Puntos claves
Eventos relacionados con el contagio de Covid-19
-La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) en su boletín de sistema de monitoreo territorial indica que a corte del 2 de septiembre hay 70 pueblos indígenas afectados por la pandemia, 11.271 casos de indígenas contagiados y 385 personas han fallecido. Teniendo en cuenta el contexto actual de la pandemia, la ONIC orienta a sus Autoridades y a la población indígena en Colombia, a extremar las medidas de prevención y precaución, así como a reforzar sus planes de contingencia, manteniendo plena observancia a sus comunidades durante el mes de septiembre y evaluar la reactivación de las actividades comunitarias solo hasta tener mayores indicios del impacto que se generará como producto de la apertura de la economía.
Eventos relacionados con violencias, violaciones a d.d.h.h., intensificación de problemas sociales y actualidad nacional
-Durante la semana se registraron distintos hechos de violencia en Cali. Silvio Enrique Ochoa, pastor de una iglesia cristiana en la ciudad fue asesinado; dos individuos llegaron hacia un taller de mecánica donde se encontraba y le dispararon, en el hecho también resultó herido un hombre de 45 años que estaba allí. Las autoridades adelantan la investigación del caso. También durante el fin de semana se reportaron 15 homicidios de personas entre los 27 y 37 años de edad, la mayoría de ellos ocurridos en las comunas del oriente de Cali.
-Integrantes de la Sijin de la Policía Nacional en Arauca, capturaron a Jonathan Orlando Gelves Atuesta, alias Camilo; señalado de cometer el asesinato del líder social Arley Mogollón Becerra en 2018. Se produjo también la captura de cuatro personas que según información suministrada a las autoridades, pertenecían a las milicias urbanas del ELN.
-La violencia no cesa en Tumaco, Nariño, el comando de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules informó que dos soldados del Batallón de despliegue rápido Nº 4 murieron luego de ser alcanzados por un artefacto explosivo de alto poder destructivo.
-En el marco de la Semana por la Paz y a raíz de la guerra que están viviendo varias regiones del país azotadas por masacres, amenazas, desplazamientos y asesinatos, las organizaciones sociales convocaron para el 21 de septiembre a marchas del silencio y plantones en varias regiones de Colombia y en distintos países del mundo.
-Más de quinientas organizaciones sociales y no gubernamentales agrupadas en tres plataformas de derechos humanos presentaron su balance del segundo año de gobierno del presidente Iván Duque, en donde señalan el grave retroceso en derechos humanos, el aumento de la violencia y el desgobierno frente a la emergencia derivada del Covid -19. Según este balance, el segundo año del Gobierno Nacional se ha caracterizado, entre otras cosas, por medidas excepcionales como respuesta a la pandemia del Covid-19. Con esta excusa se concentraron facultades extraordinarias del ejecutivo, que en los primeros 3 meses expidió 164 decretos de los cuales apenas 11 se relacionaron directamente con el sistema de salud.
-Varias organizaciones de derechos humanos y sociales acudieron con urgencia y preocupación ante los organismos intergubernamentales de Derechos Humanos, a efectos de poner en su conocimiento los graves hechos de uso excesivo de la fuerza y abuso de poder por parte de la Policía de Colombia, a través de los cuales se ha atentado contra los derechos a la vida e integridad personal de ciudadanos(as) colombianos(as), que han participado en manifestaciones públicas, en rechazo del asesinato del abogado Javier Ordoñez por parte de integrantes de la Policía Nacional.
-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- condenó los casos de brutalidad y abuso policial en Colombia, este organismo le recordó al Gobierno que su deber como Estado es proteger los derechos fundamentales a la vida, la liberta de expresión, así como de limitar el uso de la fuerza de los órganos estatales.
-Los hechos violatorios de derechos humanos no cesan lastimosamente, el 4 de septiembre se reportó una nueva masacre en Nariño, en zona rural de Buesaco, donde encontraron el cuerpo de cuatro personas. El 5 de septiembre, tres hombres fueron asesinados en la zona rural de El Tambo, departamento del Cauca y el 7 de septiembre se reportaron dos nuevas masacres en el departamento de Bolívar. Según el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz -Indepaz– en lo que va del 2020, hasta el 5 de septiembre, se han presentado 51 masacres en todo el país. Ahora con estos dos lamentables sucesos y uno más en el Bajo Cauca Antioqueño, la cifra llegaría a 54 masacres, por el momento. Además, el pasado 7 de septiembre asesinaron al gobernador indígena José Nelson Tapic, de Villa Blanca Dubasita, en Medio Baudó, Chocó. Y en el centro urbano de Puerto Asís asesinaron al joven Emerson Gómez Álvarez.
