Población afectada
Ante los hechos de violencia, masacres, abandono estatal y violaciones de derechos humanos en el país, las poblaciones más afectadas son los excombatientes de las Farc, líderes y lideresas sociales, comunidades étnicas (indígenas y afro), campesinas y jóvenes. Así mismo la exacerbación de las violencias afecta a mujeres, niños, niñas y adolescentes en el marco de la pandemia.
La situación de la población migrante y refugiada proveniente de Venezuela continúa agravándose por la emergencia social y sanitaria. Desde que se cerraron las fronteras el 14 de marzo como medida de prevención de la propagación del Covid-19 y con el establecimiento de medidas de aislamiento obligatorio a nivel nacional, los migrantes perdieron sus fuentes de ingresos y se han presentado dificultades para satisfacer necesidades básicas como alojamiento y alimentación, así como para garantizar el autoaislamiento y las medidas de bioseguridad. Al vencerse el Decreto 579 del 15 de abril de 2020, que prohibía los desalojos, han entrado en una situación más crítica al respecto y al mismo tiempo se ha registrado el aumento de violencia contra las mujeres, niños y niñas en esta población.
En este contexto, se ha agravado progresivamente el riesgo de que la población migrante y refugiada sea víctima de redes de trata. El cierre de fronteras y el paso por cruces irregulares (ya sea para ingresar a Colombia o para retornar a Venezuela) han llevado a la proliferación de redes clandestinas de tráfico de migrantes. Así mismo, el difícil acceso a derechos y servicios básicos les hace más vulnerables a ser víctimas de trata con fines de explotación sexual, mendicidad ajena, trabajo o servicios forzados, y matrimonio servil. Durante la emergencia por Covid-19, por las restricciones de movimiento las victimas están aún más aisladas de la sociedad, esto hace que tengan menos posibilidades de encontrar ayuda cuando se encuentran en situaciones contra su voluntad.
En lo que respecta a riesgos de protección para niños, niñas y adolescentes de nacionalidad venezolana, la Defensoría del Pueblo informó que entre 2019 y 2020, se reportaron 3.648 casos de presunta violencia sexual. Más de mil niñas, niños y adolescentes venezolanos, entre 2017 y 2020, han ingresado a procesos administrativos de restablecimiento de derechos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por ser sobreviviente de violencia sexual, siendo este porcentaje el más alto (23,4 %) de los motivos de ingreso.
En cuanto a las cifras de niñas, niños y adolescentes refugiados y migrantes sobrevivientes de violencia sexual se registra que el 84 % están entre los 6 y 18 años y el 14 % son menores de 5 años. El 86 % de esta población son mujeres y el 14 % son hombres; lo que indica que las niñas y las adolescentes continúan siendo las más afectadas por este flagelo. El registro más alto de casos de niñas, niños y adolescentes venezolanos sobrevivientes de violencia sexual se presenta en Bogotá (22 %), Atlántico (13 %), Guajira (12 %), Norte de Santander (9 %), Magdalena (9 %), Cesar (4 %) y Bolívar (4 %).
Por otra parte, se ha identificado que pese a los diferentes esfuerzos que ha realizado el gobierno colombiano frente a diferentes alternativas que permitan la atención a toda la población migrante en urgencias sin importar el estatus migratorio y la promulgación de nuevos decretos por parte del Ministerio de Salud, aun se siguen presentando fallas y barreras que impiden el acceso de los migrantes al sistema.
Según investigación realizada por Natalia Prieto de la Revista Semana, más de la mitad de los casi 1,8 millones de venezolanos radicados en el país se encuentran en condición irregular, lo cual no les permite vincularse a una EPS; sino porque incluso dentro los regulares las cifras de afiliación al sistema son muy bajas. De acuerdo con información de esa cartera, a la fecha se encuentra asegurado solo el 31,6 por ciento del total de los migrantes venezolanos portadores del Permiso Especial de Permanencia (PEP). Es decir, de los 687.332 venezolanos que cuentan con PEP, solo 217.751 están afiliados a una EPS: 115.326 en el régimen contributivo y 102.425 en el régimen subsidiado. El porcentaje es mucho más bajo si se evalúa a la luz del universo total de migrantes en el país.
De acuerdo a lo anterior las quejas e inconformidades sobre el acceso a salud son múltiples los migrantes no conocen las rutas de atención, la falta de orientación y documentación les impide gozar de tal derecho. En la atención brindada por parte del SNPS/CC, a diario se requieren casos donde la principal problemática recae sobre esta situación.
Los menores son quienes representan el mayor riesgo. También, se ha identificado que por efectos de la pandemia Covid-19 aumentó la desescolarización de menores migrantes, la falta de estabilidad socioeconómica ha ampliado más la brecha y ha creado una cultura despreocupada y permisiva en cuanto a la educación de los niños, niñas y adolescentes. Esto, pese a los esfuerzos aunados desde las diferentes organizaciones sociales y no gubernamentales se logra identificar un amplio porcentaje sin acceso a educación.
Por otra parte, desde la atención del SNPS/CC también se han identificado riesgos psicosociales y se sugieren algunas estrategias a tener en cuenta en la intervención, entre ellas se resaltan:
-Manejar técnicas de respiración para la regulación emocional personal y de los beneficiarios. Se recomienda realizar una breve interrupción en las actividades diarias para evitar el automatismo de las acciones y los pensamientos, buscar un espacio agradable, tranquilo y silencioso y por último, desarrollar ejercicios de respiración que permitan tomar conciencia sobre el propio cuerpo. Se sugiere inhalar y exhalar tomando conciencia de cada movimiento y practicas siete respiraciones de manera consciente.
-Al abordar casos de desintegración familiar por el abandono de uno de los conyugues se sugiere: a) facilitar un proceso de elaboración del duelo y b) brindar herramientas para identificar el desarrollo de un posible esquema de abandono en niños y adultos. El esquema de abandono se presenta como una serie de comportamientos de inseguridad e inferioridad, idealización de la pareja, actitudes derrotistas y dependencia emocional. Es importante acceder a las expresiones emocionales, comportamientos y creencias evitadas para desestructurar el esquema de referencia y evitar el emparejamiento con personas que favorezcan la repetición del esquema de abandono y por ende la reanudación del malestar.
-Reconocer los espacios donde residen las personas atendidas. Algunos beneficiarios viven en apartamentos, habitaciones compartidas, albergues u otros lugares que limitan la privacidad para la atención. Reconocer el espacio a través de preguntas sobre la percepción de seguridad, la confianza con las personas con quien se convive y la seguridad de los alrededores, permite: a) crear un mapa de las potenciales redes de apoyo como: hospitales, policía y familiares, y b) reconocer el acceso a servicios públicos, transporte, entre otros factores que contextualizan la atención y la intervención. Es importante tener como premisa la influencia del ambiente sobre las personas y sus relaciones, permitiendo recolectar información para la creación de estrategias de adaptación.
