Llamado a gobiernos de América Latina a
promover desarrollo sustentable en la región
Con un llamado a los gobiernos de América Latina, a “elevarse al nivel de sus propios compromisos y trabajar para garantizar el libre ejercicio de las libertades de asociación, protesta pacífica y expresión, creando así un ambiente propicio para que la sociedad civil pueda hacer su contribución al buen gobierno y el desarrollo sostenible”, Margarita Domínguez, de Ovejas, Sucre, se dirigió a los más de 900 participantes -provenientes de cuatro continentes- en la Semana de la Sociedad Civil, realizada en Bogotá.
En el evento, el Secretariado Nacional de Pastoral Social, a través de su proyecto Fortalesciendo, posibilitó la presencia de cerca de 70 personas, la mayoría de los lugares más apartados en Colombia, quienes hicieron parte dinámica, en los diferentes conversatorios, conferencias y actividades desarrollados bajo el lema “Ciudadanía activa, acciones responsables”.
En su llamado en nombre de las organizaciones de la sociedad civil,Margarita Dominguez dijo: “El espacio cívico es el elemento vital de toda sociedad sana, ya que confiere a la ciudadanía la oportunidad de moldear las decisiones que afectan sus vidas. En años recientes, los gobiernos de la región han reconocido oficialmente el valor de la sociedad civil y el espacio cívico mediante su participación en una serie de declaraciones internacionales, iniciativas globales y emprendimientos conjuntos con organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, a pesar de estar protegidas por el derecho internacional, las libertades básicas esenciales para el mantenimiento del espacio cívico –las de asociación, protesta pacífica y expresión- sufren actualmente severas restricciones en numerosos países de la región, obstaculizando los esfuerzos dirigidos a construir sociedades más justas, inclusivas y pacíficas.
América Latina ha presenciado recientemente aumentos en el poder coercitivo del Estado impuestos con la excusa de mantener el orden público. En varios países se han aprobado o propuesto legislaciones que permitirían un manejo más autoritario de las protestas, y las manifestaciones públicas son frecuentemente reprimidas con violencia. Esta represión no siempre tiene lugar en la escena nacional o bajo los reflectores de los medios de comunicación internacionales, como sucedió con la represión que en 2014 dejó decenas de muertos en las calles de Caracas, Venezuela, o en el caso de los 43 estudiantes de magisterio rural en Ayotzinapa, México, que desaparecieron en camino a una protesta. En la mayoría de los casos la represión violenta ocurre en remotas localidades rurales y afecta desproporcionadamente a grupos vulnerables y marginados, como las mujeres, los jóvenes y las comunidades indígenas. Esto sucede en prácticamente todos los países de la región, y probablemente esté sucediendo en alguna parte en este preciso momento.
Las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión se están deteriorando por varias razones, entre ellas el aumento de la concentración de la propiedad de los medios y el conflicto desatado entre gobiernos y medios de comunicación críticos. La difamación sigue siendo un delito penal en la mayor parte de la región y ha resultado en el encarcelamiento de periodistas y activistas de la sociedad civil en más de veinte países en los últimos años. El acoso judicial y la violencia contra periodistas, organizaciones de la sociedad civil y activistas con un compromiso con la verdad constituyen también preocupaciones apremiantes. Decenas de periodistas fueron asesinados en la región durante 2015 por hacer su trabajo; Brasil, México, Colombia y Guatemala fueron, en ese orden, los países con mayor número de muertos.
Los obstáculos para el ejercicio de la libertad de asociación adoptan formas diversas, entre las que se cuentan las restricciones legales, la asfixia financiera, el control excesivo, las campañas de difamación, y el cierre forzado de OSC. Pero son los defensores y defensoras de derechos humanos quienes están siendo más fuertemente golpeados –literalmente, en sus propios cuerpos. Se los detiene y encarcela arbitrariamente, padecen intimidaciones y amenazas, y son cada vez más los que acaban siendo asesinados. Los peligros provienen de las acciones y la inacción de entidades tanto estatales como no estatales –y, con frecuencia cada vez mayor, de la red de complicidad que vincula a intereses empresariales (construidos en torno de actividades tanto legales como ilegales), elementos de las fuerzas de seguridad y autoridades locales. Tal como sucediera recientemente en Honduras en los casos de Berta Cáceres y su colega Nelson García, la mayor parte de los asesinatos de activistas de derechos humanos ocurre en el contexto de luchas por la tierra y el agua, y contra los avances de agresivos megaproyectos extractivos, agroindustriales o de construcción que hacen peligrar los medios de vida de las comunidades locales. De ahí que los activistas ambientalistas y los que abogan por el derecho a la tierra y los derechos de los pueblos indígenas sean blancos preferenciales. Esta situación es particularmente grave en Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Perú.
Las organizaciones internacionales y regionales de la sociedad civil que integramos el Comité Directivo de la Semana Internacional de la Sociedad Civil 2016 condenamos enérgicamente estos actos de persecución y asesinatos, y demandamos justicia para todos los activistas de la sociedad civil asesinados, presos, así como los que sufren amenazas y persecución. Instamos a los gobiernos a asegurar las condiciones para que las instituciones judiciales y de derechos humanos de sus respectivos países puedan llevar a cabo investigaciones rápidas e imparciales sin temor a represalias. Recomendamos el establecimiento y la cuidadosa implementación de medidas preventivas y fuertes compromisos de investigación que integren un sistema de protección específicamente equipado para resguardar a los defensores de derechos humanos y comunicadores sociales, abordando también las amenazas específicas que por razones de género, de orientación sexual y de identidad de género enfrentan las defensoras mujeres y los activistas LGBTI. Asimismo, los instamos a adoptar leyes y políticas que permitan una mayor participación de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones.
En suma, hacemos un llamado a los gobiernos de la región a elevarse al nivel de sus propios compromisos y trabajar para garantizar el libre ejercicio de las libertades de asociación, protesta pacífica y expresión, creando así un ambiente propicio para que la sociedad civil pueda hacer su contribución al buen gobierno y el desarrollo sostenible”.
La señora Domínguez, cuya historia de vida revela maltrato infantil, falta de oportunidades educativas, sometimiento a esclavitud laboral y abuso por parte de su pareja, es ejemplarizante por la forma como a partir del reconocimiento de su dignidad humana superó los traumas que le dejaron esas situaciones, y hoy en día es lideresa en su comunidad trabajando en favor del respeto y la educación a niños, jóvenes y mujeres.