-El Bajo Cauca Antioqueño sigue siendo azotado por la violencia, el pasado 4 de septiembre el Consejo de Gobierno Mayor de la Organización Indígena de Antioquia, denuncio ante la opinión pública nacional e internacional la grave situación humanitaria por la que atraviesan 40 familias indígenas senúes de la Isla de la Dulzura, quienes en las últimas horas, luego de ser amenazados por grupos armados al margen de la ley, tuvieron que abandonar sus casas, pertenencias y animales, y buscar refugio temporal en el corregimiento de Guarumo del municipio de Cáceres.
-El 9 de septiembre fue el día nacional de los derechos humanos, en el marco de esta importante fecha se presentaron protestas en varias zonas del país y especialmente en varios barrios de la capital colombiana, luego que el pasado 8 de septiembre integrantes de la policía nacional metropolitana de Bogotá asesinaron al señor Javier Ordoñez, en un hecho notorio de uso excesivo de la fuerza y abuso de la fuerza policial.
En los actos de protesta la Policía Nacional respondió con más fuerza y en varias localidades se reportaron disparos a las personas que protestaban, en esos hechos se confirmó el homicidio de 8 personas más y aproximadamente 248 ciudadanos heridos. La respuesta del gobierno a través del Ministro de Defensa es el anunció de la llegada de 300 soldados de la Brigada 13 del Ejercito Nacional y 850 policías de otras regiones a la capital del país. La Alcaldesa de Bogotá instó al Gobierno Nacional a trabajar en una reforma de fondo a la Policía Nacional dado que el número de casos y la gravedad de hechos que se reportan en contra de esta institución dejan ver que no se trata de algunos integrantes al interior de esa institución que actúan de manera autónoma cuando cometen esos delitos. Según reporte de Medicina Legal entre 2017 y 2019, registraron 639 casos de violencia homicida cuyo responsable era un funcionario de la Fuerza Pública.
-El 4 de septiembre Deyvinson Montero Arroyo, secretario de Gobierno de Tarazá, Antioquia, informó que La Esperanza se quedó sin habitantes. “La comunidad abandonó la zona en tres desplazamientos, en un primer momento salieron 23 núcleos familiares, después cuatro familias más, incluyendo al presidente de la Junta de Acción Comunal, así fueron llegando las familias al casco urbano.Ya la comunidad quedó sin habitantes, quedó sola totalmente”, dijo Montero Arroyo a RCN Radio. Al parecer las personas huyeron por temor a quedar en medio del fuego cruzado.
Eventos relacionados con población migrante y refugiada:
-A pesar de la reapertura de la economía en el país, continúa aumentando el número de ciudadanos venezolanos que retornan a su país a causa de la emergencia por el Covid-19. El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, comunicó el 4 de septiembre que a la fecha, han retornado 105.000 persona en 1.350 buses. Así mismo, el reporte más reciente sobre cifras de ciudadanos venezolanos en Colombia emitido por esta entidad (con corte al 30 de junio 2020), demostró que por tercer mes consecutivo descendió la cantidad de migrantes de esta nacionalidad. En mayo se registró la presencia de 1.764.883 personas radicadas en el país mientras que en junio se reportó una cifra de 1.748.716, de ellos 732.857 se encuentran en situación migratoria regular y 985.859 en situación irregular. Bogotá sigue siendo la ciudad de Colombia con mayor concentración de venezolanos, con más de 343.000 migrantes, es decir el 19,62 por ciento de esta población. Le siguen ciudades como Cúcuta con más de 103.000, Barranquilla con 95.000, Medellín con 88.000 y, por último, Cali con más de 60.000 migrantes. El documento completo puede encontrarse en: https://www.migracioncolombia.gov.co/tramites-y-servicios/tag/Radiograf%C3%8Da%20de%20venezolanos
-Durante el fin de semana del 3 al 5 de septiembre, autoridades del departamento de Norte de Santander, junto con Migración Colombia y la Policía Nacional terminaron la operación a través de la cual se buscó despejar el sector de La Parada, en donde se presentó un alto represamiento de personas que esperaban retornar a Venezuela. Doscientas personas fueron autorizadas para cruzar a través del Puente Internacional Simón Bolívar, 426 fueron ubicadas en alojamientos transitorios en Villa del Rosario y Cúcuta y 154 fueron trasladados al Centro de Atención Transitorio de Tienditas. Durante la operación se identificó el grado de vulnerabilidad de las familias, se dio orientación sociojurídica por parte de la OIM y ACNUR y se dio atención nutricional a menores.
