Población afectada
Las principales poblaciones afectadas que se identifican desde el SNPS-CC son los líderes y lideresas sociales y defensores y defensoras y derechos humanos en los territorios quienes siguen siendo amenazados y asesinados a medida que avanza la pandemia. Así mismo la violencia contra las mujeres ha aumentado y los pueblos indígenas se encuentran en una situación de desprotección frente al contagio según se ha podido presentar en los hechos de contexto.
Por otra parte, la población migrante y refugiada se encuentra en una situación particular de vulnerabilidad tanto a nivel socioeconómico como psicosocial. El acceso a derechos sigue siendo un tema central para la atención y acompañamiento, ya que se ven afectados por una combinación de causas, incluida la posibilidad de enfrentar incidentes violentos, obstáculos para acceder al nivel de vida mínimo, limitaciones en el acceso a los derechos de salud, alimentación y al mercado laboral. Desde la Fundación Panamericana para el Desarrollo y la Oficina de Población, Refugiados, y Migración del Departamento de Estado de los Estados Unidos se ha identificado que el acceso al mercado laboral es la necesidad prioritaria expresada por los migrantes y la regularización migratoria es la segunda necesidad prioritaria. Los riesgos asociados con la entrada irregular o la estadía irregular en Colombia incluyen estrategias de afrontamiento negativos graves.
A nivel psicosocial, desde el Programa de actividades a favor de refugiados, migrantes, apátridas y personas en necesidad de protección internacional del SNPS-CC se han identificado casos asociados a las dificultades de reunificación familiar por motivo del aislamiento extensivo. Algunas familias tienen miembros detenidos en otras ciudades y/o han presentado dificultades por la división familiar; especialmente con los menores de edad, por motivo de maltrato y seguridad alimentaria. La intervención psicosocial exige acciones conjuntas en casos de vulneración de derechos a la primera infancia. Los especialistas jurídicos y de protección establecen los enlaces con instituciones del Estado para garantizar el bien superior del menor y la acción psicosocial se enfoca en la toma de decisiones por parte de los padres: 1) priorizando el bienestar del niño y 2) desarticulando -prejuicios de creencia- elaborados frente a las instituciones para el cuidado de la primera infancia por parte del Estado. La comunicación interdisciplinar es clave para guiar el caso y orientar a los beneficiarios hacia un desenlace positivo.
