Hay un clamor para que todos nos sintamos miembros de una sola familia humana. Los caminantes venezolanos nos recuerdan que es un continente el que camina con muchas incertidumbres hoy. Este continente tiene ahora múltiples situaciones humanitarias agravadas por la pandemia y el aislamiento. Tendremos que pensarnos más en clave regional, más en clave de miembros de una sola familia humana porque todos vamos a requerir una estrategia compartida. La pandemia nos ha enseñado que para salir adelante dependemos de los demás”, comentó monseñor Henao.
En cuanto a la repuesta institucional de Colombia ante el fenómeno migratorio, monseñor Henao aseguró que es insuficiente y se deben hacer cambios profundos. “Nosotros hacemos parte de una coalición de organizaciones de la sociedad civil y la academia que, desde hace varios meses, ha venido estudiando el proyecto Ley de Política Migratoria Integral y hemos propuesto un decálogo con los 10 temas clave que debería tenerse en cuenta”, aseguró.
Desde esa coalición se considera que el proyecto requiere importantes cambios para que pueda responder a los desafíos que representa la gestión migratoria y la protección internacional de personas refugiadas y apátridas, es por ello que, se hace necesario incorporar un enfoque claro de derechos humanos que se ajuste a los que dice la Constitución Política y los estándares internacionales.
Para monseñor Héctor Fabio Henao, “el país requiere una ley que dote a las autoridades de los instrumentos necesarios de gestión, pero bajo un marco de acción integral, claro y definido: esa es la razón de ser de una ley migratoria y de protección internacional. El articulado del proyecto de ley 036, tal y como está formulado, no suple estas características, razón por la cual si no tiene cambios sustanciales y no incorpora los mínimos de derechos humanos que advertimos, no debe ser aprobado”.