Así mismo, se continúan fortaleciendo los Centros de Monitoreo para Migrantes en Retorno a Venezuela en el que se caracterizan las personas que llegan al departamento de Norte de Santander para retornar y se establecen turnos de atención para los centros transitorios. El secretario de fronteras precisó que los recién creados Centros de Monitoreo Fronterizo están arrojando información preocupante: más del 70 por ciento de la población migrante que está llegando a esta frontera se encuentra en condición irregular, por lo que sugirió trabajar urgente con el tema de la identificación y control del flujo migratorio.
-Durante esta semana, se conoció que la Unión Europea aprobó una donación de 12 millones de Euros para atender la crisis migratoria venezolana en Suramérica, que serán destinados para apoyar los procesos de integración en Colombia, Perú y Ecuador. En el país, junto con esta donación, la UE en alianza con la Agencia Alemana de Cooperación (GiZ) esperan apoyar los medios de vida de la población migrante y refugiada en el departamento de Norte de Santander y apoyar la “Iniciativa Bogotá”, a través de la cual se busca mejorar el acceso para rutas de regularización, la creación de albergues y los centros de protección para víctimas.
-El próximo 15 de septiembre se instalará una delegación del Gobierno en la frontera entre Norte de Santander y Venezuela para buscar soluciones a los represamientos de migrantes que esperan poder retornar a su país. La delegación estará conformada por funcionarios de la Cancillería, el Ministerio del Interior y Migración Colombia y trabajará conjuntamente con las autoridades locales de Cúcuta y Villa del Rosario para dar soluciones a esta problemática que se ha desatado durante el tiempo de la emergencia sanitaria por el Covid-19. Con este trabajo se espera avanzar en la respuesta del país a la crisis migratoria en términos de identificación, regularización e integración de la población migrante y refugiada.
-El Proyecto Migración Venezuela de la Revista Semana lanzó los resultados de un análisis del comportamiento de la balanza comercial entre Colombia y Venezuela en los últimos 20 años. Entre los principales hallazgos puede verse que la crisis económica, política y social del vecino país ha impactado negativamente las exportaciones, pues según datos del DANE mientras que en 2008 se exportaron 6.071 millones de dólares a Venezuela, en 2015 esta cifra descendió a 1.060 millones y en 2019 a 196 millones; lo cual demuestra los efectos de las tensiones diplomáticas entre los dos países. Sin embargo, también se han evidenciado aspectos positivos como el incremento de la inversión de empresarios venezolanos en Colombia y la generación de nuevos empleos a partir de los emprendimientos y las empresas que se instalan en nuestro país. Entre el 2001 y el 2019 esta inversión fue de 1.078 millones de dólares, particularmente en los sectores financiero, de hidrocarburos, tecnologías de la información y las comunicaciones, agroindustria e infraestructura de turismo.
-La Personería de Medellín lanzó el Grupo Especial Asuntos Étnicos y Migrantes que se encargará de acompañar a población indígena, afro y migrantes en la restitución de derechos y el acceso a garantías básicas en la capital de Antioquia. Este grupo trabajará de manera coordinada con profesionales e investigadores de la Unidad Permanente para los Derechos Humanos -UPDH- y con representantes de organizaciones sociales, la iniciativa fue apoyada por la OIM y por el Programa Inclusión para la Paz de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
–La violencia contra la población migrante LGBTI va en aumento, según un informe de la organización Caribe Afirmativo “Sobre violencias a personas venezolanas LGBTI en situación de movilidad humana”, en lo que va de 2020, se han registrado 41 eventos vinculados a discriminación y violencias que intersecan la xenofobia con la de género. La misma organización señala que al respecto existe un subregistro, pues no todas las personas víctimas de estos hechos denuncian ya sea por miedo a represalias, por no acceso a la justicia o temor a visibilizar su orientación sexual.
