Población afectada
Los hechos de violencia y el aumento de violaciones a los derechos humanos que se registran en el país, afectan principalmente a las comunidades campesinas, indígenas, afro, líderes y lideresas sociales y excombatientes de las FARC. Los recientes eventos ponen de manifiesto el riesgo en el que se encuentran los jóvenes, como principales víctimas de las masacres y la violencia.
Por otra parte, la población migrante y refugiada se ha visto gravemente afectada a causa de la pandemia por el Covid-19, ya que a causa de las medidas de aislamiento no han podido generar sus ingresos (generalmente vinculados a la informalidad) para garantizar la satisfacción de necesidades básicas como alojamiento y alimentación, a la vez que continúan haciéndole frente a la xenofobia que se ha aumentado progresivamente.
En lo que respecta al acceso a salud, pese a los diferentes esfuerzos que ha realizado el gobierno colombiano frente a diferentes alternativas que permitan la atención a toda la población migrante en urgencias sin importar el estatus migratorio y la promulgación de nuevos decretos por parte del Ministerio de Salud; aún se siguen presentando fallas y barreras que impiden el acceso de los migrantes al sistema. Según investigación realizada por Natalia Prieto de la Revista Semana, más de la mitad de los casi 1,8 millones de venezolanos radicados en el país se encuentran en condición irregular, lo cual no les permite vincularse a una EPS; sino porque incluso dentro los regulares las cifras de afiliación al sistema son muy bajas. De acuerdo con información de esa cartera, a la fecha se encuentra asegurado solo el 31,6 por ciento del total de los migrantes venezolanos portadores del Permiso Especial de Permanencia (PEP). Es decir, de los 687.332 venezolanos que cuentan con PEP, solo 217.751 están afiliados a una EPS: 115.326 en el régimen contributivo y 102.425 en el régimen subsidiado. El porcentaje es mucho más bajo si se evalúa a la luz del universo total de migrantes en el país.
Esta problemática ha podido evidenciarse en las atenciones que hace el SNPS/CC, se ha podido identificar en el contacto con los beneficiarios que los migrantes no conocen las rutas de atención y que la falta de orientación y documentación les impide gozar de tal derecho. A diario se requieren casos donde la principal problemática recae sobre esta situación, los menores son quienes representan el mayor riesgo.
En lo que respecta a educación, ha podido evidenciarse que por efectos de la pandemia COVID-19 aumentó la desescolarización de menores migrantes, la falta de estabilidad socioeconómica y sociodemográfica ha ampliado más la brecha. Pese a los esfuerzos aunados desde las diferentes organizaciones sociales y no gubernamentales se logra identificar un amplio porcentaje sin acceso a educación. Antes de la Pandemia de la Covid-19 muchos hogares de Migrantes y Refugiados, que tenían niños, niñas y jóvenes en edad escolar, manifestaron dificultades en: 1) acceso por la falta de cupos, 2) la falta de ingresos para cubrir los costos de (uniformes, traslados, útiles escolares), 3) el hecho de que varios menores entre 12 y 17 trabajasen para apoyar a sus familias y 4) la falta de documentación regular, que no es requisito para el ingreso a los colegios públicos pero en algunos casos es una barrera de acceso. En la actualidad y teniendo en cuenta las cuarentenas estrictas propuestas por el Gobierno Nacional en el marco de la Pandemia Covid-19, los niños, niñas y jóvenes que se encuentran matriculados tiene acceso a las clases y tareas en línea, la difícil situación económica actual que atraviesan las familias ha generado deserción escolar y bajo rendimiento en los estudiantes.
En este punto, es importante tener en cuenta que a pesar de que una forma de prevenir y contener el contagio del Covid-19 es evitar que niños, niñas vayan a guarderías, colegios; en Colombia esta medida supone varios desafíos. Uno de ellos es la falta de conexión a internet y dispositivos de la población migrante y refugiada, la exigencia de impresión de guías y tareas también ha generado costos que contribuyen a la deserción. Al respecto, recientemente la Corte Constitucional señaló que, aunque el Estado no está obligado a pagar la conectividad, sí debe poner en marcha un plan que aumente el cubrimiento y debe promover el uso de la tecnología en el sistema educativo. Además, indicó que mientras se amplía la cobertura de conectividad, el Estado debe ofrecer alternativas para garantizar la alfabetización digital.
A nivel psicosocial, desde la atención a casos, se sugiere el uso de técnicas de respiración para la regulación emocional personal y de los beneficiarios. Teniendo en cuenta las condiciones actuales y los impactos en la salud mental del aislamiento y la pandemia, se recomienda realizar una breve interrupción en las actividades para evitar el automatismo de las acciones y los pensamientos; buscar un espacio agradable, tranquilo y silencioso; respirar de forma sencilla y natural llevando la atención sobre el cuerpo. Al respirar es importante tomar conciencia sobre ello y repetir el ejercicio varias veces (se sugieren siete) de manera que se logre la reconexión y la consciencia de sí mismo.