-El pasado 3 de septiembre, la Corte Constitucional de Colombia tomó una decisión inédita que abre una puerta para la garantía de derechos de la población migrante víctima de delitos de trata. Luego de que la Fiscalía General de la Nación hubiera determinado que el caso de una mujer venezolana que fue engañada para llegar a Colombia con promesas de trabajo y a quien se forzó a la explotación sexual con fines comerciales, no se trataba de un delito de trata sino de una inducción a la prostitución; la Corte dictó medidas provisionales para que se active la ruta de protección frente a trata de personas para la mujer y su familia en la Secretaría de Gobierno de la ciudad en la que reside y en la Secretaría Técnica del Comité Municipal de Lucha contra la Trata de Personas. Se espera que esta decisión de la Corte permita al país avanzar en la garantía de derechos para la población migrante frente a este delito, del cual son las principales víctimas.
-Con la reapertura de la economía en Colombia, muchos ciudadanos venezolanos que en el tiempo del confinamiento retornaron a su país, esperan poder regresar dado que encontraron condiciones más difíciles en Venezuela, en donde según la ONG Red Humanitaria, no tienen alimentos, medicamentos, comunicaciones, agua, gas o luz. Esta misma organización denunció que ante el mantenimiento del cierre de fronteras, los caminantes se exponen a diversos riesgos a través de cruces irregulares para poder llegar a Colombia, Perú y Ecuador.
-Según el reporte de la reunión de la plataforma regional R4V, se identificaron cuatro escenarios en lo que respecta a los flujos migratorios: 1) los nuevos movimientos pendulares entre Colombia y Venezuela tendrán un impacto particular en las zonas fronterizas y en los servicios básicos en ambos países, 2) los constantes movimientos de retorno a Venezuela y luego el reingreso a Colombia, aumentarán las necesidades y llevarán a más refugiados y migrantes a permanecer en asentamientos informales, agobiará la capacidad de respuesta y aumentará los riesgos de protección, 3) se aumentó el flujo masivo de caminantes con necesidades multisectoriales en territorio colombiano, a causa de la flexibilización de las restricciones de movimiento, lo que aumentará los riesgos de protección y especialmente la trata y el tráfico de personas a lo largo de las rutas y 4) hay una mayor movilidad de refugiados y migrantes en toda la región, un mayor control sobre los puntos críticos de infección, la reapertura de las economías y los pasos fronterizos, lo que aumenta los riesgos de protección.
-Las autoridades desarticularon una red de trata de personas en Cali, que engañaba a mujeres para enviarlas a China con fines de explotación sexual comercial. Las principales víctimas eran jóvenes de Antioquia y Santander, así como mujeres migrantes y refugiadas. La red ofrecía trabajos como modelos en el extranjero, tramitaba la documentación y una vez llegaban a China tras pasar los controles migratorios eran sometidas a actividades sexuales forzosas.
.Acciones que requieren visibilización
-La Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial y el Banco de Microfinanzas Bancamía firmaron un acuerdo para ofrecer productos financieros que favorezcan la integración y los emprendimientos de la población migrante proveniente de Venezuela en Colombia. Se desarrollarán pruebas pilotos en la oferta de cuentas de ahorro, créditos y seguros que permitirán identificar las principales necesidades y utilidad que estas podrían tener para la población, especialmente para las mujeres. El IFC también trabajará con el sector privado para fortalecer la inclusión financiera y el apoyo a emprendimientos, el establecimiento de políticas que promuevan la creación de negocios, la entrega de servicios básicos como educación y energía y la transferencia de lecciones aprendidas.
-En el transcurso del año 2020, se han emitido más de 3.400 Permisos Especiales de Permanencia para el Fomento de la Formalización (PEPFF) según lo anunciado por Migración Colombia. De la misma manera, desde el inicio de la renovación virtual del PEP-RAMV, 100.000 ciudadanos venezolanos han podido renovar este documento. Se espera que durante este mes (septiembre) se pueda dar apertura a los Centros Facilitadores de Servicios Migratorios bajo un sistema de agendamiento de citas para mantener las medidas de prevención del contagio de Covid-19.
–Migración Colombia lanzó la aplicación Libertapp, a través de la cual se busca mejorar los procesos de identificación y denuncia de delitos de trata de personas en contextos migratorios. La aplicación cuenta con un botón de pánico que envía de manera inmediata los datos del denunciante y su ubicación en tiempo real al Centro Operativo Antitrata de Personas -COAT-. La aplicación puede descargarse en los sistemas operativos iOS y Android en español y en inglés. Así mismo cuenta con información para aprender sobre este delito: los diferentes tipos de trata de personas que existen, los métodos de captación que utilizan estas redes y herramientas para identificar señales de riesgo.
Gracias a la aplicación, en la primera semana de septiembre las autoridades rescataron a una menor de 16 años de nacionalidad venezolana víctima de explotación sexual con fines comerciales en el municipio de Maní-Casanare. De acuerdo con cifras del Ministerio del Interior y de Justicia, desde el año 2013 hasta el mes de julio de 2020, se han reportado 686 casos de trata de personas en el país, siendo las mujeres, los migrantes y los niños los más afectados. Esta iniciativa se suma a las estrategias ya existentes contra este delito en Colombia, el cual ha incrementado dentro de la población de migrantes y refugiados.
-Continuamos resaltando que el Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo -SINDHEP-, publicó una cartilla de la Fundación PODION con la cual se busca “contribuir al reconocimiento de los riesgos para la vida en el contexto y como consecuencia de la pandemia”. La cartilla está dirigida a organizaciones defensoras de derechos humanos, organizaciones humanitarias, organizaciones sociales, así como a personas preocupadas por la protección y el cuidado de la vida.
-Resaltamos la importancia del curso de extensión “Elementos para mejorar la prevención, atención y vigilancia epidemiológica de los casos de Covid-19 en comunidades indígenas de la Amazonia colombiana” que fue realizado gracias al apoyo y financiación de la Universidad Nacional de Colombia Sede Amazonia, el Instituto Amazónico de Investigaciones Imani, Sinergias—Alianzas Estratégicas para la Salud y el Desarrollo Social, Amazon Conservation Team, y las organizaciones indígenas OPIAC, ACITAM, ATICOYA, AZCAITA, CAPIUL, TIWA, CIHTACOYD, y la Parcialidad de Monilla Mena Km 9. Este documento puede ser guía con los respectivos ajustes para otras poblaciones.
-Se sugiere que para las intervenciones en los territorios se tenga en cuenta el reporte de OCHA, el último informe es del 24 de agosto, en el señalan nuevamente como está la situación en el país, e indica pormenorizadamente las necesidades y acciones humanitarias en salud, seguridad alimentaria, nutrición y medios de vida; agua; saneamiento e higiene; educación; logística y coordinación, y protección que se requieren en varias regiones de Colombia.
-El jueves 10 de septiembre se realizó el lanzamiento del Pacto por la Vida y la Paz, una propuesta que nace desde el Pacifico y el suroccidente del país y que aglutina a más de 140 organizaciones sociales, étnicas y eclesiásticas, como la Diócesis de Quibdó y la Arquidiócesis de Cali, que impulsan la salida negociada al conflicto con todos los grupos armados y para que el país se una alrededor del diálogo y el respeto a la vida. Son 13 mandatos que rodean el pacto, entre ellos, implementar el acuerdo de paz, suscribir acuerdos humanitarios territoriales, retomar los diálogos con el ELN y construir un plan anticorrupción.
-Las Diócesis de Quibdó, presidida por su obispo monseñor Juan Carlos Barreto Barreto, la Diócesis de Istmina-Tadó, con su obispo, monseñor Mario de Jesús Álvarez Gómez y la Diócesis de Apartadó, en cabeza de monseñor Hugo Alberto Torres Marín, junto a organizaciones sociales y etnicoterritoriales, han suscrito un comunicado donde levantan su voz para denunciar el difícil momento que se vive a causa de la negación sistemática de derechos y de la violación del Derecho Internacional Humanitario. Lo hacen en el contexto de la Semana por la Paz que se celebra en el país del 6 al 13 de septiembre de 2020, y que nos motiva a seguir caminando hacia el reencuentro con la paz integral que es un anhelo profundo de nuestras comunidades.
-La peregrinación del Cristo de Bojayá como un acto de paz, unidad y vida en el Pacífico y Sur Occidente colombiano, inició el pasado 5 de septiembre y finaliza el 14 de este mismo mes, el Cristo ha visitará los municipios de Quibdó, Itsmina-Tadó, Palmira, Cali, Yumbo, Jamundí y Buenaventura.
